Un documento de la CFT -que integran entre otros los gremios de bancarios, televisión, docentes privados, farmacia, gráficos y pilotos- propuso “un acuerdo multisectorial para decidir medidas que reactiven el mercado interno y definan un plan de desarrollo”, y perfeccionar “la emergencia social, evitando que se agrave la situación ocupacional prohibiendo los despidos por un año”.

“Es preciso instrumentar medidas de protección del trabajo nacional; suspender las importaciones de productos que puedan hacerse en el país; remover imperfecciones en la formación de precios; rechazar la baja de la legislación laboral; garantizar las paritarias, restituir la federal docente y suspender el proceso de desregulación de la actividad financiera”, aseguró.

Los sindicalistas señalaron que “sin independencia económica no hay justicia social”; subrayaron que el gobierno aplica “un modelo de país dependiente que producirá su quiebra” y explicaron que “la deuda externa bruta supera los 210.000 millones de dólares y es contraída para cubrir déficit fiscal y de la balanza de pagos”.

En ese sentido, afirmaron que casi la mitad de esa deuda del primer trimestre financió unos 7.820 millones de dólares fugados del sistema formal, y que la política monetaria del Banco Central (BCRA), que sostiene altas tasas de interés con la excusa de ‘controlar’ la inflación, favorece “la especulación financiera y la fuga de capitales, alentada por la disponibilidad de divisas”.

El sector gremial indicó que “se agravó la situación de los trabajadores formales, de la economía popular y de las cooperativas por la recesión y los tarifazos, al igual que la pobreza y la indigencia”, y puntualizó que “el gobierno impone topes paritarios y los salarios son utilizados como variable de ajuste y reducidos a la condición de un costo en la empresa”.

También los sindicalistas expresaron que “un tipo de cambio atrasado se combina con caída del consumo, tarifazos y apertura de la economía, provocando el mayor retroceso en la distribución de ingresos de los últimos cuarenta años”, a la vez que dijeron que “la transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía ascendió a 256.000 millones de pesos en 2016”.

Para la CFT, “el gobierno procura atraer inversores extranjeros, quienes solo quieren explotar los recursos primarios, controlar servicios estratégicos rentables o la obra pública”, a la vez que rechazó “la inserción ‘inteligente’ en el mundo, que apunta a someter al país a los tratados de libre comercio diseñados por las corporaciones para encuadrarlo en la división internacional del trabajo, abandonando el no alineamiento y la no injerencia”.