Nombramientos en la legislatura: Enojados con la Justicia

Los trabajadores están indignados porque su empleo corre riesgo. Los legisladores evalúan plantear un conflicto de poderes o no acatar la orden porque creen que los ministros se entrometen en el funcionamiento legislativo.
Escándalo. Una postal que podría repetirse: la gente que no termina de ser nombrada se enfrenta a viva voz con los referentes de la APEL.

El Superior Tribunal de Justicia suspendió ayer los nombramientos de empleados legislativos y la determinación provocó un fuerte malestar en la cámara de diputados. Esto se dio no sólo entre los trabajadores que temían por su situación, sino también entre los legisladores que al cierre de esta edición evaluaban - entre otras alternativas- plantear un conflicto de poderes por considerar que la resolución es una intromisión de la Justicia en otro poder del Estado, como es la Legislatura.

La sesión programada para ayer por la tarde se vio afectada por esta situación que promete reeditar el conflicto conocido como “el escándalo de la Legislatura”, cuando los empleados reclamaron fuertemente a la Asociación Provincial de Empleados Legislativos por ser el único gremio que hace presentaciones para dejar trabajadores sin empleo.

Ayer llegó a la cámara el oficio judicial firmado por los ministros José Luis Pasutti y Daniel Caneo, mediante el cual se notifica a las autoridades de la Legislatura la sentencia de la Sala Civil que resuelve hacer lugar a la medida cautelar solicitada por APEL y “ordenar” a la Legislatura “que suspenda, mientras dure la tramitación de este juicio, a partir de la notificación de la presente y hasta tanto se dicte la sentencia definitiva” la ejecución de las resoluciones 90/11 y 118/2011. La primera establecía los nombramientos y reubicaciones antes contemplados en otras resoluciones legislativas; la segunda, los concursos que ya habían sido realizados.

La manda judicial indica además que la cámara deberá “interrumpir la continuidad del concurso de antecedentes y oposición a que la misma refiere, cualquiera sea el estado de su trámite, absteniéndose la autoridad competente de propiciar la cobertura de todos los cargos a los que se convoca, así como de designar en los mismos a las personas que pudiesen haber resultado favorecidas en aquél”.

La determinación judicial alcanza no sólo a los empleados que hace algunos meses realizaron el enérgico reclamo a la APEL sino inclusive a miembros del mismo sindicato cuyas reubicaciones podrían verse afectadas.

Asimismo se analizaban casos particulares como el del ex diputado Mario Negrette, quien respaldó las presentaciones de la APEL pero que podría verse alcanzado por la medida judicial y por ende también quedaría sin la designación de su cargo.

Si bien la decisión ya había sido adelantada por el secretario general de APEL, Ángel Sierra, sobre fines de la semana pasada, la notificación de la medida provocó un fuerte malestar en la cámara, horas antes de la sesión convocada para las 17.

Como consecuencia de ello tanto legisladores como empleados afectados por la medida judicial comenzaron a evaluar las alternativas a seguir y la más fortalecida por los diputados era la de plantear un conflicto de poderes.

En este sentido se informó sólo extraoficialmente que una de las variantes para presentar este tipo de conflicto era, por ejemplo, no acatar la disposición judicial.

Paralelamente los empleados comenzaron a movilizarse de manera tanto individual como grupal para evaluar los pasos a seguir y en ambos casos evaluaban cuestiones legales como la de interponer otra medida cautelar argumentando que sus salarios son ya un derecho adquirido que se vería afectado por la medida del Superior Tribunal.

Si bien algunos empleados consideraban realizar planteos individuales, el reclamo también podría ser planteado de manera colectiva o en una tercera posición, realizar una serie de reclamos individuales que aterricen casi conjuntamente ante la Sala Civil.

Pese a que el reclamo legislativo era conjunto, la mayoría de los diputados se excusó por un motivo o por otro, de hacer declaraciones al respecto. Excepto el radical Carlos Díaz, que desde las primeras etapas del conflicto fijó posición respecto al tema y ayer no dudó en denunciar que “están haciendo lobby con aquellos que vienen a gobernar a partir del 10 de diciembre”.

Según el análisis de Díaz, quien iba a plantear una reunión entre todos los bloques para defender la independencia del Poder Legislativo, el Poder Judicial se sometió en estas resoluciones a la voluntad de las futuras autoridades provinciales y sienta un antecedente “de restar”.

Ayer por la tarde el legislador manifestó con indignación que “a quienes se quejaban de cómo actuaba Das Neves porque decían que se entrometía en el Poder Judicial, el haber escupido para arriba hoy les terminó cayendo encima”.

“Veo que la Justicia se está entrometiendo en otra cabeza de poder” aseguró en declaraciones periodísticas, para luego recomendar a los firmantes del fallo que “debieran leer la Constitución como la leíamos en cuarto grado, donde habla de los distintos poderes: la Justicia, el Poder Ejecutivo y el Legislativo”.

En este sentido hizo una salvedad a favor del procurador general Jorge Miquelarena. “Estuvo muy bien diciendo que en realidad no estaba de acuerdo porque se estaba a un paso de entrometerse con un poder independiente”. Y comparó en el análisis que esta situación es igual a si “nosotros cuando le dimos el 13 por ciento de aumento en la Legislatura, les digamos a quién sacar y a quién poner, todo por medio de una Ley”.

En ese mismo sentido consideró que los jueces “deberían fijar una posición que cuando les toque a ellos no sea diferente de cuando le toca a una persona que nada tiene que ver”. Citó como ejemplo que “se cansaron de criticar al Ejecutivo, al gobierno de Das Neves, en reuniones en Legislatura y públicamente diciendo que se entrometía en un poder independiente, ¿y a esto ellos cómo lo llaman?”, cuestionó.

Para rematar el concepto, el legislador radical indicó que el STJ pide autonomía “cuando les importan las cuestiones que los rozan a ellos”. Pero “cuando un poder tan independiente como el de ellos hace las cosas que creemos que están bien y que debemos hacer, ellos se entrometen haciendo un dictamen que es una cuestión desagradable”.

Más allá de cuestiones técnicas, para Díaz existe una voluntad política de las autoridades del STJ de someterse a los futuros representantes del Poder Legislativo: “Es una cuestión bastante extraña. En esto hay cuestiones que tienen que ver con sumisiones y otras que tienen que ver con que están haciendo lobby con aquellos que están viniendo a gobernar a partir del 10 de diciembre” denunció el diputado, ratificando no tener “ninguna duda” de ello.

Para el diputado, esta situación es “preocupante” en virtud de que “hoy se toma una determinación con gente que entró a trabajar como siempre entraron aquí, pero mañana pueden tomar otra determinación mucho más grave y éste va a ser el funcionamiento del Poder Judicial”.

“Me parece que mañana van a estar resolviendo sobre el loteo de una plaza y van a pensar en quiénes vienen, quiénes se van y preocupados por su cargo, van a hacer lo que le digan los que están por entrar”, remató.

Comentá la nota