Más de la mitad de los estatales no está afiliado a ningún sindicato

SUTE y ATE son los más numerosos, según los gremios. El 46% de la masa total está sindicalizada. Con fuertes liderazgos, deciden las estrategias por el voto de sus delegados o de los trabajadores.
Por Alejandro Gamero

Hay una época del año que ya les pertenece y que es en un clásico de los últimos tiempos. Entre marzo y junio, los empleados estatales toman el papel central de la actualidad cuando llega la hora de negociar sus salarios. De todo se comenta en los medios cuando esto ocurre. Si tienen suficiente representatividad, si sus mociones son las de todos los trabajadores, si sus medidas son legítimas, si es mucho o poco el poder que tienen.

El 40% de los trabajadores del Estado mendocino están sindicalizados, esto es, afiliados al gremio que corresponde a su profesión, oficio o labor. Sin embargo, esta cifra sube al 46% si se resta a las fuerzas policiales y penitenciarias que tienen prohibida la agremiación. El resto no está afiliado a ningún gremio.

De todos los sindicatos estatales, hay uno que puede jugar en todas partes y ése es la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Esa condición de poder abarcar en general a todos los empleados estatales les permite representar a la vez a empleados de la salud, del transporte público estatal, del Zoológico, de la administración de Parques, de la administración central y todos aquellos que prestan servicios bajo la órbita del Estado.

El resto de los gremios no tiene esa opción. Por ejemplo, los docentes no pueden ser representados por los médicos de AMPROS y viceversa.

Es decir, una actividad determinada sí puede tener varios sindicatos ejerciendo la representación, ya sea porque está compuesta por trabajadores de distintas actividades o porque sobre la misma labor hay más de un gremio actuando como lo autoriza la Ley Nº23.551 de Asociaciones Sindicales.

El mejor ejemplo es el del sector de la salud: allí hay tres gremios involucrados. Uno es AMPROS, que representa a todos los profesionales. Es decir, médicos, psicólogos, farmacéuticos y bioquímicos, entre otros.

Por otro lado están los no profesionales y los licenciados en enfermería representados por dos gremios: por un lado está la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y por otro ATE, que ha ido ganando terreno.

En síntesis, el Estado provincial cuenta con 78.036 trabajadores, de los cuales 74.838 son de planta permanente y 3.198 son temporarios.

De este total, hay unos 10.000 que integran las fuerzas de seguridad y que están impedidos de agremiarse.

Hecha esta salvedad, nos quedan 68.036 trabajadores, de los cuales 31.280 están afiliados a algunos de los gremios del Estado.

El más grande es el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), que representa a los docentes, a los celadores y a todo personal que trabaja en una escuela.

El sector de la educación es, lejos, el sector más vasto del Estado y su personal alcanza el 75% de la totalidad de los empleados públicos provinciales, siendo unos 46.000.

Sin embargo, contra lo que se pueda pensar, no todos están afiliados. El SUTE de hecho tiene 14.562 afiliados activos, entre los que se cuentan 3.088 celadores. Además tiene 5.462 jubilados afiliados que también cuentan con voz y voto.

ATE, en tanto, posee 9.000 afiliados, ubicándose segundo en el ranking detrás de los maestros, y también tiene jubilados. La razón es esta característica particular del sindicato de poder representar a todos los que trabajen para el Estado.

Los trabajadores judiciales son en total 4.330 y, de ellos, 2800 están afiliados a la Asociación de Trabajadores y Funcionarios del Poder Judicial.

Sin embargo, los funcionarios –el personal jerárquico de tribunales, como secretarios, prosecretarios y jefes de rango de distintas reparticiones internas– llegan a 1.000 en total y buscan su propia representación por fuera del gremio que nuclea a los empleados.

En el sector de la salud, ATSA tiene 2.348 afiliados y ha sido el sindicato histórico del área no profesional y de enfermería, pero ahora se disputa afiliados con ATE.

Mientras tanto, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) es el más nuevo de los gremios estatales grandes y ha logrado integrar a los profesionales con título de grado. Su cobertura alcanza a 14 profesiones y va desde médicos hasta veterinarios, pasando por psicólogos, bioquímicos y trabajadores sociales, entre otros.

Si bien los profesionales de la salud que prestan servicios para el Estado llegan a unos 4.000, los afiliados al día de hoy son 2.300.

Entre los chicos está la Asociación del Personal Legislativo (APEL), que representa a los empleados de la Legislatura provincial y de los concejos deliberantes departamentales. Tienen 270 afiliados y paritan sus salarios con el Gobierno.

De urnas y asambleas

El modo en que los trabajadores toman sus decisiones a la hora de discutir sus problemáticas –y fundamentalmente los salarios– goza de un amplio abanico en los gremios del Estado, cuya metodología está legitimada en los estatutos de cada sindicato. Hay desde organizados plenarios hasta votaciones secretas en las urnas y asambleas donde se decide con el voto de los presentes.

Así, hay distintas modalidades a la hora de dar mandatos a la conducción gremial, votar ofertas salariales y medidas de fuerza.

Por un lado están los formatos más clásicos, que se apoyan en los delegados. El SUTE, ATE y también ATSA son los ejemplos en este caso. Los maestros tienen el famoso plenario, donde los delegados de las escuelas votan por aceptar o rechazar las propuesta salariales y los planes de lucha por sus reclamos.

Sin embargo, por una modificación histórica del estatuto, a partir del año pasado, en el SUTE se hacen primero plenarios departamentales.

La metodología arranca desde las bases: docentes y no docentes votan sus decisiones en las escuelas y les dan el mandato a sus propios delegados. Éstos van al plenario departamental y exponen los distintos mandatos. Cada delegado departamental lleva el mandato que ganó en su comuna y lo confronta en el plenario provincial, donde se impone la postura final.

ATE tiene un sistema parecido, en el que el delegado viene con el mandato que los trabajadores le dieron desde el lugar de trabajo que representa y lo expone en la asamblea general, transmitiendo sin facultades para modificarlo. Así, se van confrontando los mandatos hasta que gana el más votado por las bases. También tiene en sus estatutos la opción de plebiscitar con sus afiliados.

En ATSA funciona el congreso de delegados, que –como en el resto de los gremios– tiene representación de los afiliados provinciales.

El congreso se reúne, decide una estrategia y le da el mandato al secretario general para que lo ejecute. También le da el poder para que tome las medidas que hagan falta y el secretario convoca al congreso si cree necesario consultarlo.

AMPROS puso en práctica algo fuera de lo común. El año pasado votó las ofertas salariales del Poder Ejecutivo a través de un plebiscito, en votación secreta y con urna.

Así, cada profesional afiliado de la salud respondía a favor o en contra. La experiencia tuvo éxito y no provocó demoras en la negociación. El gremio debió tomar poco más de 48 horas hacer la elección y dar una respuesta.

Así se aseguró no tener fisuras a la hora de la negociación.

Los judiciales, en cambio, aplican un sistema más directo. Al momento de votar aumentos salariales, asambleas o paros, estas cruciales decisiones no se someten a la decisión de los delegados, sino a los trabajadores presentes al momento en que se realiza la asamblea, sin distinción de si son afiliados al gremio o no.

Los combativos de la CTA

Mientras la Casa Rosada se mostró estos años –salvo los últimos días–aliada a la CGT nacional y al líder Hugo Moyano, evitando medidas de fuerza en su contra, en Mendoza, al contrario, los gobiernos kirchneristas de Celso Jaque y Francisco Paco Pérez tuvieron en los gremios estatales un durísimo frente de batalla.

La causa es que la mayoría de los sindicatos estatales mendocinos no son ultrakirchneristas ni aliados de la Casa Rosada. Ni siquiera están con la CGT de Hugo Moyano, que para colmo ya tampoco es aliada.

Los estatales locales pertenecen a la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA), que hace años intenta quebrar al sector sindical dominante vinculado al peronismo.

Pero la CTA también se partió a nivel nacional, quedando dos sectores: uno liderado por los docentes y afín al kirchnerismo, y otro más rebelde que no está con la Rosada.

Así, Pérez y Jaque no ligaron un frente sindical estatal de compañeros peronistas. Cuatro de los cinco grandes gremios estatales de Mendoza son combativos y sin fidelidad partidaria. El único que se cuadra dentro del peronismo es ATSA.

El SUTE mantiene una relación cercana al Gobierno sin renunciar a la combatividad y el resto, como ATE, AMPROS y Judiciales, son un frente de guerra para el Barrio Cívico.

Entre ellos también hay pica

Aunque los destaca su unidad, entre algunos gremios locales también hay celos y competencia sobre todo cuando están enfrentados o se disputan los mismos afiliados.

Sin embargo, esto es legítimo que ocurra, pues la Ley Nº23.551 de Asociaciones Sindicales permite la libre afiliación y la representación aun dentro de una misma actividad.

El caso más visible es la pelea por afiliados en el sector de la salud, entre los gremios de ATE y ATSA.

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