Suma de poder absoluto. Eso es lo que tienen los interventores del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) para disponer de los recursos del gremio, para aprovechar sus contactos para beneficio personal y para liquidar, también, los derechos laborales y el patrimonio de los afiliados.

En esta ocasión, fueron los marineros de San Fernando quienes denuncian que Ignacio Mussi, interventor de esa seccional puesto en funciones por Gladys Gonzalez en marzo de 2016 junto a Facundo Ramírez, embarcó en el buque B/M IRIS propiedad de la empresa Arenera Ferrando.

Los afiliados señalaron a este portal desconocer si Mussi está cobrando por la “labor” que cumple, o si fue dado de alta en la AFIP para dicho propósito con el seguro correspondiente.

Arenera Ferrando es parte de un núcleo de empresas areneras entre las que también se encuentran Puerto Nuevo, Naviera Río Guazu y Arenera Vendaval, sobre las cuales ya recayeron denuncias de los afiliados porque se le otorgaron prerrogativas que atentaban contra los derechos y los beneficios laborales de la actividad. Entre ellas, la de permitirles encarar una abultada deuda de aportes con el gremio y la obra social.

Mussi y Ramirez ya le aprobaron a las firmas que bajen tripulación del SOMU, salir a navegar con una sola guardia y haber tenido sin guardia de seguridad por varios meses en un astillero en tigre.

Los trabajadores explicaron que el grupo empresario arbitrariamente acondiciona sus tripulaciones a diferentes firmas, cambiándolos de buques y razón social, en perjuicio de los afiliados que están esperando trabajo en la bolsa laboral de la secciónal. Esa maniobra, ilegal, no era permitida por la organización sindical cuando estaba en manos de los trabajadores.

Según las estimaciones de los obreros, hay marineros, cocineros y auxiliares de máquina que hace un año no pueden tener un embarque por los manejos empresariales que se diagraman con la complicidad de la intervención.

Por último los afiliados denunciantes también afirman que años anteriores se cobraba un bono navideño igual al de los sindicatos de la actividad en el mes de noviembre, y desde que está intervenido el SOMU ese monto se convirtió en el 50% de lo pautado por otras entidades gremiales. Esa decisión genera un doble juego: por un lado perjudica a los trabajadores y por otro beneficia a la Cámara de Arena y Piedra, cuyo presidente es un allegado a Gladys Gonzalez en la localidad de Avellaneda y, según diversas versiones, son aportantes a la campaña del PRO.