Además de la postergación de vencimientos (estimados en 600 millones de pesos para este año), dispone que se suspendan los juicios de ejecución fiscal “y cualquier medida preventiva para el cobro de los impuestos y obligaciones de la seguridad social”.

Se autoriza a la AFIP no solo a postergar vencimientos, sino que además deberá establecer planes de pago para deudas ya vencidas y las que se generen antes del 31 de mayo de 2018.

Crexell, una vez concluida la votación manifestó que “primó un sentido de solidaridad” entre representantes de las distintas bancadas con economías regionales que están al límite de la subsistencia.

“Frente a cierta demora de la AFIP de lanzar la postergación y la refinanciación de obligaciones, lo que hicimos fue elaborar una nueva herramienta que le establece a la autoridad recaudatoria los pasos que debe dar”, explicó la Senadora del Neuquén.

Hay una ventaja adicional para los más pequeños eslabones de estas cadenas económicas, que consiste en otorgar a quienes facturen menos de 7 millones de pesos al año, poner bajo régimen de facilidades de pago sus obligaciones que aún no hayan vencido. Deberán afrontar un interés del 1% mensual y contarán con 90 cuotas mensuales.

Todo plan de financiación de obligaciones vencidas comenzará a regir una vez concluida la emergencia ya aprobada. Según la Ley, la emergencia tendrá una duración de 365 días, prorrogable por un período similar.