El Gobierno admitió ayer que seguirá echando trabajadores del Estado. El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, reconoció la puesta en marcha del plan de “dotación óptima de personal” revelado el domingo por Página/12, y blanqueó la intención de “no renovar ciertos contratos” que vencen a fin de año. A tono con el discurso que la plana mayor de Cambiemos repite desde la primera ola de despidos, Ibarra justificó la medida en lo que consideró un “sobredimensionamiento” del Estado y sostuvo que el proceso de revisión de contratos será “implacable” con aquellos estatales que supuestamente “no trabajan”. En paralelo, confirmó además que se ofrecerán retiros voluntarios y jubilaciones a por lo menos 10 mil estatales.

“Buscan excusas para despedir trabajadores y no las están encontrando, entonces inventan eufemismos como ‘dotación óptima’. A esta altura está claro que el gobierno quiere achicar el Estado y para eso intenta instalar en la opinión pública que los estatales somos ñoquis, pero ya resulta poco creíble”, contestó el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano. “Durante la primera ola de despidos, echaron trabajadores con 20 años de trayectoria, que cumplían todos los días su tarea y lo hacían con orgullo. Esta vez la historia se repite y también se va a repetir la lucha de los trabajadores, que perdieron el miedo”, dijo.

El domingo, Página/12 publicó una serie de documentos internos que Modernización giró a las direcciones de Recursos Humanos de los 20 ministerios y los cinco organismos descentralizados que conforman el Poder Ejecutivo, con fecha posterior a la primera ola de 11 mil cesantías. A través de una serie de instrucciones, Modernización explicitaba en uno de los papeles burocráticos su intención de convertir la “dotación inicial” de empleados de cada organismo a lo que el Gobierno considera una “dotación óptima”. Otro de los documentos indicaba que los contratos de más de 114 mil trabajadores figuraban “bajo análisis”.

Según denunciaron delegados de ATE Capital, el proceso de “análisis” implica la realización de encuestas en los ámbitos de trabajo, en algunos casos de la mano del desembarco de consultoras privadas y, en otros, a través de trabajadores despedidos en el primer trimestre que fueron luego reincorporados y son ahora obligados a entrevistar a sus propios compañeros. Ayer, Ibarra confirmó a la existencia de las encuestas y las adornó con el agregado de “un perfil de la estructura de valores” en el que los trabajadores, además de responder preguntas sobre sus tareas cotidianas, tienen permitido aportar opiniones personales.

Catalano calificó las encuestas como un acto de “hostigamiento”. “De mínima es vergonzoso –dijo–. Los trabajadores estatales somos evaluados todos los años y uno puede elegir capacitarse para hacer carrera en el Estado”. Hasta ahora, la mayoría de los trabajadores se negaron a contestarlas.

Página/12 reveló el domingo el plan de despidos.

Tras la filtración, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, salió el lunes a negar los despidos. “No hubo una primera tanda de despidos, por supuesto no va a haber otra. Lo que hubo fue ordenar el Estado desmantelado que encontramos”, sostuvo. Ayer, el propio Ibarra lo contradijo. En declaraciones a La Nación, aclaró que será “implacable con los que no trabajen” y confirmó que habrá nuevas desvinculaciones a fin de año, sea a través de jubilaciones, retiros voluntarios o la no renovación de contratos. Lo dijo casi al mismo tiempo que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, afirmaba en el Congreso que se perdieron 120 mil puestos de trabajo en lo que va del año (ver aparte).

Desde Modernización dieron ayer más precisiones sobre el proceso. “Vamos a ser implacables si a partir del análisis detectamos a un trabajador que no acude a su trabajo. En ese caso no se le va a renovar el contrato”, dijeron a Página/12 y agregaron que esperan encontrarse con esa situación “en un montón de áreas que antes eran tenidas en cuenta y ahora no”. Explicaron también que habrá una “migración de empleados” similar a la que Ibarra implementó al frente del ministerio de Modernización de la Ciudad, cuando ofreció traslados del Ejecutivo a los CGPs y las comunas.

Las áreas desmanteladas, que dejaron a muchos trabajadores sin funciones, son precisamente uno de los focos de conflicto. “Una cosa es detectar un vivo que no trabaja y otra cosa es un trabajador que ha quedado sin funciones porque este Gobierno se ocupó en achicar el Estado”, aseguró Catalano, quien puso como ejemplo el desmantelamiento de programas en el ministerio de Educación y en el Renatea, paso previo para los despidos decretados recientemente.

“La dotación óptima de personal es la dotación óptima del Estado que ellos pretenden construir, no del Estado que necesita la sociedad argentina ni el que proponemos los trabajadores”, sostuvo por su parte el secretario general de ATE nacional, Hugo “Cachorro” Godoy. “En la práctica, están hablando de reducir personal a través de jubilaciones obligatorias, retiros voluntarios y traslados de personal”, afirmó. ATE nacional confirmó ayer que, previendo los despidos de fin de año, convocará a un paro nacional para el próximo 29 de septiembre.

En paralelo a los despidos de fin de año, los estatales plantean la reapertura de paritarias, algo que el propio Presidente dejó en claro que no está en el horizonte del gobierno para ninguna rama productiva. El acuerdo paritario de este año, que cerró UPCN, fue del 27 por ciento en tres cuotas.

La confirmación de los despidos tuvo eco en la CGT y la CTA. “Obviamente nosotros no vamos a acompañar un recorte de esa naturaleza”, afirmó el secretario general de la CGT unificada Héctor Schmid. Consultado sobre el plan de ajuste en el Estado, Schmid señaló que si bien “no fue lo que nos informaron en la ronda de contacto con el Gobierno”, los despidos podrían agrietar aún más las “posiciones encontradas” entre la Rosada y la central sindical.

“La eliminación de empleados públicos responde al plan de ajuste” apuntó por su parte el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. “Los parásitos que comieron históricamente de la teta del Estado son los que ahora persiguen y estigmatizan al empleado público”, agregó.

Para fin de año, cuando vencen miles de contratos, Catalano vaticinó “un escenario mucho peor” que el que se vio en los ministerios durante la primera ola de despidos. “Los trabajadores perdieron el miedo”, afirmó