En ese marco, REALPOLITIK dialogó con Guillermo Stagni, delegado de la Asociación Empleados de Rentas e Inmobiliaria (AERI) en Lotería. El dirigente contó que hace un año y medio, la nueva gestión de María Eugenia Vidal en el organismo les había ofrecido el pago de un bono por aumento de recaudación, que constituía un 110 por ciento sobre el sueldo básico. El aumento tenía el objetivo, también, de "blanquear" los viáticos y horas extras que el personal de Lotería realiza todavía de forma informal. 

"Lamentablemente el ex presidente (Eugenio Melitón López) renuncia en diciembre, viene esta gente y muy extrañamente desconoce completamente a la gestión anterior, dicen que es 'otra gestión'. Yo tengo 31 años de servicio en Lotería y es la primera vez que veo que dentro de una misma Gobernación se desconozcan los funcionarios que se van con los que vienen. Es una locura", apuntó Stagni.

Durante la gestión de López, los trabajadores habían propuesto como posibilidad "establecer un régimen de 40 horas semanales  -que significan dos horas más de trabajo por parte del personal- con una bonificación del 125 por ciento al básico", para ayudar sobre todo a los más precarizados y brindar a la vez más prestaciones.

Stagni recalcó que el reclamo es "sectorial", ya que junto a otros gremios estatales formaron parte de la paritaria de diciembre de 2016. Y pidió: "Hay que eliminar la creencia popular de que la gente en Lotería gana bien: acá hay personas con categoría 17, administrativos con más de 30 años de servicio, que cobran 13 o 14 mil pesos".

Según los trabajadores, la nueva gestión encabezada por Matías Lanusse no sólo les negó el pago de la bonificación sino que contrató siete nuevos asesores, con sueldos de casi 60 mil pesos cada uno. "Nos parece contraproducente, negarnos un derecho a nosotros y beneficiarse ellos mismos", advirtió el delegado.

Otro de los reclamos del personal de Lotería apunta directamente contra el intento de cerrar los 10 centros de tratamiento de ludopatía con que cuenta la Provincia. Allí no sólo hay trabajadores sino 1.500 pacientes que se atienden de forma estable. 

"Ahí hay gente contratada, que pertenece al Instituto y va a tener que volver acá... pero sobre todo el problema son los pacientes que tenemos y sus respectivas familias, que están tratando de salir de la ludopatía. Esa gente va a quedar abandonada y no sé si la gobernadora o estos funcionarios se dan cuenta de esto", finalizó Stagni.