En las últimas semanas se han escrito centenares de notas acerca del peso de los impuestos sobre las empresas. Es por ello que, en lugar de ahondar en dicho diagnóstico, ya conocido y repetido en muchas oportunidades, nos referiremos a las medidas concretas que, reforma tributaria mediante, podrían ayudar a alivianar en algunos puntos la presión impositiva de las compañías en nuestro país.
Uno de ellos es el mecanismo de ajuste de los balances de las empresas por inflación. Hoy no está permitido y ocasiona que muchas empresas terminen ingresando impuesto a las Ganancias sobre utilidades ficticias.
En la misma línea, el primer anticipo que representa el 25% del monto total abonado, el período anterior también produce un problema financiero porque al tener que abonarlo de una sola vez y en forma coincidente con el saldo de la declaración jurada anual, hace que durante esos meses toda la rentabilidad de la empresa se vuelque en los impuestos. Lo razonable sería que se volviera a los anticipos iguales y por el 9% del impuesto.
Impuesto al débito y crédito: si bien se evalúan cambios, por los cuales en los pagos que se realicen a AFIP este impuesto ya no se cobraría y en utilización de medios electrónicos para pagos como las aplicaciones móviles se estaría exento de este impuesto, habría que analizar que, de renovar su vigencia, debería poder utilizarse en forma total como crédito para el pago de distintos impuestos.
En el caso del impuesto a las Ganancias para profesionales independientes, resulta necesario igualar la deducción especial a un empleado en relación de dependencia para lograr una mayor equidad, dado que hoy el profesional independiente con el mismo nivel de ingresos termina pagando un mayor impuesto. Actualmente dicha deducción es de $ 51.957 para el trabajador independiente y $ 249.441,60 para los que están en relación de dependencia.
Ley de microempleadores con beneficio de reducción de contribuciones patronales: los valores de facturación han quedado sin cambios desde el 2014, por lo cual las empresas ya no pueden gozar del beneficio y por ello se crean menos puestos de trabajo. Además, debiera prorrogarse porque la vigencia actual es hasta el 31 de julio.
El impuesto a los ingresos brutos debiera ser único y se debería simplificar la cantidad de regímenes de recaudación provinciales que hacen más complejos los negocios a nivel país y terminan erosionando la rentabilidad de las empresas. Deberían, también, simplificarse los mecanismos de recupero de saldo a favor que terminan siendo una misión imposible en la mayoría de los fiscos provinciales.
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