Michetti retoma la negociación con los gremios por los recortes en el Senado

Frenan las medidas de fuerza y revisarán cada uno de los 2035 despidos previstos

Los gremios estatales retomarán hoy las conversaciones con las autoridades del Senado en el inicio de una semana al final de la cual se conocerá el número real de personas que quedarán en la calle del total de 2035 nombramientos en planta permanente firmados por Amado Boudou en su último año al frente de la Cámara alta.

Tras la primera reacción que generó en los sindicatos la decisión tomada por Gabriela Michetti, el conflicto ingresó en una impasse en la que las amenazas de medidas de fuerza y judiciales dieron paso a negociaciones con la mano derecha de la vicepresidenta y secretario administrativo del Senado, Helio Rebot.

Como contrapartida, la conducción macrista de la Cámara alta les puso freno de mano a los despidos. Desde que Michetti anunció la derogación de los polémicos decretos de Boudou, el lunes de la semana pasada, no envió telegrama alguno. El proceso, aseguran, comenzará hoy y estará concluido el viernes.

"Antes de enviar los telegramas se va a revisar uno por uno cada legajo", explicaron a LA NACION fuentes oficialistas de la Cámara alta. No obstante, esos voceros ratificaron que la decisión de reducir la planta de la Cámara alta "está tomada".

Más que un gesto a los gremios este análisis de legajos tiene por finalidad evitar situaciones aberrantes o ilegales, como dejar en la calle a mujeres embarazadas, a personas con tratamiento médico o empleados con experiencia y que cumplen tareas necesarias para el Senado.

A punto estuvo Michetti de tropezar con un error de ese calibre la semana pasada, hasta que la alertaron de que en uno de los decretos derogados Boudou incluyó el pase a planta permanente de más de 40 personas con discapacidad. "Usaron de escudo humano a los pibes con discapacidad y a gente que llevaba 20 años esperando para entrar", se quejó un miembro del equipo de confianza de la vicepresidenta. Los cañones macristas, y también de algunos bloques legislativos, apuntan, además, a Juan Zabaleta, anterior secretario administrativo y actual intendente de Hurlingham, al que responsabilizan por el ingreso de más de 400 personas provenientes de ese distrito en el último año.

Michetti funda su decisión en el impacto económico que tienen los decretos de Boudou, además del impresionante salto en cuatro años que experimentó la planta de empleados permanente (pasó de los 1944 que dejó Julio Cobos a 4790).

Tras el último ingreso de personal (decreto 1682/15 del 3 de noviembre) el gasto salarial ascendió a $ 4300 millones anuales. Sin embargo, el presupuesto de la Cámara alta es de $3750 millones para todo 2016. "Cuando firmaron esto sabían que no lo iban a poder cumplir", agrega, molesta, una de las fuentes allegadas a la vicepresidenta consultadas por LA NACION. Los gremios (APL, UPCN y ATE), por su parte, apuestan a reducir lo más posible el impacto de la decisión de Michetti. Saben que volver los despidos a foja cero es imposible, que las irregularidades y arbitrariedades cometidas por la administración kirchnerista del Senado son difíciles de defender.

Del otro lado del mostrador, Michetti sabe que no tiene mucho margen para dar marcha atrás con una medida que anunció con bombos y platillos como el despido de 2035 "ñoquis", aunque también sabe que haber cortado de un plumazo con los decretos de Boudou implicó cometer errores e injusticias.

"Creo que con 800 bajas más unas 300 jubilaciones quedarían todos satisfechos", arriesgó un legislador peronista que podría ser el punto de equilibrio para que la relación de Michetti con los gremios no termine en un conflicto que afecte el inicio del año legislativo.

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