El pliego del dirigente de Cambiemos fue parte de un acuerdo con el intendente Adrián Maderna tras las PASO.

Ahora se deberá dar tratamiento dentro del Concejo Deliberante de Trelew para su aprobación. Entre los argumentos esgrimidos, desde la prestataria también explican que Ramón tiene en su contra causas penales relacionadas con el ámbito institucional de la entidad y manifiesta la animosidad que podría tener contra la empresa, lo que podría violar la Ley de Ética Pública.

Sin los requisitos

“La persona propuesta no cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 3 de la Ordenanza que regula el OMRESP, a saber: ser profesional universitario con incumbencia principal en actividades específicas, con antecedentes técnicos y condiciones de idoneidad en la prestación de los servicios públicos”, afirman.

Indican que “de los antecedentes no surge el cumplimiento de ninguno de esos requisitos porque su título de grado no guarda vinculación con las funciones que debe cumplir, carece de antecedentes técnicos y por consiguiente de la idoneidad básica requerida legalmente para el cargo”.

Asimismo, expresan que “la persona propuesta tiene causa penal en su contra por falsificación de firma y uso de documento con firma falsa intentando engañar a la Cooperativa Eléctrica de Trelew en las últimas elecciones de delegados”. Y detallan que “siendo el principal referente de la lista opositora 2 Blanca, presentó avales con firma falsificada en las oficinas de la Cooperativa, intentando engañar al síndico y a los encargados de control del acto eleccionario. La planilla que contenía las firmas falsas llevaba la rúbrica de autenticidad de José María Ramón por su condición de apoderado, por lo que resulta el principal responsable de la falsificación de la firma y uso de documento falso”.

Acciones legales

Frente a ello, las autoridades dejan expuesto las objeciones a la designación y aclaran que “ante su eventual nombramiento hacemos reserva de accionar legalmente por la Ley de Ética Pública en cada caso que vincule su actuación con la Cooperativa Eléctrica”.

En esa dirección, remarcan desde el Consejo de Administración que “estando José María Ramón incurso de acciones objetivas serias, con claros visos de haber usado documento con firma falsificada, con denuncia penal en su contra radicada por la Cooperativa a controlar y ante la posibilidad cierta de ser condenado en el curso del proceso, es evidente que ante cualquier situación que involucre a la Cooperativa Eléctrica y a los servicios a su cargo, habrá de perder el íntimo valor de la imparcialidad y/o criterio de presunción social de neutralidad requerido por el Artículo 18 de la Ley de Ética Pública”.