Para La Bancaria, se instauró una “dictadura con votos”

Para La Bancaria, se instauró una “dictadura con votos”
El gremio volvió a cargar contra la administración alperovista al denunciar intimidaciones en el seno de la Caja Popular orientadas a impedir la actividad sindical en la entidad crediticia.

Por cada día que pasa se suman los cuestionamientos de la Asociación Bancaria (AB) para con la gestión alperovista como consecuencia de la apropiación por parte del Poder Ejecutivo de los 172 millones de pesos que formaban parte de los fondos de garantía de la Caja Popular de Ahorros y el conflicto que ello suscitó en el clima interno de la propia entidad crediticia estatal.

"Estamos atravesando una situación gravísima de aprietes e intimidaciones en el seno de la AB, que no permitiremos bajo ningún punto de vista que se nos siga amordazando por reclamar lo que es justo", sostuvo el secretario general de La Bancaria en Tucumán, Eduardo Bourlé.

Este contexto está dado en medio de las presentaciones judiciales que llevó a cabo la institución gremial en contra de la ley que facultó al alperovismo a manejar los recursos en cuestión, como así también las quejas por la asunción como interventor del legislador en uso de licencia, Armando Cortalezzi, a lo que se sumó la denuncia por una posible “operación judicial” para encarcelar al dirigente de la AB, Carlos Cisneros.

Alertados por la teórica injerencia del gobierno en lo que refiere al desenvolvimiento orgánico del gremio en la CPA, el dirigente adujo que "el alperovismo pretende coartar la libre actividad sindical y extrema todos los límites en sus intentos violatorios a toda norma o estatuto".

En tal sentido, indicó, al hacer referencia a la denuncia elevada por empleados de la Caja en contra de Cisneros por supuestas amenazas, que "con esta metodología lo que hizo el gobierno es utilizar a compañeros para instalar ante la opinión pública que desde el gremio surgen intimidaciones, lo cual no se lo cree nadie. De ser así, ¿porqué los denunciantes no renunciarion a La Bancaria ya que no se sienten identificados?", se preguntó Bourlé.

Paralelamente, cuestionó el nivel de enfrentamiento al que los expuso el alperovismo por el sólo hecho de hacer públicas sus críticas para con los métodos de gestión que afectaron los intereses de la Caja. "Somos de los pocos que hoy, abiertamente, nos animamos a cuestionar. Esto demuestra que en la Provincia no hay seguridad institucional para manifestarse en el marco de la democracia que está mucho más cerca de ser una dictadura con votos", se quejó Bourlé.

Por su parte, desde la Democracia Cristiana se instó a poner fin "al clima policiaco impuesto a empleados y funcionarios de la institución ni la utilización de la fuerza policial para seguimiento de militantes gremiales", remarcó el legislador José Páez.

A su vez, el parlamentario adujo que "la Caja Popular de Ahorros debe seguir con los objetivos iniciales de su fundación y servir a los tucumanos, y eludir todo intento de privatización, como ocurrió en la década del 90, que se logró salvar esta institución de la nefasta ola privatizadora", indicaron desde la Democracia Cristiana.

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