El secretario adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, exigió la creación de un impuesto a las grandes fortunas que sea “coparticipable con todas las provincias y municipios del país” y que tenga “carácter permanente”, luego de encabezar una “jornada patriótica con locros y banderazos en favor de esta iniciativa” durante el pasado 25 de mayo.

Aguiar explicó que “ésta es la única manera de garantizar que los recursos lleguen realmente a los sectores que más están sufriendo las consecuencias negativas de la pandemia en los 24 distritos y los más de 2300 municipios del país”, y por ello “el impuesto también tiene que permitir, dentro de sus posibles asignaciones, el pago y aumento de salarios a estatales, como así también el subsidio de pymes y las cooperativas”. La ley de coparticipación actual detalla que la distribución impositiva se divide en 42,34% para el Tesoro Nacional y el 56,66% a las provincias, recibiendo cada una un porcentaje específico, mientras que el 1% restante es destinado al Ministerio del Interior.

"Estamos atravesando tiempos complejos, pero que a su vez nos permiten poner en debate el actual, regresivo e injusto sistema de recaudación impositiva", sostuvo Aguiar y detalló: “La ley que finalmente se apruebe debería establecer una imposición permanente y no extraordinaria por única vez. Si ello no ocurre, servirá para dar una respuesta coyuntural que será insuficiente, pero no contribuirá a solucionar el problema estructural”. Con la actual propuesta del oficialismo se espera recaudar cerca de 3 mil millones de dólares con un impuesto que actuará por única vez, pero está pensada para actuar sólo ante las consecuencias de la pandemia.

El dirigente estatal consideró que “de esta crisis sanitaria, económica y social se sale con políticas, y sería acertado que quienes más aporten al sostenimiento de la Argentina sean los que más riquezas poseen”, por lo que “es necesario recuperar el carácter progresivo del sistema de recaudación estatal". El proyecto que el Frente de Todos presentará al Congreso en los próximos días busca actuar de forma progresiva sobre los patrimonios que superen los 3 millones de dólares (200 millones de pesos). Tan sólo 12 mil personas superan esa cifra en el país.