Una obra social que no se ajusta a la ley

Una obra social que no se ajusta a la ley

El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial nacional denunció a la OS por no cubrir el total de las hormonas para afiliadas trans.

 

La Obra Social del Poder Judicial de la Nación que depende de la Corte Suprema de Justicia no garantiza el acceso gratuito a las hormonas para personas travestis y trans. No es la única pero sí muy importante. Por eso el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales de la Nación (Sitraju), junto a otras representaciones gremiales y decenas de organizaciones LGBTI+ de todo el país solicitó a la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación que se adecue a ley de Identidad de Genero y otorgue de manera gratuita las hormonas que deben tomar de por vida las personas trans y travestis.

Julia (nombre ficticio) trabaja en la Procuración hace seis años. Hace dos que se operó para reasignar su sexo y desde entonces necesita tomar hormonas de forma permanente. Según la ley 26743 de Identidad de Género, que este mes cumplió siete años, deberían cubrirle el 100 por ciento de estos tratamientos. La obra social del Poder Judicial de la Nación le cubre el 70. “Estoy peleando con la obra social para que acepten el 100 por ciento del tratamiento hormonal. Es un tema de salud porque estoy operada y necesito tomar las hormonas por el calcio de los huesos. Si no la tomo me descalcifico y me puede agarrar osteoporosis. En los hospitales públicos las están dando gratuitamente. A mí por tener obra social no me lo dan, me mandan a mi obra social”, contó a PáginaI12. “Yo uso un gel que es bastante caro, y es un tratamiento de por vida. La ley lo dice, es ridículo que te cubran el 100 por ciento de una operación de reasignación de sexo y después no te cubran el tratamiento”, agregó.

Desde la mesa de trabajo en género y diversidad de Sitraju, explicaron que asumieron la representación de sus compañeras y presentaron una demanda ante la Secretaría de Salud encabezada por el Adolfo Rubinstein, solicitando se dicte una Resolución que ordene a obras sociales y prepagas el cumplimiento de la Ley incorporada al Plan Médico Obligatorio (PMO) y se cubran las hormonas al 100 por ciento. Además, se solicitó su producción pública. El pedido fue presentado también a la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, que tiene la responsabilidad primaria de aplicación del artículo 11 (referido al derecho a la salud) de la ley de Identidad de género. Al momento no hay respuesta de la Secretaria de Salud, aunque se comprometieron “a que estos temas iban a ser tratados”, comentaron desde el sindicato.

Julieta Colantuano, coordinadora de la mesa de género y diversidad de Sitraju en la Procuración General de la Nación, informó a este diario que en la Procuración trabajan cinco compañeras de la comunidad trans: “La presencia de ellas ya es disruptiva al funcionamiento de la práctica judicial. Por eso nuestro interés en reivindicar ciertas demandas que hacen al sector”.

“A su vez eso nace porque acompañamos a una compañera en particular (Julia). Porque le rechazaron la cobertura del 100 por ciento de las hormonas que precisa. Entendemos que es un derecho que ella tiene. La obra social nunca se lo reconoció”, contó Colantuano.

Julia presentó un recurso de reconsideración, es decir, un recurso administrativo para que revean la resolución y es la ultima resolución de la obra social. “Sabemos que es una practica habitual de las obras sociales que no se aggiornan a la ley de identidad de género y es una pelea permanente. La Corte Suprema tiene que tener conocimiento de esto. Es el Poder Judicial no cumpliendo una ley”, expresó Colantuano. 

Es una permanente disputa para el cumplimiento. “La ley establece un derecho operativo pero a la hora de cumplirlo las obras sociales no lo entienden así. La Secretaría de Salud no dice por resolución expresa que estas hormonas tienen que estar cubiertas al 100 por ciento pero es un derecho que tiene que ser parte del plan médico obligatorio”, dijo Colantuano, que además hizo hincapié en que siendo una comunidad –la trans- sumamente vulnerable en sus condiciones de vida, en sus historias, en adquirir derechos, está teniendo que resolver algo que la ley garantiza, demandando y presentando recursos administrativos. 

“No es lo mismo que una compañera pueda estar en una oficina de las (Agencias Territoriales de acceso a la Justicia) Atajo y atender a una igual, a que haya personas totalmente ajenas. Como sindicato sensible queremos acompañar sus derechos y la presencia de los cuerpos de ellas en el Poder Judicial”, finalizó.

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