Alfredo Cornejo puso marcha atrás a una decisión de la Justicia y propuso bajar la tasa de interés moratorio que se origina en un juicio laboral, civil o comercial. Días atrás ingresó a la Cámara de Senadores un proyecto de ley que basa el cálculo en UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), al que se le puede sumar el 5% anual, y no en una tasa que hoy está en el 32% anual.

 

Así, el Gobernador pretende revertir un fallo de la Suprema Corte de Justicia que si bien fue firmado en plenario el 30 de octubre, tuvo posturas diferentes. Los jueces enfrentados con Cornejo, (Omar Palermo, Julio Gómez, Alejandro Pérez Hualde y Mario Adaro) resolvieron elevar el cálculo de la tasa de interés moratoria que pasó del 19% y el 23% (según si el trámite se hace en sucursal o a través de internet) al 32%. 

 

En los efectos inmediatos, tanto las Cámaras empresarias mendocinas como el Gobierno provincial interpretaron que la elevación del interés cuando se paga a “destiempo” (una mora) desalienta la generación de empleo y “alimenta” la industria del juicio en una provincia que, de por sí, ya tiene un alto índice de litigiosidad.

 

“Cuando una pyme va a emplear gente tiene que analizar, entre otras cosas, las eventuales demandas. Si se aplica una tasa muy alta, el empleador prefiere seguir trabajando con el personal que ya tiene”, explicó el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, uno de los funcionarios que, junto al ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, redactó el proyecto. 

 

La noticia fue bien recibida en el sector empresarial, que reclama esta baja. “Nosotros bregamos por impuestos inteligentes que permitan trabajar y pagar lo que corresponda y que todos estemos en la formalidad”, expresó Daniel Ariosto, presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM).

 

Otro de los efectos que buscan revertir es la conocida “industria del juicio”. Según entienden, una tasa alta fomenta la cantidad de juicios ya que resultará más conveniente litigar, y prolongarlo en el tiempo, que no hacerlo. “Se genera un plazo fijo judicial”, señaló D'Agostino.

 

 

 

La reacción oficial

 

Para hacer frente al fallo plenario de la Corte, Cornejo recurrió al artículo 768 del Código Civil, que establece que la determinación de los intereses moratorios surgirán, entre otros puntos, de lo que dispongan las leyes especiales. Para eso, el proyecto plantea derogar la actual “ley especial” (7.198), que se redactó en 2004 y que fue declarada inconstitucional.

 

Esta norma planteaba que debía usarse como referencia la tasa pasiva del banco Nación, que es mucho más baja que la activa. “Una tasa muy baja también alienta la litigiosidad por parte del deudor, a quien le conviene estirar el proceso. Por ejemplo, a un empleador, en lugar de pagar una indemnización, le conviene ir a juicio y poner ese dinero que debe a ‘trabajar’ en el sistema financiero que ofrece un mayor interés. Con la ganancia luego paga el litigio”, consideró D'Agostino.

 

En 2009 esta ley fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte en el fallo plenario “Aguirre”, por considerar que esta tasa fija no cumple con la función resarcitoria que deben tener los intereses moratorios. Allí pasó a considerarse la tasa activa, que según el Nación es del 19%.

 

Pero este año, otro fallo conocido como “Citibank” volvió a cambiar las reglas. La Corte, con la división de posturas mencionada, resolvió que el cálculo del interés que se debe pagar en un juicio esté sujeta al interés de los préstamos personales del Banco Nación “Libre Destino” a 36 meses.

 

Según este banco, este porcentaje es del 32% TNA (Tasa Nominal Anual). Es decir, una diferencia de 13 puntos.

 

La intención del proyecto de Cornejo es hacer equilibrio entre esa primera norma, con una tasa muy baja, y la actual, con un interés alto. Para eso, el cálculo propuesto sea en base al UVA, que se actualiza diariamente, más un plus del 5% anual que pueda aplicar el juez si así lo considera. 

 

“El objetivo de la tasa de interés es mantener y preservar el capital”, justificó el funcionario de Cornejo.