Moyano va por la democratización sindical

Este mismo Hugo Moyano que armó una alianza electoral con el dirigente más de centroderecha que había en el peronismo es el mismo que apadrinará dentro de quince días un proyecto con el que se pondrá a la izquierda de todos sus colegas: su eje será la democratización sindical y será presentado por su hijo, el diputado Facundo Moyano.
El líder cegetista ya había hecho ruido hace pocas semanas, cuando hizo atragantar a sus amigos al pronunciarse en contra de la reelección indefinida de los gremialistas. Pero ahora se propone ir más allá. Facundo, el joven dirigente de los peajes, impulsará un proyecto de ley que elaboran abogados como su hermano, Hugo Moyano (hijo), y Juan Manuel Martínez Chas, bajo la supervisión de papá Moyano, y promete entusiasmar más a las oposiciones combativas que a muchos dirigentes de la CGT Azopardo.

Aún no está definido si sólo permitirá dos o tres mandatos consecutivos, pero sí que incluirá un código electoral que derogará los impedimentos a los opositores para presentarse en las elecciones sindicales. Algunos estatutos consagran la “carrera sindical”, que es como exigirle a un aspirante a presidente de la Nación haber sido antes diputado: en el gremio lechero, por ejemplo, hay que haber sido dirigente del consejo directivo nacional o secretario de una seccional para integrar la conducción. Y en la UOM se obliga a ser o haber sido delegado. Otra cláusula casi imposible de cumplir, como sucede en la UTA, es la obligación de presentar listas de candidatos en todas las seccionales de un gremio si se pretende competir por la conducción nacional.

Además del respaldo político, Hugo Moyano les aportó a sus hijos el sorpresivo nombre de un asesor para que los ayudara a redactar el proyecto de ley: se trata nada menos que de Enrique Rodríguez, un experimentado abogado laboralista que colaboró con la CGT de Saúl Ubaldini y que luego fue ministro de Trabajo de Carlos Menem.

A través de la Juventud Sindical, Facundo Moyano incluso apadrina a gremios que pelean por la simple inscripción, como Jerárquicos de Comercio (que ya la logró) y Unión Informática, a la que el ministro Carlos Tomada se la sigue negando, en abierta desobediencia de la Justicia. El dipu-sindicalista, además, está muy cerca de dirigentes combativos como el delegado ferroviario de la línea Sarmiento Rubén “Pollo” Sobrero y los delegados de la línea 60 de colectivos, con los que sueña –y planifica– armar una oposición fuerte que, en el futuro, se imponga tanto en la Unión Ferroviaria como en la UTA.

El proyecto moyanista de democratización surge en respuesta al fallo de la Corte que, en junio pasado, diluyó el viejo modelo de reconocimiento estatal al gremio más representativo, a través de la personería. Hay dirigentes de la CGT Azopardo que están espantados porque creen que ahora se multiplicarán los sindicatos paralelos y miran con recelo la iniciativa de Facundo, pero es el cacique camionero el que le quita dramatismo al tema: cree que la mejor manera de asegurar el “unicato” sindical es con más participación de los afiliados. “La Justicia está resolviendo lo que deberíamos resolver nosotros”, dicen que afirma Moyano, convencido de que los estatutos proscriptivos expulsan a las oposiciones y favorecen la creación de organizaciones paralelas.

Para la CTA opositora, el proyecto del moyanismo propone un cambio limitado porque no apunta a modificar el corazón del modelo sindical argentino, que es el sistema de personería. “La crisis de representación no se resuelve cambiando al representante, sino dando más poder a los representados”, dice el borrador de la reforma de la ley de asociaciones sindicales, piloteada por el diputado Víctor De Gennaro.

Entre otros puntos, el proyecto de la central obrera opositora que lidera Pablo Micheli elimina la personería, pasa a la Justicia casi todas las atribuciones que hoy tiene el Ministerio de Trabajo de la Nación, crea un registro para los nuevos sindicatos y otorga el reconocimiento al gremio más representativo al solo efecto de la negociación colectiva, sin exclusividad.

Luego de la audiencia pública de agosto pasado, los muchachos ceteístas distribuirán 100.000 copias de aquel borrador para que pueda ser discutido por los trabajadores y se proponen presentar el proyecto definitivo con una importante movilización callejera.

En la oficialista CGT Balcarce, mientras, hay más preocupación que planes concretos. La semana pasada se definió que sus abogados armarán una ofensiva para neutralizar el fallo de la Corte Suprema, pero temen que un eventual proyecto de ley se les vaya de las manos cuando empiece a correr en el Congreso y quede dañado el modelo sindical que quieren mantener. Y, aunque muchos de sus dirigentes se preparan para subirse al dispositivo massista el día después de las elecciones de octubre, buscan sacar provecho, como sea, de la desesperación del Gobierno por captar más votos.

Por eso disfrutarán de su regreso a la Casa Rosada, el próximo jueves, para definir, junto con la Presidenta y los empresarios que forman la mesa de diálogo, una estrategia contra el trabajo en negro. Pero, sobre todo, se relamen esperando el fruto de sus gestiones ante la Superintendencia de Servicios de Salud: ese mismo día se anunciaría la suba del aporte de los monotributistas a las obras sociales, que hoy es de 95 pesos mensuales y, sostienen, ayuda a desfinanciar el sistema. Algo que piden infructuosamente desde hace un año y que sólo la necesidad electoral de Cristina, mágicamente, haría destrabar.

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