El proyecto de Presupuesto Nacional 2019 que el Gobierno presentó ayer el Congreso es mucho más que un cálculo clásico de gastos y recursos para el año que viene. En realidad, además de las disposiciones sobre deuda, distribución de cargas a provincias (como la transferencia de subsidios a la energía a María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta) el proyecto es casi una reforma impositiva en si mismo. Allí se modifican, además, condiciones de aportes a los fondos fiduciarios que alimentan las obras de los PPP y se libera al Gobierno de los límites que imperaban hasta ahora para renegociar y colocar deuda, en medio de las tormentas del sistema financiero internacional. 

Veamos algunas de las novedades:

• PPP: se habilita a que las provincias o municipios puedan "aportar bienes, garantías y aportes presupuestarios a los fondo fiduciarios de los PPP cuando hasta ahora solo podía habilitarlo la Nación. También podrá incorporar capital "cualquier persona humana o jurídica privada".

• Deuda: el Gobierno podrá modificar las condiciones de negociación de la deuda pública de acuerdo a las "condiciones imperantes en el mercado". La diferencia con el régimen actual es clave: hasta ahora el Poder Ejecutivo podía apartarse de la autorización del Congreso solo si era para mejorar las condiciones de colocación de deuda. Con la crisis argentina e internacional ese precepto podría aplicarse absolutamente invertido. Así la autorización para reestructurar deuda pública "mediante su consolidación, conversión o renegociación" podrá hacerse "atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero".

• Secreto fiscal: se elimina para la ANSES en el caso de datos viculados a la "prevención y fiscalización del fraude en el otorgamiento de prestaciones o subsidios".

• Reintegros para el consumo: la AFIP podrá establecer "un régimen de reintegros" para los consumidores. Es otro intento de volver al régimen de devolución de IVA para incentivar el consumo a través de compras con tarjetas de débito y crédito. Si bien el artículo explica que la intención de incentivar la economía en blanco a través del uso de tarjetas, el impacto en el consumo puede ser interesante. Cuando se aplicó en el país, el sistema devolvía hasta 5 puntos de IVA por compras. 

• Retenciones: el proyecto autoriza al Gobierno a fijar "derechos de exportación" hasta 33%. Ese nivel de retenciones máximas a cualquier exportación argentina podrá ser aplicado hasta el 31 de diciembre de 2020. 

• Ganancias sobre cooperativas y mutuales de préstamo y seguros: será sin dudas uno de los puntos más discutidos del Presupuesto 2019 por los intereses que toca en las cooperativas que se dedican a prestar fondos con descuento automático en recibos de sueldo, y que cobran tasas usurarias, y las que actúan en el mercado de seguros.

El proyecto de presupuesto dispone que "las utilidades de las sociedades cooperativas de cualquier naturaleza y las que bajo cualquier denominación (retorno, interés accionario, etc.), distribuyen las cooperativas de consumo entre sus socios" que actúan en el mercado de préstamos y seguros pasarán a pagar el impuesto a las Ganancias. La derogación de esa exención se intentó en múltiples ocasiones durante las últimas décadas. 

• Exenciones a IVA: se establece que las empresas que ejecuten obras destinadas a la construcción de vivienda social estarán exentas del pago del IVA, salvo que se trate de mejoras sobre edificaciones que fueron construidas con anterioridad. 

• Pesos por votos: el Presupuesto 2019 establecerá que el valor del módulo electoral, es decir el que se asigna al financiamiento de los partidos políticos por cada voto obtenido en la elección inmediata anterior, se fija en $8,50.

• Indexación: los préstamos con garantía Prendaria podrán ser actualizados desde ahora por el CER y desde ahora se habilita a otorgarlos en UVA (Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por CER). Para hacerlo, el proyecto modifica uno de los artículos vigentes de la Ley de Convertibilidad original que hizo sancionar Carlos Menem cuando Domingo Cavallo era ministro de Economía, que prohibía taxativamente la indexación en los contratos. 

• Retiro voluntario: el proyecto habilita al Poder Ejecutivo a llamar a planes de retiro voluntario para el personal de la Administración Nacional. Forma parte del recorte en el gasto público en personal que el Gobierno lleva adelante. El personal que se retire no podrá ser reemplazado. Todo el programa queda a cargo de Andrés Ibarra, que continúa en el control de la ahora Secretaría de Modernización, Esta semana Ibarra anunció el avance de los recortes en los cargos jerárquicos del sector público con la eliminación de 1000 puestos de alto rango en 34 organismos descentralizados.