En ese marco, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial expresó su preocupación porque “no ha sido convocado por el Ejecutivo para discutir la política salarial del sector que representa”. Y en forma paralela, la Asociación Judicial Bonaerense volverá a concretar hoy un nuevo paro de 24 horas para exigir la convocatoria a paritarias.

La entidad que agrupa a los jueces indicó en su plateo que “los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires merecen un servicio de justicia jerarquizado y eficaz”, indicó la entidad, que añadió: “El diálogo entre los operadores del sistema y quienes ejercen la representación política y disponen de los recursos presupuestarios, es imprescindible”.

“Este Colegio ha defendido e impulsado políticas de ajuste automático del presupuesto y de los haberes de los integrantes del Poder Judicial, la autarquía presupuestaria y la equiparación con la Justicia Nacional, para evitar que el sistema se vea desfinanciado y para poner fin a la conflictividad vinculada con las discusiones salariales”, añadió la institución.

Finalmente, reclamó al Ejecutivo “poner fin a la postergación salarial e infraestructural en la que se encuentra la justicia local, que ocupa los últimos lugares en la escala que la compara con sus pares del resto del país”. De acuerdo a un informe oficial, los sueldos de magistrados y secretarios de la Provincia se ubican en el puesto número 18 en el país.

Por su parte, la Asociación Judicial Bonaerense concretará hoy un nuevo paro y movilizará junto a los docentes a Plaza de Mayo.

RECOMPOSICION

Los judiciales reclaman al Ejecutivo una recomposición salarial de entre el 36,2 y el 40% y además rechaza las iniciativas tendientes a eliminar la feria judicial “que intentan precarizar aún más las condiciones laborales de miles de empleados y funcionarios judiciales bonaerenses”.

Otras reivindicaciones son la eliminación del cargo de auxiliar 3º y transformación automática de todos los agentes que revistan en esa categoría a la de auxiliar 1º; pago de la bonificación por bloqueo de título a los peritos y otros profesionales no abogados y la sanción de una ley que regule la negociación colectiva entre el Estado provincial y los trabajadores judiciales.