Ese porcentaje es ínfimo frente a las tremendas utilidades que tienen los laboratorios, y que muy pocos, o casi nadie, conocen y se animan a denunciar.

En el 2004, para completar una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo (Néstor Kirchner) por violación de la Constitución y de la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia, tomé contacto con el doctor Eduardo Cocca, quien investigó con un grupo de alumnos las desmesuradas ganancias de los laboratorios. Fue dejado cesante y ganó el juicio.

El doctor Cocca me facilitó una síntesis del trabajo realizado. Acreditaban que, considerando el costo por kilo de la droga empleada en cada medicamento, y dividiéndola por la cantidad utilizada en cada caja de venta al público, incluidos  gastos de envasado, impuestos y demás, los medicamentos se vendían con ganancias que oscilaban entre el 1.054% (Aciclovir) al 33.130% (Omeprazol). Remedios utilizados como ansiolíticos y antidepresivos tenían márgenes que fluctuaban entre el 3.000% y el 20.000%.

El 50% de los 48 remedios analizados tenían una ganancia entre el 1.500% y el 8.000%, graficando las siderales utilidades de los laboratorios, tanto extranjeros como argentinos. Había cerca de 300 laboratorios. Hoy, por fusiones, quedan menos de la mitad. 

Resulta difícil demostrar cuánto ganan los laboratorios que fabrican  remedios para tratar enfermedades como hemofilia. Cada ampolla sale $45.000 y hay enfermos que necesitan hasta 3 por día (casi $150.000); oncológicos, y aún los denominados de baja incidencia en la población, pero con un costo elevado, como son leucemias, HIV, fibrosis pulmonar, hepatitis C, y otras. Cada ampolla le cuesta a la obra social o al enfermo, alrededor de $150.000.  

Estudios recientes acreditan que la gran mayoría, por no decir la totalidad de los remedios, en Argentina son entre 5 y 10 veces más caros que en España, Gran Bretaña, Estados Unidos. Con otros países la diferencia es mayor. ¿Ningún organismo del Estado controla esas utilidades?

El precio de los médicamente afecta a toda la población, y a las obras sociales que deben afrontar esos montos para atender a sus afiliados.

Si una obra social chica debe atender 5 pacientes con las enfermedades descriptas, la funden.

Al PAMI, la más grande del país, con la casi totalidad de afiliados adultos mayores, le genera un grave problema financiero que se refleja en el resto de las prestaciones.

Mientras la inflación en los últimos 5 años ha sido del 25% promedio, hay medicamentos que en ese período aumentaron entre el 600% y el 800%.

Medicamentos le costó la presidencia al doctor Arturo Illia. Había enviado al Congreso  la famosa Ley Oñativia.

El gobierno tenía una herramienta para utilizar frente a estas ganancias desorbitantes, y contra la inflación, atacando a los deformadores de precios.

Era la ley 25.156 de Defensa de la Competencia, que fuera sancionada en agosto de 1999.  Fue reglamentada en 2001, hace 16 años.

Desde entonces, ningún gobierno la aplicó. No se constituyó el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, órgano autárquico, integrado por 7 miembros, con grandes conocimientos, antecedentes e idoneidad; designados por concurso público por un jurado integrado por calificados miembros. 

Continúa existiendo la Comisión de la derogada ley 22.262, dirigida por un funcionario político elegido por el Poder Ejecutivo. El 7 de abril del 2004 demandamos su aplicación. Años por la Justicia Nacional, con sentencias favorables de primera y segunda instancia, y de la Corte Suprema de Justicia. Desde el 2008 está a decisión de la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos.

La ley 25.156, que tuviera como precedente la Ley Sherman de Estados Unidos, prohíbe y sanciona "los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general". 

Comprende la obtención de ventajas competitivas. Prohíbe fijar, concertar o manipular el precio de venta, o compra de bienes y servicios; intercambiar información; repartir zonas, mercados, clientes; concertar en licitaciones; impedir, dificultar o regular la entrada o permanencia en un mercado;  subordinar la venta de un bien a la adquisición de otro; imponer condiciones discriminatorias; enajenar bienes por debajo de su costo para desplazar la competencia; suspender la prestación de un servicio monopólico a un prestatario de servicios públicos o de interés general, etc., etc.

No fue aplicada por presiones de los grandes monopolios (poder de venta), los monopsonios (poder de compra), oligopolios (acuerdos) y otras actividades económicas que perjudican al interés general. 

Mientras en Mendoza y Río Negro se tiran frutas y verduras, en las grandes cadenas las pagamos a valor dólar. Los productores venden la papa a $80 la bolsa de 40 kgs ($2 el kilo), y la gente debe pagar $20 a $30 por kilo (diez veces más). Duraznos y otros quedan en las plantas. 

Atentan contra el bienestar general. 

La ley no fue utilizada por los gobiernos para combatir la inflación y penalizar a los deformadores de precios. No es una ley contra el mercado, sino ordenadora del mismo, preservando el interés de la población. Permite ganancias razonables, no desmedidas o abusivas.

Recientemente fue reemplazada por la Ley 27.442, que le introdujo varias modificaciones. Esperamos que su aplicación evite abusos de posición dominante, prácticas monopólicas y distorsivas de los precios, que ayudan a incrementar la inflación y deteriorar el poder adquisitivo de nuestros depreciados ingresos.