Una de las denuncias fue hecha ante la Internacional de Educación (federación mundial de sindicatos que representa a más de treinta millones de personas trabajadoras de la educación en 177 países de todo el mundo), de la que CTERA forma parte, y la otra ante la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.)

Tindiglia destacó que “la responsabilidad del Estado Nacional es indelegable tal cual lo establece la Ley Nacional de Educación, por tanto debe garantizar el derecho social a la educación y una educación pública de calidad”.

Agregó que “esta decisión del gobierno nacional tiene como único objetivo excluir a los y las docentes de la disputa legítima por mejores salarios y condiciones laborales”. Además el legislador advierte que “en La Pampa la derogación de la paritaria nacional afectará a unos 10.000 educadores y entre otros perjuicios el decreto presidencial en cuestión disminuye de forma progresiva el incentivo docente”.

En el fundamento del proyecto se enumeran varios de los aspectos negativos del decreto, entre ellos que “se viola un principio fundamental específico del derecho laboral, de los derechos sociales, y general de todo derecho humano: el principio de no regresividad, reconocido innumerables veces por documentos y fallos internacionales obligatorios para nuestro país. Además se denuncia la violación a la ley de financiamiento educativo, la libertad sindical, la ley de organizaciones sindicales”.