Tras el paro nacional que activaron en tándem el 28 del mes pasado, Hugo Moyano yLuis Barrionuevovolverán hoy a estar cara a cara. Definirán la continuidad de su plan de lucha o congelar temporalmente cualquier medida de fuerza por temor a ser acusados de conspiradores. La incertidumbre que guía a los gremialistas surgió después de un cruce retórico con autoridades del Gobierno, que los acusaron de querer orquestar "un estallido social" en la víspera de fin de año.

Las sospechas sobre desbordes en las calles fueron expresadas por Cristina Kirchner y reproducidas por parte de su gabinete. La Presidenta nunca hizo nombres propios, aunque las alusiones se interpretaron que iban dirigidas a la cúpula del sindicalismo opositor.

Con algunas diferencias, Moyano y Barrionuevo intentarán hoy llegar a un acuerdo y trazar una estrategia común. El jefe de los camioneros era proclive a aceptar la propuesta inicial de su ladero y activar una movilización a la Plaza de Mayo. Pero ahora la situación cambió: teme que entre la multitud se engendre el caos y quedar así como uno de los responsables de la violencia. Además, sospecha que el propio Gobierno, mediante infiltrados, pueda avivar cualquier foco de conflicto. Mientras tanto, Moyano está dispuesto a avalar reclamos sectoriales, como el paro de actividades que preparan los ferroviarios o alguna disputa muy puntual de su tropa camionera.

"Tenemos que ser cuidadosos. No queremos victimizar a un gobierno que se sigue equivocando y que no dio ninguna respuesta a nuestros reclamos", dijo a LA NACION ayer Abel Frutos, número tres en el escalafón jerárquico de la CGT con sede en Azopardo. El mensaje de Frutos podría interpretarse como un freno al plan de lucha inicial, que contemplaba una marcha a las narices de la Casa Rosada y un nuevo paro nacional de 36 a 48 horas.

Después de haber quedado envuelto en un escándalo a partir de su apocalíptico pronóstico ["en diciembre el país vuela por los aires"], Barrionuevo irá hoy al almuerzo en la Federación Nacional de Camioneros dispuesto a avanzar con la idea original. El puñado de gremios de la barrionuevista CGT Azul y Blanca propondrá un nuevo paro, esta vez seguido de una movilización a la Plaza de Mayo. Habrá que esperar la reacción del moyanismo, que se muestra más moderado, dubitativo y sin una postura unánime.

"Le temo mucho más a una desestabilización por el fanatismo del Gobierno que por el lado de los dirigentes sindicales. Somos prudentes", dijo en FM La Plata el moyanista Leonardo Fabre, referente de los empleados de la Anses.

El escenario luce más despejado en la CTA disidente y las agrupaciones de izquierda, los otros actores del rompecabezas sindical opositor que tuvieron un rol importante en la última huelga.

El jefe de la CTA, Pablo Micheli, habló ayer por teléfono con Moyano y le dijo que está dispuesto a continuar con la "unidad en la acción", como lo hacen desde 2012. Y le blanqueó sus intenciones: activar una jornada nacional de lucha con paros y cortes entre el 1° y el 20 de octubre. Quedaron en reencontrarse al cierre de esta semana o en la que viene porque Micheli está en Junín y debe someterse antes a unos chequeos médicos.

El llamado del camionero habría sido en tren de recomponer el vínculo después de algunos desencuentros con Micheli durante los preparativos del último paro.

"Con amenazas la Presidenta no nos va a asustar. Seguiremos con nuestros reclamos en la calle, ya sea con un paro o con una movilización. Avanzaremos solos o con la CGT. La idea es continuar con la unidad en la acción", dijo Micheli, que aventura mayor conflictividad a partir de la inflación, suba de los impuestos y la caída del empleo.

La situación del empleo y la inflación son las consignas centrales que unen hoy al sindicalismo opositor. Hay un rosario más amplio de exigencias comunes: la modificación del impuesto a las ganancias, una mejora para los jubilados y la reapertura de las paritarias.

DE LA SOTA NEGÓ LAS ACUSACIONES

El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, rechazó ayer las acusaciones del kirchnerismo y negó haber sugerido que podría producirse un estallido social en el mes de diciembre. El mandatario cordobés acusó al Gobierno de "manipular" sus declaraciones, aunque reiteró que "la situación económica es grave", y el humor de la gente "empeora día a día".

Molesto con las acusaciones, el mandatario afirmó: "Los kirchneristas no se hacen cargo de nada y entonces tratan de instalar discusiones que son absurdas". Además, el gobernador estimó la inflación para este año en un "35 por ciento", y dijo que Mauricio Macri es un "privilegiado" porque la presidenta Cristina Kirchner sólo tardó 50 días en atenderlo..