Obras sociales: el Gobierno aceptó quejas y frenó cambios

Obras sociales: el Gobierno aceptó quejas y frenó cambios
Por Ismael Bermudez.

Dio marcha atrás con el nuevo régimen de reintegros que perjudicaba a los gremios.

Luego de reunirse con una delegación de la CGT que comanda Antonio Caló, el Gobierno dio marcha atrás con los cambios en el régimen de obras sociales . Y la Superintendente de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld suspendió la entrada en vigencia de la Resolución 1200 que había motivado la critica unánime de los sindicatos, tanto oficialistas como opositores.

A través de un comunicado de prensa, la Superintendencia informó que Korenfeld ya había firmado la Resolución 1310 “que suspende hasta el 30 de noviembre próximo la entrada en vigencia de la 1200”. Al mismo tiempo, se abrió un período de 15 días de consulta con todas las obras sociales “para el caso de que fuera necesario una eventual modificación de la resolución en consulta”.

Como informó Clarín , la Resolución ahora suspendida fue cuestionada por la CGT de Hugo Moyano y la central oficialista de Antonio Caló porque creaba un nuevo régimen de reintegros de gastos –llamado SUR, Sistema Unico de Reintegros– en detrimento de los beneficiarios y las propias obras sociales.

La mayor objeción de los sindicalistas apuntaba al artículo 8 de la Resolución que establecía que el reintegro “no es obligatorio” y se hará “según las disponibilidades presupuestarias y las razones de oportunidad, mérito y conveniencia”. Y en caso que la Superintendencia deniegue o admita parcialmente el reintegro, la Resolución agregaba que la obra social “es la única obligada frente al beneficiario” deslindando a la Superintendencia “de toda responsabilidad”.

Los sindicalistas señalaban que esa disposición era discrecional porque dejaba en manos de los funcionarios reintegrar o no los gastos.

O lo hacia depender de un presupuesto que fija el Gobierno cuando los fondos no son del Estado sino de las obras sociales.

Este sistema, antes conocido como APE (Administración de Programas Especiales) se financia con dinero del Fondo Solidario de Redistribución, que se forma con una parte de los aportes de los trabajadores y empresarios a las obras sociales. Es una especie de reaseguro del sistema con el objetivo de repartir en forma solidaria a las obras sociales los gastos que demanda “la atención de las enfermedades de baja incidencia, alto impacto económico y largo tratamiento”.

Otro punto crítico de la Resolución es el que permitía que las obras sociales cedan el derecho de cobro de los reintegros a favor de ciertos prestadores o proveedores. Aquí las obras sociales señalaban que la disposición tendía a favorecer a ciertos prestadores que pudieran acordar con la Superintendencia la transferencia de los reintegros.

Tampoco pasó desapercibido, más aún luego de las fuertes críticas de Hugo Moyano, el capítulo referido a los discapacitados. Porque según las obras sociales la Resolución fijaba un tope de $ 2.800 mensuales para el transporte, cuando los gastos son superiores y antes no había tope, y eliminaba el pago de la escolaridad, un gasto clave.

También los sindicalistas volvieron a reclamar por los $ 14.300 millones que el Gobierno le adeuda a las obras sociales, por los fondos del sistema retenidos, Y se quejaron porque de los $ 1.160 millones presupuestados para este año, los reintegros no llegan a los $ 500 millones.

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