La municipalidad de Córdoba, a través de la empresa residual Crese, asumió el pago de indemnizaciones a 235 exempleados de la empresa Cotreco, exprestataria del servicio de higiene urbana, que dejó la concesión a fin del año pasado y que se encuentra en proceso de concurso preventivo.

Según lo que indica el decreto firmado por el intendente Ramón Mestre el 23 de mayo, la Dirección de Contaduría del municipio deberá transferir a la empresa Crese 41,35 millones de pesos “a los fines de proceder a la cancelación de la deuda en concepto de indemnizaciones (liquidación final) que la empresa Cotreco mantiene con el expersonal, que fue desvinculado a partir del 30 de noviembre de 2018”.

Esa cifra supone que, en promedio, cada afiliado al Surrbac cobrará unos 175 mil pesos de indemnización, aunque todos continúan siendo empleados del sistema de recolección, mayoritariamente en el Ente de Obras y Servicios Públicos (Esop). En virtud del convenio colectivo de los recolectores, esos pagos indemnizatorios se producen cada vez que el trabajador cambia de empleador.

Según el decreto, los 41,3 millones de pesos que se conceden a Crese –firma que estaría a punto de ser liquidada, dado que no presta servicios– para el pago a los exempleados de Cotreco son en concepto de “subsidio reintegrable”. No obstante, la posibilidad de reintegro parece lejana: el crédito se recuperará con la verificación de Crese ante el concurso preventivo que se tramita en La Plata.

El texto del decreto también da cuenta de que la decisión municipal de asumir el pago de las indemnizaciones fue adoptada en medio de un conflicto gremial del Surrbac, que no permitía el enterramiento de la basura en el predio de Piedra Blanca.

Costosa decisión

Cotreco llegó a la prestación por la vía de la contratación directa en 2012, a poco de la asunción del intendente Ramón Mestre. Junto con Lusa, fueron las elegidas para proceder a la privatización de la empresa municipal Crese, que había sido creada tres años antes.

El servicio privatizado fue más costoso y de menor calidad que el que prestaba Crese, y el desenlace también fue oneroso para la ciudad. Además de pagar los servicios, ya el 10 de diciembre pasado Mestre autorizó un “subsidio reintegrable” a Crese para que asumiera el pago de obligaciones laborales, legales y convencionales de los trabajadores de Cotreco. La cifra de ese primer subsidio ascendió a 137,7 millones de pesos.

Tras la desvinculación de Cotreco, el municipio asumió de hecho el rol de “responsable solidario” de la empresa que había contratado a través de Crese.

Pese a que Cotreco sigue prestando servicios en otras ciudades, desconoce los compromisos asumidos en Córdoba. “Cotreco manifestó que la deuda que se reclama no le consta. Que la empresa se encuentra en concurso de acreedores y, siendo que la deuda reclamada sería anterior al 17 de diciembre de 2018 (fecha de presentación en concurso), cualquier pago sería ineficaz, debiendo recurrirse a las vías legales”, indica el decreto firmado por Mestre días atrás.

Presión del Surrbac al Esop por más de 200 pases a planta 

En abril pasado, el sindicato de recolectores (Surrbac) protagonizó un conflicto gremial que supuestamente obedecía a pésimas condiciones de trabajo reinantes en el predio de enterramiento de Piedra Blanca. Ese conflicto terminó cuando la Municipalidad de Córdoba aceptó pagar las indemnizaciones que Cotreco no abonó a sus trabajadores.

Por estos días, otro reclamo gremial se gesta puertas adentro del Ente de Servicios y Obras Públicas (Esop), y nadie descarta que pueda derivar en un nuevo conflicto: el Surrbac exige la efectivización de un grupo de trabajadores transitorios que desde hace varios años son contratados entre octubre y abril para realizar reemplazos de vacaciones. Este año, buena parte de esos contratados sigue trabajando.

Se trata de más de 200 trabajadores contratados, sobre un plantel de 1.185 empleados efectivos. Si se produjeran esas nuevas efectivizaciones, el plantel del Esop se incrementaría casi un 25 por ciento.

Desde el ente municipal indicaron que no hay ninguna decisión al respecto, y recalcaron que la administración municipal afronta un período de estrechez económica, y que además rige una ordenanza que restringe las potestades de incorporación de personal al municipio por tratarse de un período de transición entre Ramón Mestre y el intendente electo, Martín Llaryora.

Mestre, a poco de asumir, vivió un conflicto similar con el Surrbac, que rodeó el municipio de basura. En ese momento, cerca de 200 “cubrevacaciones” fueron efectivizados por Crese.