Adicionalmente aparecen empresas asociadas directamente con ese grupo que se llevarían la parte del león en caso de concretarse los planes de Rovira, accediendo al manejo de 200 millones de dólares.

El candidato corrupto del macrismo para dirigir Yacyretá

Luis Lichowski fue propuesto por Carlos Rovira, quien maneja Misiones hace dos décadas, de estrecha relación con Humberto Schiavoni.https://t.co/OgrjKs6gln

— Marcelo G. Cena (@marceloCena) January 26, 2020

Bacigalupi tiene varias denuncias cajoneadas por la Justicia de Misiones por exigencia de coimas y mal desempeño como funcionario público. Es el candidato escogido por Rovira para manejar Yacyretá, la represa que provee prácticamente la mitad de la energía que se utiliza en suelo argentino. Durante la presidencia de Mauricio Macri, Rovira estableció un marcado acercamiento con el Gobierno Nacional que concluyó el 10 de diciembre de 2019 y con el ex presidente del PRO, Humberto Schiavoni, a punto tal que jugó abiertamente en favor de la reelección de Macri.

La relación entre Schiavoni y Rovira mantiene toda su solidez. Lo que no es un dato menor, ya que el ex Presidente del PRO fue titular de la represa en dos ocasiones: antes de la presidencia de Néstor Kirchner y durante la gestión de Macri, entre diciembre de 2015 y octubre de 2017. Al asumir su cargo, Schiavoni declaró bienes por un total de 1.850.429 pesos entre inmuebles, rodados, créditos de la AFIP, cajas de ahorro en pesos y dinero en efectivo. Un año después, su patrimonio declarado ascendía a 33.707.455 pesos. En un solo año de administración de Yacyretá consiguió “ahorrar” 31 millones de pesos. La Justicia y los mecanismos de control del Estado ni se enteraron.

Bacigalupi está muy vinculado a los oscuros manejos con el ingeniero Rubén Vega, otro hombre del riñón del rovirismo que simultáneamente se desempeñaba como coordinador de la Unidad Ejecutora de Misiones y como uno de los dueños de la Empresa Obras S.A., según comprobó la Justicia en 2017. Vega no dejó de hacer negocios non sanctos y sobre él pesan varias denuncias, sobre todo vinculadas con el tema de Aguas Potables.

A Bacigalupi, además, se lo señala como el articulador de un entramado que beneficia a la empresa Borcom -cuya propiedad se atribuye a Rovira- con la contratación de obras públicas a través de la Dirección de Arquitectura. Asimismo, es vox populi en la provincia su asociación con Tecnoedil, una empresa que desplazó a la de José Cartelloni -a través de un proceso plagado de irregularidades- para quedarse con la realización de obras en Yacyretá por montos varias veces millonarios. En sus ratos libres maneja además un emprendimiento de obras públicas en el interior de la provincia, en sociedad con el cuñado de otro alto funcionario.

Pese a que en una provincia con escasa población como Misiones, estas novedades tienen prácticamente estado público, la Justicia se mantiene inmóvil. La denuncia que pesa sobre Bacigalupi en el Tribunal de Cuentas por temas vinculados con la Unidad Ejecutora provincial duerme apaciblemente el sueño de los justos.

Por si esto fuera poco, el candidato de Rovira para Yacyretá también estuvo vinculado con otro tema asociado con la corrupción en Misiones: el Plan Jatropha destinado a desarrollar el biodisel en la provincia, donde mágicamente desaparecieron unos 17 millones de pesos en 2017 y por el que fueron denunciados judicialmente el senador Maurice Closs, el ex gobernador Hugo Passalacqua y el empresario-funcionario Cirilo Vega, entre otros.

Días atrás, Bacigalupi fue denunciado por la CTA provincial por el recorte de un adicional del 2 por ciento que cobran los trabajadores de categoría 19 en adelante con permanencia en los cargos, dispuesto por una normativa de 1999, y que afecta las reparticiones de Obras Públicas, Agricultura y Transporte. El tijeretazo asciende a unos 15.000 pesos en promedio, y se utilizó para beneficiar a los “amigos del poder”, es decir, funcionarios que no reúnen las condiciones requeridas para percibir el beneficio.

Tal como definió con resignación en 2018 el empresario Enzo Giraudo, a quien el candidato anterior de Rovira para la presidencia de Yacyretá, Luis Lichowski, le exigiera una coima de 300.000 dólares -una práctica que Giraudo consideró habitual en el rovirismo-, "quien no está con ellos, se tiene que ir. Toda la actividad privada, tiene que estar en relación con alguno de ellos. Y hay un montón de ejecutores".

Tal como puede advertirse, los gobiernos nacionales pasan, pero el rovirismo, potenciado por su alianza con el PRO, se reproduce e incrementa sus negocios y su control sobre la provincia.

¿Continuará siendo así durante el gobierno del Frente de Todos o Alberto Fernández -convertido en un moderno Hércules- se decidirá por cortar con un estoque certero las siete cabezas de la Hidra?