El viernes 11 de mayo, en el clímax de la crisis cambiaria, Mauricio Macri recibió a 10 representantes de las empresas más poderosas del país. Apoyaron casi sin fisuras en público y con algunos cuestionamientos en privado la negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Ese mismo día, en el ministerio de Trabajo rechazaban de manera tajante cualquier posibilidad de que el Presidente convocara a una reunión análoga con representantes del mundo sindical. Cinco días después, la estrategia oficial giró 180 grados y el ministro Jorge Triaca trabaja por estas horas en una cumbre entre gremialistas y el Jefe de Estado. Pretende concretarla dentro de los próximos 10 días, antes del inicio de la Conferencia anual de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en Ginebra adonde peregrinarán desde el 28 de mayo hasta el 8 de junio buena parte de los sindicalistas.

“El cambio de estrategia se debe a la voluntad del Presidente”, explicaron en el Gabinete. En efecto, fue Macri quien señaló al pasar durante la conferencia de prensa que brindó el miércoles en Olivos que los sindicalistas serían convocados a una reunión. “Van a estar todos convocados entendiendo que ellos también son responsables de sentarse sobre la mesa y trabajar para lograr el equilibrio en la Argentina. Tenemos que equilibrar las cuentas públicas y la CGT debería participar responsablemente en ese debate”, señaló el Presidente.

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Si hasta hace una semana, en el Gobierno justificaban la no convocatoria al sindicalismo para una reunión con Macri por la divisón que atraviesa a la CGT, ahora esgrimen el mismo argumento, pero al revés. “El orden está alterado. Están en campaña entre ellos y por eso muchos se radicalizan. Queremos formar una mesa representativa para sentarnos a hablar. A ellos les serviría para mostrar unidad”, afirman los laderos del ministro de Trabajo.

El temario, al menos desde el lado del Gobierno, está definido. En primer lugar, buscan despejar las dudas sobre los condicionamientos del FMI para un crédito stand by. "El Fondo jamás nos planteó leyes laborales”, afirmó con tono enérgico el Presidente.

El segundo eje son los proyectos de leyes laborales que están en el Congreso: blanqueo, el que más interesa al Gobierno; capacitación; ley de accidentes trabajo y la creación de la Agencia Técnica de Salud, un pedido expreso de la CGT.

En tercer lugar aparecen la discusión por tarifas, que generó una hemorragia que no cierra en la imagen presidencial. Los gremios vinculados a la Energía -reconocen en Trabajo- son algunos los más duros, en esta cuestión. En cambio, en el Interior -como los gobernadores- señalan al área metropolitana.

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Por último, la cuestión más espinosa: inflación y paritarias. El Gobierno por ahora insiste con las clausulas de revisión, que ya están firmadas y, para adelante, recuerda que los acuerdos no son en su mayoría de enero a diciembre sino de abril a abril, por ejemplo; un argumento que les permite esgrimir que se pagará con las cláusulas gatillo firmadas en 2017 la inflación del primer cuatrimestre y proyectar precios en baja para 2019. Los sindicalistas más combativos ya les bajaron el pulgar. “Los que ya firmaron por el 15% no los van a bancar. La gente los va a quemar”, dice uno de ellos sobre la eventual presión de las bases.

Sobre todas las cosas, lo que el Gobierno quiere es enviar una nueva señal, como las que se repitieron desde el inicio de la crisis: fotos con gobernadores -ya van 9- senadores y empresarios. Saben que para seducir al sindicalismo no alcanza con mero voluntarismo. Por eso analizan, suspender por tres meses el subsidio de mitigación de asimetrías (SUMA) y destinar esos fondos al Sistema Único de Reintegros (SUR) para beneficiar a las obras sociales sindicales.

Los intereses del Gobierno y de parte del sindicalismo acaso converjan en el PAMI. Para el Gobierno, transferir a las obras sociales miles de los 5 millones de afiliados serviría para “eficientizar” la cobertura médica más grande del país y bajar el déficit. “Está muy verde”, matizan en la obra social de jubilados.

“No podés dar una apoyo general si nada cambia. Ayudar hay que ayudar, pero no vamos a entregar”, señala una voz con predicamento e influencia en la CGT.

El ministro de Trabajo junto a sindicalistas en Europa, en marzo pasado.

El lunes, la mesa chica de la central obrera -que ya está al tanto de la convocatoria- analizará la situación. “Están apurados. En una semana parece que se quieren abrir lo que se cerraron durante meses. Están asustados”, diagnosticaron allegados a Luis Barrionuevo, de relación sinuosa con la Casa Rosada. El líder gastronómico -en público- al menos, terció para reclamar a los más duros, como Camioneros, que "no tiren más nafta al fuego" y elogió a Triaca. "Está tratando de articular todos los esfuerzos para que se pueda confluir en un gran acuerdo con el movimiento obrero y la CGT", dijo a Continental.

Cerca del ministro y en la Casa Rosada destacaron que la intención no es volver a institucionalizar una mesa de negociación colectiva. "Seguiremos haciéndolo sector por sector", dijeron.

El miércoles, el Presidente, envalentonado, sugirió que también convocaría a las organizaciones sociales. En el ministerio de Desarrollo, sin embargo, confirmaron que por ahora no hay nada.