El oficialismo convocó ayer a una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto, Trabajo y Legislación para sacar despacho del proyecto. Y una vez más, no logró quórum.

Como en anteriores ocasiones, los senadores del Frente Renovador, de los bloques peronistas y del kirchnerismo, se negaron a avalar la movida oficialista para avanzar con la aprobación de la ley.

El proyecto tiene sanción de la Cámara de Diputados pero sigue trabada en el Senado donde Cambiemos no puede obtener número para aprobarlo. Si bien se dice que la semana que viene habrá un nuevo intento, lo más probable es que los senadores oficialistas deban esperar hasta diciembre cuando cuenten con mayoría propia y ya no dependan de acuerdos con la oposición.

La ley de ART viene generando una fuerte polémica y es rechazada por distintos sectores políticos, sindicales y sociales.

Si bien para el oficialismo bajaría el nivel de litigiosidad laboral y permitiría aumentar el empleo, la oposición sostiene que con esta norma se avanza hacia la flexibilización del trabajo.

La norma obligará a que un trabajador pase por una comisión técnica que determinará si un accidente laboral tiene esas características o no. Si el resultado es positivo, recién ahí podrá ir a la Justicia.

Si bien el oficialismo volvió a fracasar en el intento, gremios que integran la CTA Autónoma bonaerense reiteraron su rechazo a la adhesión a la ley nacional al considerar que “perjudica a los trabajadores y es un atropello a la salud e integridad” laboral de los empleados.

El titular de ATE Provincia, Oscar de Isasi, sostuvo que el nuevo régimen de ART “perjudica al conjunto de los trabajadores y a los sectores más vulnerables en materia de riesgos de trabajo, salud laboral y prevención. Sólo va a poner trabas a los y las trabajadoras que tienen enfermedades profesionales o accidentes de trabajo”.

“Lo que hace es generar aseguradoras de riesgos de trabajo, es decir el Estado vuelve a renunciar al rol de prevención y promoción de salud en lo que hace a la salud laboral, esas aseguradoras hacen convenios con las empresas y por lo tanto significa un circuito de negocios que poco tiene que ver con darle solución a los y las trabajadoras“, remarcó de Isasi.

Por su parte, Fernando Corsiglia, titular de la Cicop, consideró que “el poner una traba más generando esta instancia de ‘comisión médica’ tiene que ver con la decisión de hacia dónde se gobierna, y queda claro que así se está privilegiando la situación de la patronal“.