Para ATE, el decreto firmado por Weretilneck es una trampa y un verdadero engaño para miles de estatales

Para ATE, el decreto firmado por Weretilneck es una trampa y un verdadero engaño para miles de estatales

Para la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el Decreto 664/15 emitido por el Poder Ejecutivo Provincial se convierte en una trampa y en un verdadero engaño para miles de estatales. 

Es que el Gobierno busca evadir su obligación legal de blanquear las sumas no remunerativas con retroactividad al mes de abril de 2011 a todos aquellos trabajadores que estén transitando los últimos 10 años previos a la jubilación. Así se manifestó la conducción provincial del sindicato en una conferencia de prensa realizada en la mañana de ayer en el local de ATE.

"Este decreto nos pone frente a un intento de estafa de magnitud y llama la atención la alevosa complicidad de UPCN", cuestionó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro y remarcó: "El decreto no solo viola leyes, sino que hasta contradice el último fallo del Superior Tribunal de Justicia que en el caso Acuña Delmiro se pronunció en favor de la incorporación de sumas no remunerativas al básico y lo hizo con retroactividad al mes de abril del año 2011".

El gremio también llamó a todos los empleados públicos a resistir en sus puestos de trabajo y a no jubilarse, optando por reclamar judicialmente el blanqueo retroactivo de todos los conceptos salariales no remunerativos. "Llamamos a todos los estatales a resistir en sus puestos de trabajo y a no jubilarse. El reclamo judicial es la única vía para que la ANSES, al momento de la jubilación de un trabajador, tenga en cuenta el 100% de los haberes que percibe", concluyó el dirigente gremial.

Para ATE el referido Decreto implica un significativo recorte de derechos que no sólo perjudica a los trabajadores que ya cuentan con la edad y cumplen las condiciones para jubilarse, sino también a más de 9.000 empleados públicos que se encuentran dentro de los 10 años previos a su retiro.

Es que la norma aprueba un régimen voluntario de regularización de aportes y contribuciones a la seguridad social, mediante el cual el Gobierno pretende que cada trabajador celebre un acuerdo individual de pago, reconociendo expresamente una deuda con la provincia en concepto de aportes desde abril de 2011 y que preste conformidad para que dichas sumas sean descontadas de la futura jubilación hasta en 84 cuotas.

También el Gobierno pretende obligar a los empleados a abstenerse de reclamar cualquier compensación a la provincia.

El sindicato realiza varias observaciones. El decreto crea una Comisión Evaluadora, pero no estipula plazos de conformación ni los tiempos en que los trabajadores serán informados sobre la aceptación o el rechazo del acuerdo. 

En segundo lugar, el decreto no aclara si lo que van a descontar al trabajador corresponde solo a las deudas de aportes personales o también a deudas por contribuciones que corresponden al empleador. Es decir no dice claramente si solo la deuda contempla el 11% que corresponde al empleado, o también engloba el 16% que es obligación del Estado. 

En tercer término, para el sindicato el decreto viola leyes nacionales y provinciales. La Ley Nacional 24.241 estipula que el cálculo del haber jubilatorio debe hacerse sobre el promedio de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones actualizadas ?y percibidas durante el periodo de 10 años anteriores a la cesación de servicios. En tanto que la Ley Provincial 4.640 sostiene que todas las sumas no remunerativas deben ser incorporadas al haber básico, durante los 10 años anteriores a la jubilación. En este caso correspondería la regularización a todas las mujeres a partir de los 50 años de edad y a los hombres 55.

El Decreto 664/15 no sólo impide a todos los trabajadores lograr una mejor jubilación, sino también que les está negando el incremento salarial que surgiría del blanqueo previsto en la ley.

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