Cómo les irá en 2017 al gobierno nacional y a las provincias dependerá en gran medida de lo que ocurra en las próximas semanas con las paritarias de los estatales. El resultado de las negociaciones salariales será clave tanto para el desempeño de la economía de los diferentes distritos como para las aspiraciones políticas de los partidos gobernantes en las elecciones de este año.

Hasta ahora el incremento de alrededor del 35% en los sueldos pretendido por los gremios está muy lejos de las cifras que maneja la Nación, que en el presupuesto fijó una inflación anual del 17% y, por ende, se pide que los aumentos salariales, en el sector público y privado, ronden ese porcentaje.

Las posibilidades de negociación del Gobierno de Salta, al igual que en el resto de las provincias, están atadas a la administración central. El jefe de gabinete local, Carlos Parodi, ya advirtió días atrás, como para adelantar lo que será el ofrecimiento oficial, que el crecimiento de la recaudación interanual en enero de la Provincia fue de apenas un 20%. Gran parte de esos ingresos provinieron de fondos federales.

Otra situación que acota aún más el margen de acción del Ejecutivo provincial es la amenaza de la Nación de eliminar el Fondo Compensador Docente, lo que significaría $360 millones menos para los sueldos de los educadores de Salta durante este año. Justamente, con ese sector iniciarán las paritarias de los estatales el jueves próximo en el Centro Cívico Grand Bourg, y es el que marca la pauta de incremento salarial para el resto de los empleados.

En tanto, lo que pedirán los sindicatos no entra en la lógica que pretende el Gobierno. Los representantes de los trabajadores quieren que se compense la pérdida del poder adquisitivo de 2016, que fue entre el 7% y el 10%, y que a eso se sume la inflación prevista para este año, que no superará el 25%, según la estimación de varias consultoras privadas.

Del lado oficial, se pretende hacer borrón (del año pasado) y cuenta nueva.

AJUSTE PARA TRABAJADORES

Para bajar la inflación el Gobierno nacional hasta ahora apela como herramienta principal al control de los salarios. "Los ajustes los están haciendo a través de los salarios, ya que no pueden bajar los gastos públicos, por el contrario, los están aumentado", explicó a El Tribuno el economista salteño Julio Moreno.

Su colega Valeriano Colque planteó también a este diario que los gobiernos, nacional y local, pueden aplicar una cláusula gatillo, que se active una vez que la inflación supere a la estimada por el presupuesto en un 17%.

"Si se pide un 35% de incremento salarial se alimenta la inflación, porque el empresario o el Estado al otorgar ese porcentaje va a tener que subir los precios o impuestos para recuperar las pérdidas, es lo que en economía se llama la ilusión monetaria, es decir, el trabajador gana más pero pierde en el tiempo, porque a su sueldo se lo va comiendo la inflación", aclaró el especialista.

En tanto, Lucas Dapena, doctor en Ciencias Económicas, señaló que la intención de la Nación es "congelar los gastos a nivel de la inflación".

"No es que van a bajar el gasto público, sino que van a subir al ritmo de la inflación", aclaró, y consideró que la Provincia no tomará medidas económicas que vayan por afuera de esa estrategia.