Los dirigentes gremiales cordobeses coinciden en que la decisión del Gobierno nacional de asignar 13 mil millones de pesos a las obras sociales sindicales da respiro a las arcas de los servicios de salud de los trabajadores, pero no apaga el reclamo del paro.

“Si por nosotros fuera, debería haber un paro de 72 horas porque la situación no va más”, dijo Pablo Chacón, dirigente de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio (Agec) que tiene a Osecac como una de las obras sociales más grandes del país.

Por decreto, el presidente Mauricio Macri reasignó fondos disponibles del Fideicomiso de Administración hacia el Fondo de Emergencia y Asistencia de los Agentes del Seguro de Salud, que brinda asistencia financiera a obras sociales. Sin embargo, desde los gremios coinciden en que se trata de dinero adeudado.

Al respecto, Héctor Morcillo, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (Stia), señaló que “es un poquito de oxígeno”, pero que “esa plata es de las obras sociales, es del fondo de redistribución”.

 

“No nos están dando nada extra. Lo van a dar ampliando el pago de los expedientes que nos deben. En el caso de Ospia, nosotros tenemos expedientes por más de 100 millones de pesos que la Superintendencia nos tiene que reintegrar de los tratamientos de alta complejidad”, argumentó Morcillo.

El secretario general de Stia criticó esta decisión del Gobierno y dijo: “No resuelve el problema de fondo porque la situación financiera de la mayoría de las obras sociales está muy comprometida”.

“La brecha entre mayores costos y menos ingresos es cada vez mayor por pérdida de afiliados, los precios en dólares y el aumento de medicamentos y prótesis de alta complejidad”, detalló Morcillo.

Por su parte, Mauricio Saillén, dirigente de Ossurrbac, la obra social del gremio de recolectores, indicó que el decreto del Gobierno nacional no modifica la situación del sistema de salud sindical del Surrbac.

“A Ossurrbac no le cambia en nada, no depende de méritos ajenos, tiene una gran administración y certifica Normas ISO todos los años”, dijo.

Mientras tanto, Chacón aseguró que el Gobierno “habilita el pago cuando las obras sociales están por quebrar”.

El dirigente de Comercio señaló que esta situación obedece a una situación crítica.

“Han desfinanciado las obras sociales y si no les ingresaba plata de ninguna parte, en mayo estaba previsto que las obras sociales iban a quebrar, creo que esto ha presionado a esta decisión”, opinó.

Medida de fuerza

La decisión de la Casa Rosada llegó en medio del debate interno en la CGT nacional sobre la necesidad de ir al quinto paro contra Macri.

Para Saillén, el decreto presidencial “puede calmar a dirigentes unitarios”, pero no al sector que él representa.

“La CGT Rodríguez Peña está todas las semanas tomando decisiones con acción en la calle que culminarán seguramente en un gran paro con fecha tope 29 de mayo”, dijo Saillén.

En consonancia, Morcillo reivindicó la idea de que se decrete una medida de fuerza de carácter nacional y evaluó que “se necesita un cambio de 180 grados en la política económica”.