Obras sociales: los gremios suman al paro un reclamo por $ 28 mil millones

Obras sociales: los gremios suman al paro un reclamo por $ 28 mil millones

Es plata que debería ir a los servicios de salud de los sindicatos. Pero el Gobierno la tiene retenida y la va devolviendo en función de sus intereses políticos.

Los gremios enrolados en las centrales sindicales opositoras convocaron a un paro nacional el 9 de junio para exigir cambios de fondo en el Impuesto a las Ganancias, paritarias libres y sin pauta oficial, un aumento de emergencia a los jubilados y medidas contra la inflación y la inseguridad. Pero además, los gremialistas impulsan en común otro reclamo “de peso”: unos $ 28.000 millones que pertenecen a las obras sociales y que el Gobierno tiene retenidos en una cuenta en el Banco Nación.

La deuda -según los cálculos más actualizados que manejan los sindicalistas- se incrementa a razón de $ 300 millones por mes, que deberían haber sido distribuidos entre las obras sociales.

La cifra global es lo que las obras sociales estiman que está acumulado en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Las entidades se quejan de que no cuentan con datos oficiales porque hace ya varios años que el Gobierno no les rinde cuentas sobre el manejo de esos cuantiosos fondos.

El FSR se conforma con un porcentaje de los aportes y contribuciones mensuales que hacen los trabajadores y los empleadores.

Con ese Fondo se financian en forma “solidaria” (sin distinción del tamaño de la obra social y de lo que aportan sus afiliados) tratamientos médicos de alta complejidad y a las entidades sindicales de salud que tienen afiliados con niveles salariales bajos o menor recaudación, a fin de asegurarles un piso mínimo de ingresos por afiliado. Y el excedente que queda en ese fondo tras pagar esos tratamientos médicos debería ser redistribuido todos los años entre las obras sociales según la participación de cada una en el total de la recaudación. Esto es lo que marca la ley 23.661 de obras sociales y que no se está cumpliendo según denuncian los gremialistas.

Si bien la recaudación de esos aportes la realiza la AFIP y el Fondo es administrado por el Estado, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, lo acumulado no es dinero del Estado sino que pertenece a las obras sociales. Por eso todas las entidades sindicales -desde las oficialistas nucleadas en la CGT de Caló, hasta la de Hugo Moyano y la de Luis Barrionuevo- reclaman la distribución de esos fondos que están retenidos.

La semana pasada, Juan Carlos Schmid, secretario general de la confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, dijo en declaraciones radiales que el paro nacional del próximo 9 de junio es “por la inflación, por las paritarias, por Ganancias y por las obras sociales”, en referencia a esa deuda.

Mantener retenidos esos cuantiosos fondos le permite al Tesoro Nacional contar con una financiación extra del Banco Nación, donde está depositada la plata. Y también es un valioso instrumento de presión y negociación sobre los sindicatos. En 2012 un informe de la Auditoría General de la Nación admitía que el sal­do fi­nal al cie­rre del ejer­ci­cio 2010 de la cuen­ta co­rrien­te 4693/36 era de $ 6.144 millones y la cuen­ta co­rrien­te 2713/69 as­cen­día a $ 56.691.972,67. Esas cuen­tas ban­ca­rias son del Ban­co Na­ción y co­rres­pon­den al FSR.

Un informe publicado en la Revista Médicos precisa que “al 31 de diciembre de 2011, la suma sin distribuir en poder del FSR ascendía a $ 10.411.522.000” (diez mil cuatrocientos once millones quinientos veintidós mil pesos). Desde entonces, esas cuentas no dejaron de crecer, pero no hubo información oficial.

La AGN de­ta­lló que en 2008 que­dó sin dis­tri­buir el 53% de la re­cau­da­ción del Fondo. En 2009 el 50% y en 2010 el 60%. Ahora, las obras sociales calculan que se recaudan $ 1.100 millones por mes y queda un excedente de $ 300 millones mensuales. La proporción sin distribuir se habría reducido porque se ampliaron las compensaciones a las obras sociales con jubilados y afiliados discapacitados.

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