Metrodelegados denuncian al gobierno PRO en la OIT

Metrodelegados denuncian al gobierno PRO en la OIT
Acusarán al macrismo de incumplir tres de los convenios que firmó la Argentina y de llevar a cabo un proceso para liquidar al gremio.

Claudio Mardones

El conflicto salarial que desembocó en el paro de subtes más largo que vivió la ciudad hará escala a partir de la semana próxima en Ginebra, la capital suiza, por decisión de los metrodelegados, que esta tarde denunciarán al gobierno porteño ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por violar, al menos, tres de los convenios fundamentales que rubricó la Argentina para respetar los derechos laborales consagrados por la legislación internacional.

En la denuncia, que será entregada mañana a las 16:30, en la sede porteña de la OIT de Córdoba 950, los abogados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) denunciarán ante el Comité de Libertad Sindical del organismo integrante de Naciones Unidas, que la gestión de Mauricio Macri "lleva adelante un proceso de liquidación económica y jurídica contra el sindicato, desde que intervino la Subsecretaría de Trabajo porteña", explicó a Tiempo Argentino Luis Ramírez, representante legal del sindicato, que en 2008 fue reconocido por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Hasta que estalló el paro que duró 10 días y 11 noches a partir del 3 de agosto, el área laboral porteña nunca fue parte de la paritaria del subte, hasta que intervino la jueza porteña Patricia López Vergara y obligó al gobierno PRO a hacerse cargo de su rol de "policía del trabajo" y de "administración laboral, tal como establecen los artículos 43 y 44 de la constitución porteña. La magistrada, a cargo del juzgado contencioso y administrativo Nº 6, actuó como tribunal laboral, ante la ausencia de estrados porteños en la materia, y obligó al gobierno PRO a meterse por primera vez en cinco años en una paritaria.

Por decisión de Macri, la Ciudad acató el fallo y abrió las puertas de su Subsecretaría del Trabajo. La repartición, conducida por Ezequiel Sabor, dictó la conciliación obligatoria para los sindicatos y Metrovías en el primer día de su intervención y al día siguiente castigó con una multa de 4,93 millones a los metrodelegados, por negarse a cumplir la conciliación. Esa ofensiva laboral fue acompañada por una investigación penal que abrió el Ministerio Público Fiscal porteño a partir de una presentación de Metrovías, que los denunció por violar el artículo 69 del Código Contravencional de la Ciudad, que castiga con multas o días de prisión, a quien "afecta intencionalmente el funcionamiento de los servicios públicos", entre ellos el transporte.

Los abogados sindicales anticiparon que la OIT no considera al subte como un "servicio esencial", y sostuvieron que la subsecretaría porteña no puede intervenir en la paritaria, porque "la Ciudad es parte interesada, porque maneja a la empresa estatal SBASE, y a la vez dicta una conciliación para beneficiarse". Con ese argumento, el sindicato sostendrá que la cartera de Sabor "aplicó una multa desmesurada que encubre el deseo de liquidar a este sindicato, porque no nos dieron derecho a descargo ni defensa, y luego nos llenaron de denuncias penales que buscan aniquilar nuestro sindicato", explicó Ramírez. Con esas pruebas los metrodelegados sostendrán el incumplimiento de los convenios 87, 98 y 153 y llevarán al gobierno PRO a la ONU, donde los funcionarios ya fueron advertidos durante el año pasado, por no respetar las medidas de fuerza que impulsaron los trabajadores del Teatro Colón. «

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