Para algunos se trata de un hecho digno de ingresar en el libro de los récords Guinness. Para otros, en cambio, constituye un “papelón administrativo” que va a traer consecuencias judiciales y políticas. El protagonista del caso que ha quedado en la mira es Dante Sica. En un lapso de apenas 20 días, el ministro de Producción y Trabajo sacó dos resoluciones marcadamente contradictorias que han agitado las aguas del sector ferroviario.

El 2 de octubre, por medio de la resolución 1074, el funcionario reconoció y habilitó oficialmente la creación de una nueva entidad gremial en el ámbito de los ferrocarriles. Se trata de la Unión de Trabajadores Ferroviarios (UTF), que fue inscripta en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores como una “Asociación Gremial de Primer Grado”. Pero luego, casi sobre el filo de la elección presidencial, Sica suscribió el 22 de octubre pasado la resolución 1105 por cual procedió a “revocar” la norma anterior con un argumento técnico-legal totalmente opuesto al que había dado por válido y aprobado en su primera intervención.

Ante el brusco y llamativo giro de 180 grados que realizó Sica, ahora la UTF –que fue creada básicamente por ferroviarios bonaerenses y de la línea Roca-- se apresta a llevar adelante una ofensiva administrativa y judicial para hacer valer el reconocimiento inicial del Gobierno y continuar con la tarea de captación de afiliados y adherentes.

Ahora bien, ¿qué fue lo que llevó a Sica a darle primero la vía libre a la nueva asociación gremial para después volver sobre sus pasos y resolver lo contrario? Principalmente que, tras verse sorprendidos por la convalidación oficial de la UTF, los cuatro gremios tradicionales del sector ferroviario salieron a desplegar una fuerte presión sobre el titular de la cartera laboral para que dé marcha atrás con ese reconocimiento.

La movida efectuada por los timoneles de la Unión Ferroviaria (UF), Sergio Sasia; La Fraternidad, Omar Maturano; APDFA, Adrián Silva y la Asociación de Señaleros, Enrique Maigua, consistió en una doble amenaza: la realización de un paro de actividades en los días previos a las elecciones y el planteo de una actualización salarial del orden del 40% que podía arrastrar reclamos similares de otros gremios estatales y agravar la crisis económica en medio de la endeblez política de la administración macrista.

A juzgar por los resultados, las cartas jugadas por los gremialistas habrían logrado “convencer” a Sica para que se desdiga de aquello que había resuelto a principios de octubre.

Según la resolución ministerial 1074 –cuyo alcance y validez va camino a quedar en manos de la justicia laboral- la UTF es una “asociación gremial de primer grado” que puede agrupar y representar a:

--Los obreros, empleados y personal jerárquico que mantengan relación de dependencia y prestan servicios en las empresas ferroviarias o ferroportuarias, tanto de carácter público o privado.

--Los que realicen transporte urbano y/o suburbano, de pasajeros y/o de carga, mediante formaciones que transiten sobre una estructura ferroviaria;

--Los obreros y empleados que presten tareas en las administraciones generales de las empresas de pasajeros y cargas.

--Los obreros y empleados de las empresas, tanto de carácter público o privado, dedicadas a la producción y/o reparación de material ferroviario.

--Los obreros y empleados de las empresas, tanto de carácter público o privado, que suministren servicios para la actividad ferroviaria.

En lo que respecta a las zonas de actuación que tiene autorizada la UTF, la norma establece que podrá funcionar en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además de proteger sus espacios y “quintas”, los secretarios generales de los gremios históricos del sector ferroviario coinciden en rechazar el ingreso de nuevos jugadores que pongan en riesgo sus márgenes de acción y opaquen sus figuras en el escenario sindical y político.

Aunque no lo admitan públicamente, los caciques del riel no quieren que la aparición de la nueva entidad sea leída como un cuestionamiento sectorial y mucho menos que la UTF se convierta en un problema y dolor de cabeza interno similar al que afronta el gremio de la UTA con los “metrodelegados”.

Por medio de un comunicado conjunto, que difundieron en la última semana, los popes ferroviarios calificaron a la UTF como un “supuesto sindicato enmascarado que busca engañar a los trabajadores” y que, llegado el caso, no descartan llevar adelante presentaciones legales contra el accionar de los dirigentes de esa entidad.

Del otro lado del ring, el secretario general de la UTF, Ignacio De Belaustegui, replicó en un comunicado interno que “la asociación -que nació ante la falta de respuestas de las cúpulas gremiales del sector- se encuentra plenamente activa y tiene como principal objetivo poder atender los problemas e inquietudes de los trabajadores y seguir bregando por la recuperación del sistema ferroviario”.