El programa de austeridad arrasó con la obra pública. Durante 2018 el gasto de capital se contrajo 5,7 por ciento. Fueron 11.414 millones de pesos menos que los invertidos el año anterior. El recorte implementado para acceder al financiamiento del FMI está expresado en términos nominales por lo que no dimensiona el efecto de la aceleración inflacionaria sobre el poder de compra de esos recursos. Un informe elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) muestra que las transferencias para gastos de capital realizadas a las provincias cayeron 28,3 por ciento. Las jurisdicciones más afectadas por el retaceo de la inversión estatal fueron San Luis y Misiones, con ajustes del 45,5 y 32,2 por ciento, respectivamente. 

El ajuste supervisado por el Palacio de Hacienda se apalancó además en la modificación de la fórmula de actualización de las jubilaciones, la escasa paritaria estatal y los aumentos de tarifas. La celebrada reducción del gasto público estuvo acompañada por el crecimiento de los recursos destinados al pago de intereses de la deuda. Escalaron 70,4 por ciento durante 2018 y se convirtieron en el rubro más dinámico de todo el sector público. El acelerado incremento experimentado a lo largo del año pasado consolidó a los intereses como el segundo ítem más importante del gasto detrás de las prestaciones de la seguridad social. 

Los intereses de la deuda consumieron así 13 de cada 100 pesos del gasto corriente. El peso de los servicios financieros duplica el exhibido al finalizar 2015. Tres años atrás, los intereses insumían 6,5 de cada 100 pesos del gasto. Un informe elaborado por el Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala estimó que cuando comenzó la gestión de Cambiemos, el gobierno enfrentaba vencimientos de capital e intereses en moneda extranjera por un total de 52.500 millones de dólares que se distribuían a lo largo de los cuatro años del mandato. La mochila que recibirá el próximo presidente será tres veces más pesada: las obligaciones totales suman 149.000 millones de dólares. “La herencia macrista no sólo deja una economía sumamente deteriorada sino además una abultada deuda que va a comprometer seriamente los recursos y el crecimiento del país”, sostiene el último informe del Observatorio de la Deuda del ITE.

El acuerdo Stand-By con el FMI tiene como objetivo asegurar el pago de esos vencimientos. El programa exige profundizar el ajuste en el gasto observado el año pasado para alcanzar el déficit cero. Para asegurarse que el país no se desvíe del sendero comprometido este lunes llegará una nueva misión del organismo multilateral al país. Entre los “logros” que podrá exhibir el gobierno para habilitar el próximo desembolso por más de 10.000 millones de dólares figura el recorte en la obra pública.  

La inversión en infraestructura energética se contrajo 41,6 por ciento a lo largo del año pasado. El financiamiento en infraestructura educativa cayó, por su parte, un 34,3 por ciento. La caída estuvo arrastrada por el retaceo de fondos para el programa de fortalecimiento edilicio de jardines infantiles y la eliminación del plan Nación al de educación digital (ex Conectar Igualdad). Las obras viales ofrendaron en 2018 un ahorro del 20,9 por ciento. La caída en los desembolsos destinados al transporte ferroviario fue de 1,1 por ciento. Si bien se achicó la inversión en los ramales metropolitanos, se registró un aumento por encima de la inflación del fondeo destinado a las obras para recuperar el Belgrano Cargas. El fondeo para los proyectos de vivienda y urbanismo mostraron una mejora del 56 por ciento y las obras de agua y saneamiento marcaron un aumento del 7,8 por ciento.  

El informe elaborado por los técnicos de ASAP indica que las transferencias destinadas al financiamiento de inversiones de capital para empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado mostraron una caída del 28 por ciento en doce meses de 2018. En términos regionales, detrás de las caídas experimentadas por San Luis y Misiones se ubicaron: Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Buenos Aires y Jujuy. Las cuatro jurisdicciones experimentaron recortes en el fondeo nacional para obras entre 23 y 27 por ciento.