Para el sindicalismo, se viene un cepo salarial

Para el sindicalismo, se viene un cepo salarial
¿El acuerdo de precios que busca el Gobierno implica un cepo salarial? A ese solapado objetivo apunta el concepto de “previsibilidad” que utilizó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, durante su primer encuentro con los sindicalistas K.
Lo previsible para algunos funcionarios sería, por ejemplo, lograr el compromiso de que los empresarios no aumentarán los precios de 300 productos de la canasta familiar a cambio de que los dirigentes gremiales no reclamen incrementos superiores al 25% para todo 2014.

Varios sindicalistas enrolados en el oficialismo saben que, aunque, en la reunión del viernes pasado, el ministro Carlos Tomada habló de “paritarias libres”, se reforzará el año próximo la estrategia kirchnerista de imponer topes en la negociación salarial, bajo la amenaza de no homologar los convenios. El primer indicio lo dio la propia cartera laboral cuando les sugirió a algunos gremios que no convalidará los bonos navideños.

Pero el gran problema para un acuerdo de contención de precios y salarios es que la Casa Rosada sigue convocando sólo a las centrales obreras kirchneristas: ¿cómo sugerir “techos” en las paritarias si se margina a gremios con capacidad de presión para frustrar ese intento? Capitanich y Axel Kicillof, dieron una señal de pragmatismo: por primera vez, a la nueva instancia de diálogo social fueron invitados dos importantes sindicatos independientes, como la Asociación Bancaria y la Federación de Alimentación.

¿Tendrá un final feliz el flamante ensayo de concertación? El que no lo cree es Sergio Massa, que terminó una visita a España en la que quedó muy impresionado con la experiencia del Consejo Económico y Social y se propone impulsar algo similar en la Argentina. Luego de una reunión de más de dos horas con Marcos Peña, presidente de ese órgano consultivo del gobierno ibérico, el líder del Frente Renovador le pidió al diputado electo José Ignacio de Mendiguren, un viejo abanderado de la concertación social, que pilotee contactos con funcionarios, empresarios y sindicalistas con el fin de consensuar un proyecto de ley para crear un Consejo Económico y Social criollo.

De Mendiguren está convencido de que, como en casi todo el mundo, hay que “crear un nuevo tipo de relación” entre los actores sociales, basado en un “mayor diálogo”, que ayude a fijar políticas de mediano y de largo plazo. “El mejor vínculo tripartito que se logró en el Consejo fue lo que llevó a Toyota a radicarse en España”, ejemplifica el ex presidente de la UIA, que en los últimos años intentó dos veces concretar esa experiencia de concertación, pero siempre fracasó por la lógica confrontativa de los K.

Massa quiere lanzar la propuesta del Consejo durante un acto sindical que se realizará en un predio de Sanidad, en La Plata (y al que mañana le pondrían una nueva fecha luego de dos postergaciones). En ese encuentro massista se lanzará un nuevo llamado a la unidad sindical, algo que también estará presente mañana en el Vaticano, cuando un grupo de gremios industriales enrolados en el kirchnerismo se reúna con el papa Francisco (ver La cúpula de...).

La comitiva será encabezada por Antonio Caló, que había amagado con no viajar luego de sentirse perjudicado en la organización de una jornada de la Pastoral Social porteña que iba a compartir con Hugo Moyano y a la que faltó sin previo aviso.

Al líder de la UOM lo convenció de hacer las valijas su par de Smata, Ricardo Pignanelli, con el argumento, bastante obvio, de que hubiera sido un suicidio político desairar al Santo Padre. De paso, Caló intentaría algún guiño en defensa del modelo sindical, la batalla que hoy más lo desvela tras el fallo de la Corte que diluye el sistema de personería otorgada al gremio más representativo por rama de actividad.

La audiencia papal podría acelerar los contactos entre las tres CGT para proteger el “unicato sindical”, pero, descartada una reforma legislativa, la única salida que les queda a los dirigentes tradicionales es la más difícil: aceptar que se democraticen los sindicatos como una forma de que haya dirigencias más legitimadas y evitar que los gremios con simple inscripción les arrebaten la exclusividad de su representación.

Por si no hay consenso entre los dirigentes, Tomada tendría bajo la manga un decreto que permitiría mayor transparencia sindical, que habría sido inspirado en dos libros del subsecretario de Relaciones Laborales, Alvaro Ruiz. Uno de esos estudios, curiosamente, sirvió de base al proyecto de democratización sindical que está por presentar Facundo Moyano, con aval de su padre y rechazo del resto de sus colegas.

¿Qué modelo sindical quiere Cristina Fernández de Kirchner? En las tres CGT creen que elegiría un proyecto de reforma sindical que presentará en marzo la CTA oficialista. Allí plantean la simetría de derechos entre sindicatos con personería y con inscripción, además de un código electoral que elimina trabas a los opositores y un tope de tres mandatos consecutivos.

Pero lo que empuja Hugo Yasky, que finalmente buscará su reelección el año que viene, causará más polémicas que cualquier reforma sindical: mediante el cruce de datos de diversas reparticiones oficiales, está haciendo un relevamiento de la cantidad de afiliados que tienen los gremios de cada central obrera para saber cuál es la más representativa.

Hoy, esos números se inflan o se desinflan según las necesidades de los sindicatos y ni el Ministerio de Trabajo tiene datos ciertos.

La CTA de Yasky quiere demostrar que está en el segundo lugar de las centrales más numerosas, y por eso su relevamiento puede ser tan peligroso para el viejo modelo sindical como el polémico fallo laboral de la Corte.

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