El mundo piquetero volvió a tomar relevancia en los últimos días, y no precisamente por el corte de calles o los habituales reclamos que provienen desde los sectores más postergados, sino por cómo se configura el mapa político de las organizaciones sociales a partir de la llegada de Alberto Fernández a la presidencia y de Axel Kicillof a la gobernación bonaerense.

Los espacios afines dan más crédito y tiempo, aunque tampoco extienden un cheque en blanco. Ya lo advirtió con dureza Juan Grabois (CTEP) al decir que “hay una mecha corta” y que, si quiere evitar el estallido, el próximo gobierno tendrá poco tiempo para dar respuesta a la complicadísima situación social. Sus socios del Movimiento Evita (ME) y de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) se muestran menos impacientes, pero anticipan que no serán meros “aplaudidores”, como le dijo a este medio el líder de la CCC, Juan Carlos Alderete.

Totalmente enfrente aparecen otras organizaciones vinculadas a los partidos de izquierda, donde destaca el Polo Obrero, con un importante poder de movilización. Pero, ¿las diferencias son sólo de visión o simpatía política? No. Detrás hay una verdadera puja de poder, un planteo diferente de cómo reencausar la actividad quienes están fuera del mercado laboral formal, y un millonario reparto de recursos que este año superará los 3.500 millones de pesos. 

El grueso de los agrupamientos que aparecen en sintonía con el próximo mandato se nuclea en el Triunvirato San Cayetano, que pese a tener algunas disidencias internas acerca del crédito a Alberto (Grabois suele ser crítico e incomoda a Fernández y el Evita es prácticamente parte del equipo a través de Fernando “Chino” Navarro) se comprometió a apoyar al gobierno entrante. 

Las agrupaciones del triunviro concentran la mayor parte de los 3.500 millones de pesos destinados por el ministerio de Desarrollo Social a los programas “Políticas Alimentarias”, “Economía Social” y “Apoyo al empleo”, donde las organizaciones ofician de nexo. Básicamente se trata de entrega de alimentos y de la atención a las cooperativas de trabajo que manejan las organizaciones sociales. 

En la primera reunión entre Alberto Fernández y los espacios piqueteros cercanos uno de los ejes principales de la charla fue precisamente las cooperativas. La pretensión de los movimientos sociales es que adquieran una mayor formalidad laboral si son contratadas por el Estado, y que sus obreros tengan los mismos privilegios que un empleado estatal en blanco. Aparece como el punto de conflicto más latente, potenciado con la intención de aglutinar a los cooperativistas, changarines y demás excluidos del mercado formal en un sindicato de la economía popular.

“Las cooperativas son una herramienta que se dieron los trabajadores para distribuir plusvalía. Hoy no es esta la situación, hoy el tema es cómo distribuir trabajo, nosotros utilizamos las cooperativas para distribuir trabajo, para ver si así podemos conseguir un salario. No hay un proceso de acumulación en las cooperativas nuestras”, respondió Emilio Pérsico a La Tecla frente a la discusión de si las cooperativas no terminan de avalar cada vez más la precarización laboral.

Precisamente en esa dicotomía radica la postura disímil entre algunas organizaciones sociales y otras, como el Polo Obrero, donde se muestran contrarios al cooperativismo, y exigen a cambio una universalización de los programas sociales y un seguro de desempleo hasta que el desocupado sea incorporado al mercado formal. Traducido, unos pugnan por la continuidad de la asistencia contra una prestación laboral, y otros por asistencialismo sin contraprestaciones “porque los cooperativistas no tienen derechos sindicales y hacen un trabajo a destajo”, según entiende Eduardo Belliboni, del PO. 

Las organizaciones sociales contienen a través de las cooperativas, y el Estado encuentra en ellas un paliativo a la falta de trabajo. En el medio, millones de pesos se distribuyen a través de la Nación, las provincias y los municipios por medios de las contrataciones. 

En 2018 la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, donde participa el exviceministro de Desarrollo Social de la Nación, Carlos Castagnetto, recibió de parte de Desarrollo Social casi 90 millones de pesos. A través de distintos nucleamientos de trabajadores fue el Movimiento Evita el que más dinero percibió (unos 165 millones de pesos), y también acumularon varios millones (más de 46) los sectores cartoneros que 

responden a Grabois. 

Este año las cifras se incrementarán  según aseguraron a este medio desde el ministerio que conduce Carolina Stanley, aunque aducen no tener los números finales. De todos modos, es multimillonaria la cifra que el Estado destina a este mercado laboral alternativo, y es gran parte de la puja de poder que viene.

Las cooperativas seguirán estando, dependerá de Alberto Fernández la mejoría en las condiciones laborales, y de cómo su gobierno negocia con las organizaciones la contención en la calle. En la búsqueda de convertirse en sindicato los movimientos sociales buscan constituir una fuerza de movilización y presión sólo comparable a la CGT unificada. El poder de fuego piquetero puede, incluso, crecer pese a la amistad de muchos con el espacio que gobernará en tres semanas.  

Emilio Pérsico (Movimiento Evita)

“Las organizaciones van a ser parte de la construcción de las políticas”

-¿Después de la reunión con Alberto Fernández, qué es lo que viene con el nuevo gobierno?

-Hay que esperar que Alberto anuncie los equipos y ver cómo se van resolviendo los problemas. Lo importante es que hemos armado un esquema de diálogo que va a continuar, y que las organizaciones van a ser parte de la construcción de las políticas públicas. Va ha haber distintos espacios de diálogo, como el que hubo después por el tema del hambre, donde estuvo el “Gringo” Castro, secretario general de la CTEP. La idea es que sea un gobierno de todos, donde todos podamos participar en la discusión de las políticas públicas. Después, la implementación queda en manos de quienes Alberto decida que las lleven adelante.

-¿Qué le va a demandar el Movimiento Evita al próximo gobierno?

-El tema central para evaluar al próximo gobierno va a ser el trabajo. Cuánto trabajo y cuántos derechos se construyen dentro de los sectores trabajadores. Hoy los espacios de la economía popular están muy golpeados, y hay seis millones de personas demandantes de empleo. Entonces, hay que generar trabajo y también construir derechos, poner en valor el trabajo de la economía popular. Por qué hoy un compañero que barre en el barrio tiene tanta diferencia con el que barre en el centro, o por qué el Estado no invierte en el salario de los compañeros que atienden en los jardines maternales de las organizaciones.

-¿Lo que entrega el Gobierno para los comedores y demás, alcanza?

-No sólo no está alcanzando, sino que hace tres meses que no pagan. El Gobierno dejó de pagar y de renovar los convenios. En el caso del Evita tenemos unos 30 convenios para los comedores y únicamente cuatro están vigentes, todos los demás están vencidos. El 90 por 

ciento de los comedores del Evita hoy están sin ayuda del Gobierno.

-¿Está de acuerdo en lo que dijo Juan Grabois de que la mecha es corta?

-Lo que él quiso plantear es que la situación social es muy mala. Hay que tomar conciencia de que la situación social es muy mala y cada vez está peor, y los alimentos suben cada vez más.

-¿Hay plazos para el próximo gobierno?

-No, no. Nosotros queremos que el Gobierno empiece a resolver los problemas. Eso se tiene que tratar inmediatamente, y se va a tratar inmediatamente. Hay que cambiar el paradigma, que el Gobierno empiece a generar trabajo, a mirar a la economía popular como una oportunidad. Eso Alberto lo entiende y el ministro Arroyo está en proceso de generar los programas para resolver esos problemas. Ya está trabajando. 

 

Nace un sindicato de mucho poder de movilización y millones de afiliados

El Triunvirato San Cayetano y otras organizaciones sociales pusieron en marcha un proceso de unificación detrás de un sindicato que, de formalizarse, pasaría a ser uno de los más fuertes del país, con un altísimo poder de movilización.

“Nosotros no queremos hacer una federación de cooperativas, queremos organizar a los trabajadores de la economía popular, los trabajadores que se inventaron el trabajo. Lo importante es que debemos organizar al 90 por ciento de los cuatro millones de tipos que hoy no están organizados, y para eso vamos a construir la unidad de todas las organizaciones en un único sindicato de la economía popular”, contó Emilio Pérsico a La Tecla.  

El proceso ya está en marcha y la piedra basal sería colocada el próximo 7 de diciembre. Se programa para ese día “un plenario de los trabajadores de la economía popular y de sus organizaciones”, dijo Pérsico, con la idea de “conformar una comisión provisoria para que en el transcurso de seis meses podamos normalizar y ser sindicato”.

Kicillof recibirá los mismos reclamos, pero hay menos injerencia en los planes

Que el Estado nacional concentre casi toda la asistencia social descomprime a las provincias, entre ellas la de Buenos Aires, que en los últimos años tuvo menor cantidad de reclamos frente a las puertas del ministerio de Desarrollo Social, en la calle 55 entre 6 y 7 de La Plata. Aún cuando el 60 por ciento de la ayuda social del país se entrega en la Provincia y la mayoría de las organizaciones tiene su domicilio en el populoso Conurbano.

De todos modos, los líderes piqueteros advierten a Axel Kicillof que él recibirá las mismas demandas que la Nación (sobre todo de parte de las organizaciones afines), de contar con la posibilidad de incorporar más sectores de la economía popular bajo el paraguas de un trabajo rentado por el Estado.

En la actualidad, el ministerio que conduce Santiago López Medrano asiste mediante módulos alimentarios, que en 2019 alcanza a unos dos millones de personas. Los alimentos llegan a los beneficiarios a través de las organizaciones sociales, que son las encargadas de presentar las planillas con el nombre, DNI y dirección de la persona que recibe la asistencia.

“Si esa planilla no está no se entregan los alimentos, por eso hubo algunos problemas al principio con algunas organizaciones que se negaban a entregar los papeles”, contaron desde la cartera a este medio. Es recordado el conflicto de principios de año en Mar del Plata, donde una organización hizo cortes porque no le entregaban alimentos, situación que se resolvió cuando decidieron confeccionar las planillas. 

La asistencia alimentaria en algunos casos también llega a través de los municipios, cuando el beneficiario no reporta a ninguna organización.

Por otro lado, de Desarrollo Social bonaerense dependen las 35 Casas de Encuentro promovidas por la Provincia. Pero en este caso las organizaciones que las llevan adelante son de características barriales o están bajo la órbita de algún culto religioso. Prácticamente no hay participación de los grandes movimientos sociales.

Asistencias que paga ANSES

Los programas “Argentina Trabaja”, “Ellas Hacen” y “Desde el Barrio” se unificaron en 2018 bajo el nombre de “Hacemos Futuro”, y hoy reciben una prestación social 250.000 personas, que paga la ANSES, organismo que además se hace cargo de la Asignación Universal por Hijo (4 millones de niños). También abona el Salario Social Complementario, que perciben unos 200.000 beneficiarios. 

Juan Carlos Alderete (CCC)

“La gente llega sin tiempo y no vamos a ser aplaudidores”

-¿Qué balance hace del encuentro con Alberto Fernández?

-Estuvimos una hora y media con él, con Daniel Arroyo y Gustavo Béliz. Ya veníamos haciendo aportes en lo que entendemos que debe ser la solución del problema del hambre, la pobreza y la falta de trabajo. Cómo entendemos que deben ser diseñados los programas sociales y los cursos de capacitación para preparar principalmente jóvenes para el oficio industrial. El dijo que venía a escuchar más que a hablar, y eso nos sorprendió gratamente. Hay una coincidencia total de la manera en que se ha agravado la estructura económica del país.

-¿Qué le piden puntualmente al próximo gobierno?

-Esto alcanza hasta los trabajadores formales, y estamos de acuerdo que tiene que haber una recomposición salarial de los trabajadores formales y de los jubilados. Si se quiere un shock de consumo, en primer lugar hay que equiparar con la inflación el salario, la jubilación, y los programas sociales también. Además de la construcción de viviendas sociales, que va a significar también trabajo directo para la gente de las organizaciones. 

-¿Qué es lo que vienen recibiendo para los comedores, y cuánto creen que necesitan?

-Del gobierno que se va no esperamos más nada. Mi organización no recibió un centavo; los comedores que tenemos los sostenemos a pulmón, con comerciantes de la zona, con algunos pequeños empresarios y esfuerzos de los propios compañeros.

-Pero al presidente que viene sí se lo van a pedir.

-Exactamente, el Gobierno debería darnos una mano respecto a los alimentos frescos. Además queremos que se les compre a los pequeños productores.

-Pero hay organizaciones de la CTEP que sí reciben dinero.

-Nosotros no. Nos han hecho presentar proyectos y expedientes pero jamás recibimos plata para los comedores, y los tenemos en todo el país.

-Juan Grabois dijo que “hay mecha corta”, ¿qué opina?

-Está perfecto. Le hemos explicado a Alberto que la gente llega sin tiempo. Se ha votado con ilusión, con esperanza, pero se llega sin tiempo. Y le hemos dicho que no vamos a ser una organización de aplaudidores, si se tienen que reclamar los derechos va a salir a la calle.

-¿Y en la Provincia de Buenos Aires?

-Vidal ha dejado un desastre, y a Kicillof le vamos a demandar lo mismo que a Nación.

Eduardo Belliboni (Polo Obrero)

“Universalización de los programas sociales y seguro de desempleo” 

-¿Cómo ve el panorama de las organizaciones sociales a partir del cambio de gobierno?

-El panorama, con independencia de las organizaciones, es grave, porque el cambio de gobierno no modifica las condiciones sociales. Tendrá que haber políticas que cambien la situación social, y por ahora vemos que no es así. Hubo una reunión de Fernández con un conjunto de organizaciones, con definiciones que para nosotros son muy negativas: la idea de que va a continuar la precariedad laboral a partir las cooperativas, y de que el asistencialismo va a seguir porque no se vislumbra la apertura de fuentes de trabajo de manera inmediata. Por lo tanto, sigue una política igual a la que se vivió con el macrismo y, antes, con el kirchnerismo. Hay un cuadro de preocupación en cuanto a la necesidad más importante que tiene el movimiento de desocupados, que es el trabajo genuino.

-¿Cuáles van a ser sus requerimientos para el próximo gobierno?

-Trabajo genuino. La idea de un trabajo que no sea precario, como le plantearon las organizaciones sociales a Alberto, que le dijeron que querían la implementación de las políticas de cooperativas, con trabajadores que no tienen derechos laborales. Los cooperativistas hacen trabajos que tienen convenios que los regulan, pero que no rigen para ellos porque son socios de la cooperativa. Cristina instauró en 2009 el programa Argentina Trabaja, que precarizó a trabajadores del Estado en municipios y gobernaciones, realizando tareas inherentes a los empleados estatales sin los derechos ni convenios de los trabajadores del Estado.

-¿Desde la asistencia social, qué debe atender de manera urgente el gobierno que viene?

-En el cuadro social actual, con el nivel de desocupación, lo que correspondería sería un seguro al desocupado, una especie de seguro al parado, al estilo del que hay en Europa, que tiene que ver con garantizarle al jefe de familia un ingreso que permita paliar la situación hasta que aparezca el trabajo genuino.

-Eso debería tener una limitación de tiempo.

-Por supuesto, con una limitación temporal que tenga que ver con la oferta laboral que surja en ese tiempo. El tema es que esto no existe y existen los programas sociales. En ese cuadro pedimos que se abran los programas sociales, que atiendan a todas las personas que tienen esa necesidad, y que se establezca una universalización de los programas; no que sean determinados a dedo por los ministros de Desarrollo Social, privilegiando la relación con algunas organizaciones y castigando aquellas que no son dóciles.