La avalancha de pedidos de empresas y sindicatos para negociar suspensiones con recortes salariales por la realidad económica que traza el coronavirus no se detuvo a pesar del auxilio estatal, que garantiza asistencia de dinero y reducción de aportes patronales para que el sector privado pueda afrontar el pago de los sueldos de abril.

Con la intención de establecer reglas para el ajuste, la cúpula de la CGT negocia con la Unión Industrial Argentina ( UIA ) un acuerdo para fijar una suerte de piso del porcentaje salarial a pagar en caso de suspensiones en actividades que estén paralizadas por la pandemia. El trato buscaría que los recortes no superen el 20% del salario neto, según confiaron fuentes gremiales. Las gestiones entre sindicalistas y empresarios continuarán esta semana y buscarán conseguir el aval del Gobierno.

La preocupación de los sindicatos se acentúa en un contexto en el que las suspensiones y los recortes avanzan a ritmo de machete, incluso por fuera de la regulación estatal y con bajas de salarios de hasta el 50%, como sucedió en dos compañías aeronáuticas y en las grandes cadenas de comidas rápidas.

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"Es necesario encontrar con el Estado y los empresarios un mecanismo para garantizar un ingreso salarial en las actividades que están frenadas. En las industrias que están activas no se justifica ni siquiera una merma del salario", dijo a LA NACION Héctor Daer, uno de los dos jefes que tiene la CGT. Reconoció, sin embargo, que la prioridad es conservar los puestos de trabajo.

El jueves pasado, Daer logró el respaldo del consejo directivo para explorar un acuerdo con los empresarios para evitar recortes mayores al 20%. Ya existen incluso casos de gremios de peso y muy representativos que aceptaron rebajas salariales superiores al piso que pretende imponer la CGT a cambio de que no haya despidos. Sucedió con los mecánicos del Smata (avalaron un quita de 25%), petroleros (de entre 30 y 32%), la UOM (30%) y Comercio, cuyo jefe, Armando Cavalieri, aceptó recientemente recortes superiores a un 30% para los empleados de Autopistas Urbanas y de un 20% para el personal de Falabella.

En el Ministerio de Trabajo se acumulan casi 200 expedientes de conciliación obligatoria desde que comenzó la cuarentena. La mayoría de los conflictos están vinculados a empresas cuya actividad se paralizó por el avance de la pandemia. En muchos de esos casos, la empresa, amparándose en el artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo, fuerza una suspensión concertada y cierra colectivamente o con un único trabajador el porcentaje del sueldo que percibirá durante el período sin tareas. El organismo debe convalidar ese apretón de manos. Lo que busca ahora la CGT es comprometer a la UIA y a otras cámaras empresariales a que ese recorte no supere el 20% del salario neto.

En este contexto, en la CGT ya hay voces que se resignan a lograr un aumento salarial. "No podemos discutir paritarias ante la crisis económica que estamos viviendo", dijo José Luis Lingeri en Radio El Destape. El referente del gremio de Obras Sanitarias no es el único que piensa así. "Hay que ver área por área, pero las industrias que tengan vida y espalda tendrán que recomponer salarios si sus actividades están activas", señaló un jerárquico cegetista, que consideró "prematuro" afirmar que habría un contexto generalizado de paritarias cero. Los sindicatos, inicialmente, se aferraron a un artículo del decreto 297/2020, que estableció el aislamiento preventivo y obligatorio el 19 del mes pasado. En el punto ocho de la normativa se afirma que los trabajadores del sector privado "tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales". Sin embargo, la posibilidad de las suspensiones pactadas individual o colectivamente como las que está avalando el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, es una ventana que dejó abierta el decreto 329/2020, que buscó restringir despidos por 60 días.

De acuerdo con un relevamiento que divulgó La Izquierda Diario, son 164.825 los trabajadores registrados suspendidos o despedidos desde que comenzó el aislamiento. El informe precisa que serían más de 160.000 los empleados que sufrieron recortes en sus sueldos.

En paralelo a esta negociación, la CGT pulsea con el Gobierno por los reintegros a las obras sociales sindicales. Hubo el jueves un tenso cruce entre Daer y Eugenio Zanarini, el jefe de la Superintendencia de Servicios de la Salud, por el reparto desigual de unos $4000 millones.

La distribución generó malestar en la CGT no solo porque se favoreció otra vez a la prestadora médica de Hugo Moyano, sino porque se detectaron "sellos de goma" que recibieron miles de pesos por expedientes de vieja data. Es posible que ese reparto se revise tras la intervención del ministro Ginés González García, que les prometió a los gremios "una ayuda" de $11.000 millones para mitigar el la caída de la recaudación. El auxilio a las obras sociales saldría también por decreto presidencial.