Fue en su condición de vicepresidente de la Internacional del Transporte. Estampó su firma en una carta que la ITF le envió a los ministros Carlos Moroni y Daniel Arroyo, y al subsecretario de Pesca, Carlos Libertman, donde expresan su repudio por el «lock out» patronal de los empresarios del sector en su intento de modificar el convenio colectivo.
En una carta dirigida a los ministros de Trabajo y Desarrollo Social de la Nación, Claudio Moroni y Daniel Arroyo (respectivamente) y al subsecretario de Pesca, Carlos Libertman, la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) expresó su preocupación ante el conflicto desatado entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y las cámaras CAPeCA, CAPIP y CEPA. y las empresas independientes que nuclean la flota de buques pesqueros de Argentina. El documento lleva la firma del dirigente camionero Pablo Moyano, en su condición de Vicepresidente de la ITF.
La misiva repudia “la alarmante postura adoptada por los empresarios del sector de pesca, que intentan aprovechar la desafortunada situación de crisis sanitaria que tantas vidas se está cobrando a nivel mundial, para incrementar sus márgenes de ganancia, disminuyendo los salarios y los valores establecidos en la producción para los buques pesqueros”.
“Advertimos que se está intentando avasallar el convenio colectivo de trabajo, clave en la actividad pesquera y marítima, imponiendo rebajas de un 40% en los precios conveniados”, señalan.
Por otra parte, objetan que pese a encontrarse las empresas en condiciones de hacer zarpar sus flotas atendiendo el inicio de la temporada de pesca de los buques congeladores, las mismas decidieron no salir a navegar.
“Esto no solamente fue interpretado como una extorsión a la organización gremial (los buques no saldrían a pescar, a menos que se accediera a disminuir los puntos acordados en el convenio), sino también como un ‘lock out’ patronal, el cual fue debidamente denunciado por el SOMU pero que sorpresivamente, no fue atendido con la urgencia y severidad que se merece tanto por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social como por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, toda vez que se trata de una actividad esencial y por demás sacrificada y peligrosa”, añadieron.
Por último, ratificaron su “apoyo solidario a la medida de fuerza a la que el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos fue empujado”, a la vez que rechazaron “toda actitud extorsiva que pudiera vulnerar los derechos laborales y sindicales consagrados ante organismos internacionales y nacionales de la República”.
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