Hagamos un poco de historia. Su pobrísima gestión se ha caracterizado por no dar cumplimiento a normas vigentes y acuerdos firmados. Pese a tener la obligación de dar cumplimiento a los acuerdos paritarios, por el mismo rubricados, durante todo un año desoyó los reclamos gremiales y no dio cumplimiento a convocar la Comisión paritaria creada para la redacción de un Convenio Colectivo marco, ni a los acuerdos relativos a formación docente.

Desmanteló los planes socioeducativos sin siquiera cumplir con la obligación convocar la comisión paritaria respectiva. Incurrió en no depositar en tiempo y forma los montos relativos a Fondo Compensador a varias provincias. Y así podemos seguir enumerando incumplimientos.

Sin duda se ha superado llegando al colmo: el Ministro ha declarado que pretende no convocar la Paritaria Nacional Docente para tratar salarios.

 No debería desconocer que el Artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo establece la obligatoriedad de esta convocatoria, al igual que la Ley Nacional de Educación. Es más, dicha norma establece de manera taxativa que esta Comisión Negociadora se debe reunir para negociar el salario mínimo docente.

 Claramente existe un intento de volver a las políticas de los años 90, cuando, producto de la Ley Federal de Educación y la Ley de Transferencia de Servicios Educativos, el Gobierno Nacional se desligó de la educación y deslindo esta responsabilidad en las provincias. No pasó mucho tiempo sin que la atomización del sistema educativo se hiciese patente. Las desigualdades entre provincias relativas al salario y cuestiones laborales se agrandaron cada vez más. La brecha entre provincias con mas y menores recursos se estiró al punto que varias provincias dejaron de pagar salarios.

 Finalmente en medio de este caos de desigualdad y atomización, gracias a la tenaz persistencia y lucha de los sindicatos docentes conseguimos derogar la Ley Federal de Educación y reemplazarla por una nueva Ley de Educación Nacional y la ley de Financiamiento Educativo. Estas dos herramientas legales instauran la Paritaria nacional Docente como elemento fundamental para intentar dar un marco que permita achicar las desigualdades existentes. Por esto se discute un Salario Mínimo, para colocar un piso salarial.

 La frase que se reza "así el salario lo paguen las provincias, que lo negocien las provincias" es otra falacia ministerial. El salario docente es abonado por las provincias y por el estado nacional. Este último abona el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que forma parte del salario. Este componente salarial es negociado año a año en el ámbito paritario. La no convocatoria generará que el Fondo de Incentivo Docente no será negociado y por lo tanto no habrá aumento en el mismo. O sea el Gobierno nacional se niega a aumentar la parte del salario que le corresponde. También en este ámbito se discute el Fondo Compensador, a través del cual el estado nacional asiste económicamente a las provincias que se encuentran con dificultades para abonar el mínimo salarial.

 Cabe preguntarse cuál será el futuro del Fondo Compensador si no se discute de aquí en más.

Si a esto le agregamos el pretendido techo para negociar del 18% (que se aplicaría únicamente a la parte del salario que abonan las provincias) estamos claramente frente a un ajuste salarial.

 Creer que la inflación no superará ese porcentaje es una fantasía. Venimos de un 2016 que culminó con una inflación del 41%. Tan sólo basta ver cómo comenzó el 2017: aumento de tarifas, combustibles, servicios, para darse cuenta como continuará. Nuestro pedido es del 35% para recuperar poder adquisitivo perdido y no quedar debajo de la inflación.

 Sin dudas de no variar la Política del Ministerio de Educación el conflicto será de gran magnitud.

Desde la Unión Docentes Argentinos instamos al Ministro de Educación de la Nación a cumplir con las leyes y convocar la Paritaria Nacional. El no cumplimiento de la ley por parte del Ministro no sólo genera el conflicto sino que lo legaliza y lo convierte en legítimo.