Nuevo piquete en los accesos al puerto

El empresario del practicaje Miguel Doñate dijo que el sindicato de marítimos extorsiona y maneja el funcionamiento de la terminal whitense y que Hugo Borelli es cómplice de esta situación.
Al igual que el viernes último, miembros de la Agrupación Marítima Whitense cortaron ayer, entre las 6 y las 14, los accesos al puerto de Ingeniero White sobre las avenidas Guillermo Torres y Vélez Sársfield, para reclamar por un convenio de trabajo que alcance a los marineros de las empresas de practicaje.

Ante esta situación, Miguel Angel Doñate, uno de los titulares de Donmar SA --una de las dos firmas que prestan el servicio en el estuario local junto a Esem SA--, advirtió que detrás de esta medida se encuentra el Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el cual "extorsiona a las empresas portuarias manejando a su antojo el personal".

Además, calificó de "cómplice" a Hugo Borelli, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, por haber apoyado la voluntad del gremio enviándole una carta formal a la Cámara de Armadores de Lanchas de Prácticos, exhortando a las dos empresas a firmar el convenio colectivo de trabajo con el SOMU.

En este sentido, Doñate resaltó que el secretario local del sindicato, Walter Resumil, es uno de los 9 directores del Consorcio.

El vocero destacó también que sus marineros "no quieren tener nada que ver con el SOMU", que no forman parte de los cortes en los accesos al puerto local y que no han dejado de operar.

Señaló que el personal de su empresa trabaja de acuerdo a las normas establecidas por el ministerio de Trabajo de la Nación y que tiene el doble de francos que los que otorga el SOMU a los marineros que suben a las embarcaciones del gremio.

"Si trabajan diez días, con el SOMU tienen cinco de franco y con nosotros, diez. Por esto y otras cosas, en todo el país nuestros marineros no apoyan al gremio", comentó Doñate.

En su cruzada contra el accionar de la actual conducción del sindicato de marítimos --que llegó hasta la Justicia--, también dijo que dicha dirigencia se queda con el sueldo de los 36 marineros que deberían estar trabajando en el buque regasificador amarrado en el muelle de la compañía Mega, ubicado en Cangrejales.

Esa cifra, que estarían cobrando desde hace cuatro años, asciende a 1,7 millones de pesos por mes, según expresó el empresario.

"Extorsión"

Doñate comentó que el gremio pretende que las empresas, al momento de contratar personal, lo hagan desde su bolsa de empleo, "lo cual es inconstitucional".

"Yo puedo contratar a cualquier argentino pero los gremios arman sus bolsas de empleo para que, luego, el trabajador les deba el favor y sea parte de sus medidas de fuerza, desoyendo a sus patrones y empleadores. Atemorizan a la gente, por ejemplo a la de los remolcadores, y logran decidir qué buque entra y cuál no. Tras extorsionarlos y coaccionarlos, los dejan entrar.

"El caso de los barcos cerealeros ha sido un ejemplo. Al `North Princess' le hicieron cambiar de bandera tras demorar su ingreso entre 25 y 30 días, pudiendo entrar la semana pasada, pero lo llamativo es que hay otros barcos de esa bandera que no tienen problemas. Las explicaciones nunca son claras. Ahora quieren sumar nuestras lanchas para tener un elemento más de extorsión", destacó.

En cuanto a la necesidad de sumar un marinero más a las lanchas de practicaje, como lo pidió el SOMU, comentó que el ministerio de Trabajo, al tratar el planteo, pidió la opinión de la subsecretaría de Transporte de la Nación, la cual expuso que era absurdo embarcar a uno más; incluso lo desaconsejó.

"Que me digan el nombre de una sola empresa donde la lancha de los prácticos tenga un marinero más de los que ponemos nosotros. No existe", aseveró el empresario, quien cuenta con cuatro marineros y dos embarcaciones.

Doñate había sido señalado por Carlos Campestrini, presidente de la Agrupación Marítima Whitense, por haber contratado personal de Quequén, sin priorizar la mano de obra local. Al respecto, el empresario destacó su libertad de elección, exhortó a no hacer diferencias entre argentinos y aclaró que se trató de una sola persona, que fue contratada para ayudarla a atravesar una difícil situación personal.

Campestrini, por otro lado, también manifestó que Doñate "castiga a los marineros a modo de revancha porque Omar Suárez, titular nacional del SOMU, terminó con el negocio que él tenía en la hidrovía del Paraná, donde explotaba a los marineros y perjudicaba a empresas argentinas".

Sobre este punto, el empresario aludido dijo que tiene una carta firmada voluntariamente por el 95% de los marineros de la hidrovía, expresando que no acompañaban las medidas del gremio.

Para Borelli

Mediante una nota dirigida al titular de la Cámara de Armadores de Lanchas de Prácticos, Armando Basigalup, el presidente del Consorcio del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), Hugo Borelli, expresó su agrado para que arbitren los medios que permitan contar con un convenio colectivo que incluya a los trabajadores afiliados al SOMU.

Lo hizo, según la misiva, con la idea de "sostener la normalidad en el puerto, que se encuentra en un importante pico de actividad estacional, y por el mantenimiento de la paz social y laboral".

"Lo que tendría que haber hecho el presidente del Consorcio --contestó Doñate-- es, primero, hacer una denuncia penal, porque no puede ser que un grupo de diez tipos estén parando el puerto de Bahía Blanca. Me extraña que haga política con esto en vez de gestionar. No puede ser que tenga miedo y sea un rehén de Walter Resumil.

"¿Qué hizo cuando el buque estuvo 30 días demorado para entrar al puerto?. El artículo 20 de la Ley de Puertos le exige a él que actúe para garantizar que los puertos funcionen. La realidad es que no tiene idea de lo que es un puerto. Lo sacaron de un cargo municipal para manejar un puerto y hace este papel patético de negociador. Tendría que denunciar penalmente lo que está sucediendo y así se acaba la j...", expresó.

También se refirió a otros puntos que el gremio pretende incluir en un convenio de trabajo.

"El SOMU pide que trabajen de 7 a 11 y de 13 a 17 lo que es ilógico. ¿Qué quieren, que los buques entren sólo entre esas horas?. No lo entiendo", opinó.

Indicó que el año pasado el SOMU rechazó firmar el convenio colectivo homologado que se mantiene desde hace 15 años y que suscribieron los otros tres gremios que tienen afiliados en las lanchas de practicaje: patrones, maquinistas navales y conductores navales.

Dragado: Tunessi pide informes

El diputado nacional Juan Pedro Tunessi (UCR) presentó un pedido de informes por la adjudicación directa de las obras de dragado de profundización y mantenimiento en el estuario local.

Al mismo tiempo, el legislador dijo que acompañará los antecedentes del caso junto con la denuncia realizada por los diputados Manuel Garrido y Graciela Ocaña, donde piden que la justicia investigue un presunto pedido de soborno durante el proceso de licitación del dragado del canal Martín García, trabajo concedido a la empresa Riovía, subsidiaria de la holandesa Boskalis.

Esta es la misma firma que junto a la Compañía Sudamericana de Dragados SA conformó la UTE que se hizo cargo de las obras en el puerto local.

"Nadie parece obligado a explicar una sola palabra respecto de las razones por las cuales el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca adjudicó en forma directa la realización de la obra por 124 millones de dólares a favor de una de las firmas competidoras en la licitación previamente declarada desierta, y en la que la misma había sido desechada por no ajustar su oferta a las especificaciones del pliego", explicó Tunessi.

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