La CGT y el Gobierno negociaron una serie de modificaciones a la nueva ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y finalmente obtuvo dictamen de comisión en el Senado, por lo que la Cámara Alta espera tratarla en el recinto el 14 de diciembre.

La semana pasada, la central gremial había manifestado su oposición al proyecto pero este miércoles uno de sus secretarios generales, Héctor Daer, concurrió a la Comisión de Trabajo del Senado para expresar que “no hay inconvenientes con que este proyecto siga su curso”, dando por finalizados los tironeos que parecían que iban a terminar con el proyecto.

En ese sentido, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, volvió al cuerpo para acercar posiciones con los legisladores y aceptó los cambios propuestos por los sindicalistas y el bloque del Frente para la Victoria-PJ.

La ley “complementaria” que impulsa el Gobierno apunta a establecer la obligación de recurrir a las comisiones médicas como instancia previa al reclamo judicial, con lo que cree que se reducirá el alto nivel de litigiosidad que existe en materia de siniestros laborales. Sin embargo, fue llamativa la ausencia de representantes de las ART en todo el debate. Es que, como explicó BAE Negocios, las aseguradoras no creen que el proyecto permita solucionar el problema de la litigiosidad como pretenden y esperaban un nuevo fallo de la Corte Suprema para clarificar ciertos puntos de la ley actual.

Los principales ajustes incorporados al proyecto son aumentos en las indemnizaciones de hasta el 50%, la creación de nuevas comisiones médicas y la posibilidad de que los trabajadores que sufrieron accidentes sean indemnizados a los 60 días, lo cual desmotivaría el inicio de nuevos juicios, que suelen llevar años hasta el momento de la sentencia.

“Si el trabajador no está de acuerdo, puede acudir a la justicia igual”, aclararon fuentes oficiales a este diario.

Otro punto importante acordado entre la CGT y el Ejecutivo es que las provincias deberán delegar la jurisdicción de la instancia decisoria, por medio de sus respectivas legislaturas, lo cual evitaría planteos de inconstitucionalidad de la ley.

Por otro lado, las ART quedarán obligadas a restituir a las obras sociales los gastos en los que incurran por los accidentes de los trabajadores, que actualmente se resisten a hacerse cargo.

Asimismo, se establece que los trabajadores en negro pueden acudir a la Justicia sin el paso previo de las Comisiones Médicas y la reducción a tres meses de plazo para la presentar el proyecto de Ley de Prevención ante el Consejo Consultivo Permanente.