Los metrodelegados, a punto de reemplazar a la UTA

Los metrodelegados, a punto de reemplazar a la UTA

La Agtsyp está cerca de conseguir la personería para representar a los trabajadores del subte. La histórica UTA, por su parte, podría acudir a la Justicia para intentar no perder sus privilegios.

Durante el transcurso del mes de julio próximo, los trabajadores de los subterráneos de Buenos Aires nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp) serán convocados por el Ministerio de Trabajo para una “audiencia de compulsa”. En ella deberán demostrar que la cantidad de afiliados cotizantes de su organización supera en un 10 por ciento a la de su antiguo gremio-madre, la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), que hoy por hoy posee la personería gremial para representar a los trabajadores del riel.

Hasta hace pocos días estaba previsto que la audiencia se realizara el 3 de julio, pero a causa de los turnos disponibles en la cartera laboral se postergó por unos días. El trámite legal estipula que, una vez presentada la lista de afiliados de la Agtsyp, la UTA contará con 20 días para contestar la petición de los metrodelegados. Luego, una vez recibida su respuesta, el Ministerio le dará vista a los directivos de la Agtsyp, que tendrán a su vez un plazo de cinco días para argumentar.

Terminada esta instancia, si los directivos de la Agtsyp demuestran que poseen un 10 por ciento más de afiliados que UTA, el Ministerio de Trabajo procederá a quitarle la personería gremial a esta última organización sindical y se la otorgará a los metrodelegados.

Los números que no mienten

Los trabajadores que brindan el servicio del subterráneo, que dependen de la empresa concesionaria Metrovías, suman 3.200, de los cuales –según fuentes de la Agtsyp– hace seis meses unos 1.800 estaban afiliados a esta última organización, que hoy superó la cifra de 2.000 afiliados. La diferencia entre ambas fechas viene a cuento porque el Ministerio de Trabajo tomará en cuenta la cantidad de afiliados a enero de este año. Según los propios metrodelegados, UTA tiene algo menos de mil afiliados, con lo que la suerte ya estaría echada y solo faltaría la decisión del Ministerio de Trabajo, que ratificaría esta instancia.

Si la resolución de esta controversia fuera por vía administrativa –es decir, si se dirimiera en la sede ministerial–, en poco más de un mes el tema estaría resuelto, pero los metrodelegados están seguros de que UTA va a llevar el conflicto a la Justicia, por lo que el plazo final se extenderá por un tiempo imposible de mensurar. De todos modos, según Roberto Pianelli, secretario general de la Agtsyp, “se puede demorar el trámite, pero no podrá ser frenado”.

Los interesados en que este plazo sea el mayor posible son la propia UTA y el Gobierno porteño, que prefiere negociar los temas referentes a la prestación del servicio con este gremio del otro lado de la mesa, antes que lidiar con los combativos delegados de la Asociación Gremial, surgidos al calor de las luchas de la década del 90. La tercera pata de la mesa –la cuarta son los propios metrodelegados– es la empresa concesionaria, Metrovías, que negocia salarios y condiciones de trabajo de manera más confortable con el sindicato conducido por Roberto Fernández. Es que cuando la Agtsyp obtenga la personería definitiva, la paritaria –que hoy negocian ellos mismos, pero firma la UTA, por ser el sindicato que tiene personería jurídica– tendrá una sola vía, si cabe la expresión.

Lo mismo, hay otras razones que motivarán a la UTA a extender el conflicto en el tiempo. La más importante es, indudablemente, el costo político que pagará su dirección por perder un importante volumen de afiliados, aunque el costo mayor será económico. Mensualmente ingresan en las arcas sindicales 600 mil pesos en concepto de cuota sindical, a lo que hay que adicionarle otra suma, esta anual, que equivale al precio de cinco millones de pasajes –es decir, 25 millones de pesos– en concepto de capacitación del personal.

En resumidas cuentas, por ahora la Agtsyp seguirá funcionando bajo las normas de la “simple inscripción”, que autoriza a un sindicato que aún no es tal a recaudar una cuota social por parte de sus afiliados y a prestarles servicios de obra social y de turismo. Luego, después del proceso descripto en párrafos anteriores, cuando cumpla el requisito de ser la institución sindical más representativa en el sector del subterráneo, le será otorgada la personería gremial y se convertirá en una organización de primer grado, con plenos derechos.

Un largo y tortuoso camino

En la oscuridad de los túneles comenzó a forjarse el camino que culminó con la actual organización sindical de los trabajadores de subterráneos.

De todos modos, ya en la década del 70 comenzaron a tomar forma las ansias de los trabajadores del riel de independizarse de la UTA, que representa con mayor eficiencia a los conductores de colectivos que a ellos mismos.

En la década del 80, el Chino Benítez, un viejo militante de UTA, integrante del Sindicato de Trabajadores de Subterráneos, que llegó a tener personería jurídica, relataba que “en 1965 habían querido formar el Sindicato de Obreros y Empleados de Subterráneos con Illia, que después con Onganía se perdió”.

También se detenía Benítez en describir la tirante relación que existió siempre entre los trabajadores del subte y la UTA, de la que él mismo había formado parte hasta que fue secuestrado por una patota de la dictadura y liberado luego de sufrir incontables torturas.

Después, empezaron a surgir los actuales delegados, emergentes de la época del neoliberalismo, que sumió al país en la miseria y el abandono. Entonces, una nueva historia comenzó a escribirse.

El primer indicio de que llegaba un nuevo tiempo se produjo en 1994, cuando se privatizó la operación del servicio del subterráneo, concedido al consorcio Benito Roggio e Hijos, que conformó la empresa Metrovías para operarlo.

En febrero de 1997, el despido de un trabajador motivó el primer paro, que se produjo por fuera de la estructura gremial y fue, además, el primero en una empresa privatizada. El 20 de febrero todo el servicio estaba paralizado y diez días después el conductor, que trabajaba en la Línea E, fue reincorporado.

Otros conflictos fueron configurando el perfil de los gremialistas que actualmente forman parte de la conducción de la Agtsyp, que fueron ganando posiciones en el cuerpo de delegados, hasta que consiguieron ser mayoría y comenzanzarón entonces a imponer su propia agenda de reclamos gremiales.

En 1998 lograron elegir cuatro delegados, sobre un total de 21. En 2000, llegaron a elegir 12 delegados. Al comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, los metrodelegados consiguieron la reducción de la jornada laboral para los trabajadores del subte, logrando que la labor desempeñada fuera considerada oficialmente insalubre. En 2004 consiguieron el 72 por ciento de los votos, y en 2006, el 90 por ciento. Entretanto, Metrovías diseñaba una política represiva que recién se modificó en los últimos años, pero que tuvo su máxima expresión en 1997, con la designación del fundador de la Triple A, el exsuboficial mayor Miguel Ángel Rovira, como jefe de seguridad de la empresa.

Pero si bien varios conflictos les dieron mucha visibilidad a los gremialistas del subte, fue entre el 3 y el 13 de agosto de 2012 cuando su causa tomó definitivo estado público. Entre esos días se produjo el paro más largo de la historia del servicio, el cual motivó que hasta los más encumbrados funcionarios del Gobierno nacional lo calificaran con el rango fácil de “salvaje”.

El 13 se firmó la paritaria con Metrovías, que asignó a los trabajadores un aumento del 23 por ciento y una serie de mejoras laborales que significaron la reconquista de algunos derechos que en años anteriores habían sido cercenados.

Entretanto, el 15 de agosto Macri le solicitaba al ministro de Trabajo que se le retirara a la Agtsyp la “simple inscripción”, de la que gozaban desde noviembre de 2010, argumentando que habían violado, en el paro que recién había culminado, la conciliación obligatoria. El ministro Carlos Tomada hizo caso omiso del pedido del Gobierno porteño y la entidad sigue representando hasta hoy a los trabajadores del subterráneo.

En ese rol, en los últimos días de abril de este año, la Agtsyp consiguió, tras una ríspida negociación que UTA firmó, un aumento del 30 por ciento sobre los salarios brutos más bajos y de un 32 por ciento para los sueldos más altos.

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