Desde que se hicieron las primeras denuncias en España, el tema ganó notoriedad, y se volvió parte de la agenda gremial y sanitaria del sector. La presencia de piezas con asbesto en el subte de la Ciudad de Buenos Aires fue alertada por los metrodelegados, que desde un primer momento se pusieron al frente de la lucha para que la empresa concesionaria del servicio y el gobierno porteño tenga un plan para retirar este material, calificado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Dos años después, un fallo judicial no sólo le dio la razón a la organización gremial, sino que confirma el peligro al que están expuestos trabajadores y usuarios. Esta semana, la jueza Elena Liberatori hizo lugar al amparo presentado por la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP) y ordenó tomar muestras de piezas y materiales para determinar si hay presencia de asbesto o amiento.

Además, pidió que se elabore una lista de los empleados de todas las líneas de subte que hayan tomado contacto con esas piezas en los últimos 40 años. La dirigencia sindical se mostró satisfecha por la medida, que prohíbe la manipulación de este material por parte de los trabajadores, y remarcaron que la misma incluye duras críticas al manejo de la situación por parte de las empresas. “Hay asbesto en todo el subte”, ratificaron desde la secretaria de Salud Laboral.

El fallo de la jueza porteña empieza a cerrar el escándalo desatado por la presencia de asbesto en el subte, ya que ordena un análisis exhaustivo, tanto a Metrovías como a la firma estatal SBASE. Liberatori hizo lugar al amparo presentado por AGTSyP y dispuso una serie de medidas respecto de las denuncias que viene haciendo el gremio. En primer lugar, dispuso la prohibición de la “manipulación o contacto con piezas, materiales, componentes o lugares con asbesto, sean previamente así determinados o con sospechas de serlo”.

Además, en el fallo, al que tuvo acceso Gestión Sindical, la jueza dispuso que “en el plazo perentorio de 10 días hábiles, la toma de muestras de piezas, materiales o componentes sospechados de asbesto, de las flotas Nagoya 300, 1200 y 5000, CAF 6000, CNR Almston, Fiat, General Electric, Siemmens, La Brugeoise y Materfer (Premetro)”.

Las mismas deben guardar la denominada “cadena de custodia”, igual que se hizo con las piezas estudiadas de la flota CAF-5000 –la cual fue comprada el Metro de Madrid y que fue la primera en ser denunciada por los metrodelegados –y la Mitsubishi. Además, se dispusieron pruebas en las llamas “instalaciones fijas”, que según el fallo son “elementos que no solo atañen a los trabajadores sino también al colectivo de usuarios”.

Desde la secretaría de Salud Laboral del gremio confirmaron que los análisis involucran a todas las flotas que prestan servicio. “La justicia determinó que deben estudiarse todas las formaciones que son parte hoy del subte, de todas las líneas”, le dijo a Gestión Sindical Francisco Ledesma, titular de esa secretaría. Además, remarcó que las instalaciones fijas deberán ser revisadas, es decir, “escaleras mecánicas, cables de alta tensión y señales que corren en paralelo a las vías”. La magnitud de los estudios a realizar habla de la cantidad de asbesto que hay en los túneles que forman el subte hoy.

“Hay asbesto en estado de descomposición en todas las instalaciones, en todas las formaciones y los sectores”, sostuvo Ledesma. Además, el fallo determinó que tanto Metrovías como SBASE deberán entregar en 10 días hábiles un listado de “trabajadores que han desempeñado tareas en el ámbito del subte, en el período de 40 años previos a la promoción de la demanda”. La misma debe tener “la ‘hoja de ruta laboral’ (lugares, secciones o funciones desarrolladas), incluyendo los actuales y los que por cualquier causa hayan cesado, indicando en su caso fecha y causa de baja y último domicilio registrado, todo bajo apercibimiento de astreintes”. Según el cálculo que hizo Ledesma, este listado debería contemplar un número de 4.100 empleados y ex empleados”. “Si deciden incluir a personal administrativo, supervisores y gerentes, la cuenta sube a 5.300”, remarcó el dirigente sindical.

En medio de las denuncias, los metrodelegados lograron que muchos de los trabajadores sospechados de estar en contacto con el material se hicieran estudiosen el Hospital Británico, cuyos resultados generaron alarma. “Lamentablemente hasta ahora dieron cinco casos de patologías con base en el asbesto, y hay varios casos más que se están analizando”, recordó en agosto del año pasado Ledesma. Al menos tres de los empleados tienen engrosamiento de pleura, un mal que suele generarse por estar en contacto con el polvo de asbesto. Según la Asociación de Afectados por Amianto de España establece que “el engrosamiento pleural de zonas focales por tejidos fibrosos es parte de un grupo de patologías dentro de los cuales pueden observarse fibras de amianto mediante el microscopio electrónico”. En general, se agregó, “las placas no producen dificultades respiratorias” pero son una prueba de la exposición al amianto.

Esta medida podría tener algún tipo de impacto en la operatividad del subte. Ya en el pasado esto sucedió, ya que cuando se retiraron formaciones de la línea B, el servicio estuvo a punto de colapsar, ya que los vagones no podrían ser ubicados en los estacionamientos disponibles. En este caso, también podría afectar las habituales tareas de los empleados, que no puedan ir a sus puestos de trabajo por estar sospechados de estar contaminados.

En ese caso, la jueza porteña resguardo “el derecho al trabajo”, y estableció que “todos aquellos trabajadores comprendidos en la acción que deban ser reubicados con motivo de la determinación de alguna afectación derivada de la contaminación con asbesto, o deban quedar en situación de abstención de tareas, de manera que no se cumplan a su respecto períodos de caducidad de este derecho o de cualquier modo se altere la situación de empleo de los mismos”.

Por último, el fallo judicial hace una fuerte crítica a Metrovías y SBASE. La empresa estatal admitió durante el proceso no haber leído los manuales de los vagones comprados a España, donde se confirmaba la presencia de asbesto. Por eso, Liberatori concluye que “las argumentaciones o justificaciones del funcionario evidencian la escasa o ninguna sensibilidad en materia ambiente y por cierto un absoluto desconocimiento técnico de las consecuencias que a la vista están”.