Pasado el mediodía, antes de que comenzara la reunión de la CGT, en el Gobierno casi daban por hecho la convocatoria a un paro general para la última semana de junio. Las negociaciones que venían desde la semana pasada y se habían acelerado desde la tarde del lunes no alcanzaban y Mauricio Macri puso un límite a los pedidos de los sindicalistas: había que intentar frenar la medida de fuerza, aunque sin concesiones que entraran decididamente en conflicto con el programa y el discurso que subyacía y se profundizó con el acuerdo con el FMI.

“Preferíamos que no hubiera, pero bueno... tendremos otro paro”, dijo a Clarín un alto funcionario con la intención de desdramatizar el escenario, aunque sin disimular el fastidio.

La última medida del Gobierno en estudio, la exención del Impuesto a las Ganancias para el aguinaldo, quedó descartada en el contexto de la fuerte reducción del déficit que quedará plasmada en el Presupuesto 2019. “Ya lo discutimos con ellos 17 veces eso, no lo entienden o están buscando el paro”, descartaron mantener la expectativa con una eventual decisión en ese sentido, uno de los cinco puntos pedidos por la CGT.

La conducción cegetista al anunciar el paro.

Macri había ganado tiempo la semana pasada con la firma de un decreto para habilitar una suba del 5% a las paritarias ya firmadas y así llevar la pauta salarial a 20%. Y, como publicó Clarín, estaba preparado otro para destrabar fondos por la deuda con las obras sociales sindicales, unos $ 4.000 millones por tratamientos de alta complejidad. El borrador llegó a Pablo Clusellas -secretario de Legal y Técnica- y circuló entre los funcionarios, a la espera del acuerdo con la CGT.

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Dentro de los cinco puntos los gremialistas pedían a su vez “paritarias sin techo”, lo que implicaba una reapertura que el Gobierno ya había descartado, y la suspensión por seis meses de los despidos en el sector público y privado. En el primer caso en la Casa Rosada no estaban dispuestos a ceder y en el segundo podía habilitarse una comisión en el Ministerio de Trabajo para revisar los despidos y el escenario cada 15 días, pero no un compromiso o un documento formal que “frenaría la creación de puestos de trabajo”, según argumentaron los funcionarios con el mismo discurso que en el veto de Macri a la ley sancionada en 2016.

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“El empleo no cayó y los salarios tampoco, el 5% da una posibilidad de recomponer y después se puede seguir negociando con las cláusulas de revisión. Ellos nos plantean cosas por lo que supuestamente va a pasar dentro de seis meses; bueno, dentro de seis meses lo vemos”, fue la réplica que se escuchó a esas dos exigencias en la Casa Rosada. El cálculo de las indemnizaciones podía salir del proyecto de blanqueo laboral, el último de los puntos, aunque la reunión de Jorge Triaca con los principales dirigentes gremiales ya estaba caída por la falta de acuerdo en los ítems principales.

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Entre las consideraciones para quitarle dramatismo a la medida los funcionarios indicaron que la fecha del paro dará algo de tiempo para intentar moderar el impacto y mantendrá la división en el sindicalismo, con Hugo Moyano como máximo exponente de los sectores duros con las CTA y referentes del kirchnerismo como Hugo Yasky y Roberto Baradel.