Otro zorro de la Rural para cuidar el gallinero

Otro zorro de la Rural para cuidar el gallinero

Además de Etchevehere al frente del Ministerio de Agroindustria, la Sociedad Rural consiguió que otro de sus directivos, Abel Guerrieri, quedara al frente del Renatre. En 2008 se opuso a la jornada de 8 horas en el campo.

 

La Sociedad Rural Argentina (SRA) no sólo llegó al Ministerio de Agroindustria de la mano de Luis Miguel Etchevehere sino que acaba de asumir la conducción del Registro de los Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) a través de Abel Guerrieri, director de acción gremial de la patronal agropecuaria. Este abogado de 65 años avaló con su voto la ofrenda de 500.000 pesos que la SRA le entregó a Etchevehere como bono por su pase al gobierno de la Alianza Cambiemos (ver aparte). Pero ese no fue su mayor mérito de gestión. Cuando Guerrieri integró la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) en representación de la SRA en 2008, votó en contra de eliminar las jornadas laborales de sol a sol y fijar un régimen de 8 horas diarias (Resolución 71/2008). Y en 2007 rechazó que a los trabajadores rurales de Santiago del Estero se les pagara un adicional por finalizar sus estudios (Resolución 68/2007). El Renatre, organismo ideado por Gerónimo Venegas y Eduardo Duhalde en 2002, fue una estructura que en la práctica encubrió la explotación laboral en el sector rural en una connivencia entre las patronales y la Uatre. Este esquema sólo se desmontó entre 2011-2015 luego de la sanción del nuevo estatuto del peón rural y la creación del Renatea. Luego de la asunción de la Alianza Cambiemos se retornó al viejo Registro, con sus viejas prácticas de encubrimiento.

Guerrieri es de la localidad de Bragado. Su rol dentro de la SRA fue ser siempre “soldado” de quién fuera titular de la patronal agraria. Durante la gestión de Hugo Biolcatti fue el representante de la SRA en la Mesa de Enlace de la provincia de Buenos Aires. Con Etchevehere también hizo las veces de “mano derecha”. No por nada fue uno de los directores que convalidó el bono de regalo para el ministro de Agroindustria, que en 2014 fue denunciado por el Renatea por tener dos trabajadores bajos condiciones infrahumanas, los hermanos Sergio y Antonio Cornejo.

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En 2010, cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso el proyecto de ley para sancionar el nuevo estatuto del peón rural y crear el Renatea, Guerrieri fue uno de los principales detractores de la medida junto al “Momo” Venegas.

En julio de aquel año, el ruralista sostuvo en una entrevista para “Ondas de Campo” que la creación del Renatea “significa un nuevo ataque al campo, ataque al gremio (Uatre) y a las entidades que forman parte de la Mesa de Enlace”. Era la misma prédica que la de Venegas. Pero el nuevo titular del Renatre realizó otra afirmación en aquella entrevista: manifestó que la ex Presidenta mentía al afirmar que en el campo existía el trabajo de sol a sol ya que la CNTA había emitido una resolución en la que fijaba las jornadas de 8 horas. Lo que nunca admitió Guerrieri, al menos en público, es que él votó en contra de mejorar las condiciones laborales de los peones rurales de todo el país.

“Que la limitación del horario de labor en el ámbito rural se exhibe como un progreso y mejora impostergable de las condiciones de vida de los trabajadores agrarios, que constituye en sí mismo un valor que justifica su regulación normativa (…) se adopta la siguiente resolución, respecto de la cual y de los considerandos que anteceden se han manifestado en desacuerdo las entidades empresarias integrantes de la CNTA: SRA, CRA, FAA y Coninagro”, puede leerse en la Resolución 71/2008 firmada el 3 de diciembre. El rechazo de la SRA lleva la firma de Guerrieri.

El nuevo presidente del Renatre, formalizado el martes pasado, integró la estructura ideada por Venegas y Duhalde casi desde el principio. Su fecha de ingreso al organismo que durante diez años (2002-2011) montó un esquema de contratos dirigidos a empresa vinculadas a la Uatre y la obra social del gremio (Osprera) fue octubre de 2004. Su número de legajo era el 149 y cuando el Congreso de la Nación sancionó la ley que le permitió al Estado recuperar la potestad de la fiscalización en el sector rural, Guerrieri era vicepresidente del Renatre.

Durante su último año de gestión en el Registro recibió 377.185 pesos de salario bruto como representante de la SRA. Pero eso no fue todo. Además de la distribución de contratos millonarios a empresas vinculadas a la Uatre, como en el caso de Gregard SA (ver aparte), Venegas también avaló un esquema de cuantiosos “viáticos” para los directores de las patronales agrarias. En 2011 recibió por este concepto 214.953 pesos según las planillas que fueron analizadas por la Sindicatura General de la Nación al momento de evaluar la gestión de Venegas al frente del Registro.

El representante de la Sociedad Rural Argentina estará acompañado por Alfonso Carlos Máculus en su doble rol de vicepresidente del Registro e integrante de CRA. Su ingreso al Renatre fue en agosto de 2002 con el número de legajo 38. En 2011 se llevó una retribución bruta por 505.395 pesos, más 439.605 pesos en viáticos, de los cuales 246.880 fueron remunerativos.

La plata que circulaba por el Renatre en la era Venegas –esquema que fue retomado desde la llegada de la Alianza Cambiemos– servía para financiar la política gremial de las patronales agropecuarias y fue el sostén político de Venegas, primero al servicio exclusivo de Duhalde, luego al servicio de su partido FE para concluir sus días junto a Mauricio Macri.

Mientras el dinero circulaba entre los directores del Renatre y en la serie de empresas tercerizadas para la (no) fiscalización del trabajo rural, los peones eran explotados. Parte del fraude del Renatre fue inflar el número de trabajadores con libretas. En 2012 este diario publicó la historia de las libretas entregadas a quienes nunca habían sido trabajadores rurales.

En su primer año de vida, el registro gestionado por el Momo había emitido 71.174 libretas. Al año siguiente ya acumulaba 212.612. En 2004 había un acumulado de 274.377. Para 2005, contabilizó 342.170 libretas y al año siguiente eran 439.749. Sin embargo, en los registros del Ministerio de Trabajo los peones del sector que trabajaban bajo relación de dependencia eran solo 330.566. Desde los primeros años de vigencia del Registro ya había más libretas que peones formalizados.

Para 2007, los supuestos peones con libreta habían ascendido, según la información que brindaba el Renatre, a 549.322. Al año siguiente ya eran 644.365 supuestos peones con libreta, mientras que los trabajadores realmente registrados por la cartera laboral ascendían a 359.659.

En 2009, el Renatre había declarado un total de 709.759 supuestos peones con libreta, mientras que para 2010 eran 776.969 trabajadores. En 2011, último año de vigencia del organismo antes de la sanción del nuevo estatuto del peón rural, los trabajadores con libreta habían llegado a los 846.739. Ese año, los registrados por el Ministerio de Trabajo habían ascendido a 363.033. Es decir, en el Renatre había un 133 por ciento más de peones supuestamente registrados que los trabajadores contabilizados por la cartera laboral.

El dato más impactante del fraude creado por el Momo surgía de cruzar la supuesta existencia de todas esas libretas con la información proporcionada por la AFIP. Del total de peones que figuraban en el Renatre hacia fines de 2011, sólo el 42 por ciento tenía aportes registrados ante el organismo fiscal. Cuando el Estado nacional retomó la potestad de fiscalizar el trabajo rural (2011-2015), la ecuación cambió: del total de peones con libreta, el 84 por ciento pasó a registrar aportes en la AFIP.

¿Cuál era el objetivo de inflar el número de trabajadores registrados? El primero, ocultar la explotación laboral en el campo que se efectuaba en connivencia entre la Uatre y las patronales agropecuarias. El segundo, crear una pantalla para que el Registro firmara millonarios contratos de fiscalización (Gregard SA, que actualmente volvió a trabajar para el Renatre), cobranzas (Trivio SA), sistemas informáticos, con sociedades vinculadas a la Uatre y Osprera, bajo el amparo de la SRA y el resto de las patronales agropecuarias, cuyos integrantes se vieron beneficiados por la ausencia de controles durante el período 2002-2011. Este es el esquema que volvió a estar vigente desde la llegada de la Alianza Cambiemos, cuyo garante será ahora el representante de la Sociedad Rural Argentina.

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