En una reunión cargada de tensiones, críticas opositoras y hasta discusiones subidas de tono entre integrantes del bloque kirchnerista, el oficialismo impulsó ayer dictamen favorable al proyecto de ley para modificar el régimen de accidentes de trabajo y dejó todo listo para convertir el texto en ley el próximo miércoles 24. Fue al cabo del debate en la comisión de Relaciones del Trabajo, adonde se presentó el ministro Carlos Tomada para defender la iniciativa de la Casa Rosada.

A tal punto llegaron los cruces que uno de los más enfáticos críticos de la iniciativa fue un integrante del bloque kirchnerista: Facundo Moyano. El diputado de extracción sindical se cruzó muy fuerte con algunos de sus compañeros de bancada (de lo que se informa aparte) y aseveró que rechazará el proyecto porque “perjudica a los trabajadores”. Incluso el titular de la comisión, Héctor Recalde, anunció que presentará un proyecto propio. A la par, integrantes de la oposición advirtieron que el texto puede ser declarado inconstitucional por la Corte Suprema.

Para el diputado por la UCR Ricardo Alfonsín, el proyecto “es más perjudicial que el de la década del ‘90” porque “está concebido según la misma filosofía pro mercado y neoliberal que inspiró la privatización de las jubilaciones y las leyes de flexibilización laboral”. Por eso, chicaneó: “El Gobierno, de progresista, sólo conserva el relato”.

En la misma línea, el diputado Víctor De Genaro, del Frente Amplio Progresista (FAP) tildó de “retrógrada” a la iniciativa –que ya recibió media sanción en el Senado– y sostuvo que “implica que los diputados de hoy voten lo que aprobaron los diputados de los ’90”. Además, planteó que “esta ley es la consagración de un sistema que renuncia a la Seguridad Social, a resolver el problema de los trabajadores y a la prevención”.

Al respecto, Graciela Camaño (Frente Peronista) resaltó que la Corte “ratifica el criterio de reparación plena y acumulación resarcitoria” porque “los daños son daños”. Ese argumento lo reforzó la frenteamplista Margarita Stolbizer al afirmar que el artículo cuarto del proyecto que establece la opción entre el resarcimiento o la vía judicial “es extorsivo” y que es “un retroceso gravísimo”.

Tomada, acompañado del superintendente de Riesgos del Trabajo, Juan González Gaviola, defendió enfáticamente el proyecto. El ministro fundamentó los cambios en la norma por entender que la actual ley “no tiene carácter de reparación integral y discrimina al trabajador (accidentado)” y destacó que la modificación propuesta “actualiza el resarcimiento cada seis meses”.

Tras su exposición pasaron a la firma varios dictámenes: uno de mayoría, que obtuvo 60 firmas del kirchnerismo y aliados; otro del también oficialista Recalde, crítico de la iniciativa oficial; y uno de Margarita Stolbizer, apoyado por el FAP.