Será la sexta medida de estas características desde la asunción de Mauricio Macri y la quinta si sólo se cuentan las que fueron lanzadas por la principal central obrera, que llegará un mes después de la huelga del 30 de abril pasado, concretada por el bloque sindical opositor que encabeza Hugo Moyano.

La protesta fue resuelta al cabo de una encendida reunión del Consejo Directivo de la CGT con discusiones entre sectores que reclamaban un mayor nivel de confrontación con Cambiemos, como los gremios del transporte público, y otros como los “gordos” de los grandes sindicatos de servicios y los “independientes” de buen diálogo con el oficialismo que intentaban transmitir cautela, tal como había anticipado este diario. Primó, sin embargo, la idea generalizada de que será tal vez la última oportunidad de aplicar un paro nacional antes de la campaña electoral y así resguardar a la central sindical de las críticas de sus rivales internos y externos.

Si bien la huelga era un hecho hasta la semana pasada, el viernes el Ejecutivo intentó frenarla con una resolución que ordenaba distribuir $ 2.100 millones de pesos a las obras sociales sindicales (buena parte a los gremios más grandes que atienden a monotributistas sociales y personal doméstico) y con la promesa de convocar a la CGT para discutir los 10 puntos de gobernabilidad que Macri había lanzado días atrás. De hecho cerca del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, dejaron trascender que no estaban de acuerdo con el paro por entender que no es “oportuno” y destacaron la necesidad de “trabajar en conjunto a través del diálogo”.

El argumento, calcado de la posición histórica de Cambiemos respecto de las protestas gremiales, no caló en la reunión de ayer. La mera apelación al diálogo fue contestada por la queja de varios sindicalistas que recordaron la permanente predisposición de la CGT a acudir a los llamados del Gobierno y la casi nula respuesta a las demandas colectivas. En cuanto a la resolución del viernes, coincidieron en advertir que lo desembolsado es una mínima parte de la deuda total por 32 mil millones de pesos que hace un mes el Ejecutivo se comprometió a saldar a través de un decreto.

El debate ayer en la sede de Azopardo 802 fue animado. Uno de los más enfervorizados fue el ferroviario Omar Maturano (La Fraternidad) que recordó todas las promesas incumplidas hechas por funcionarios al sector del sindicalismo del transporte respecto del peso del impuesto a las Ganancias sobre los salarios de sus afiliados. Los discursos más moderados estuvieron a cargo del cosecretario general de la CGT Héctor Daer (Sanidad) y de su hermano y extitular de la central, Rodolfo (Alimentación), así como del secretario adjunto, el estatal Andrés Rodríguez (UPCN) y del docente Sergio Romero (UDA).

Hasta la semana pasada el consenso mayoritario incluía el 28 de mayo como fecha tentativa para el sexto paro nacional. Ayer, sin embargo, Daer recordó en su intervención que el 29 se cumplirán 50 años del Cordobazo, el levantamiento de origen sindical que golpeó en esa provincia mediterránea la dictadura de Juan Carlos Onganía, por lo que terminó por elegirse ese día. La huelga no incluirá una movilización.

Como había adelantado Ámbito Financiero, en la previa de la reunión de ayer la “mesa chica” de la CGT había mantenido contactos con el sector disidente que orienta Moyano con el objetivo de asegurar que la medida contará con ese espacio, que incluye a los gremios de Camioneros y mecánicos de Smata, los bancarios, la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) y las dos versiones de la CTA. Ayer mismo, al término de su participación en la reunión del PJ, Moyano prometió analizar junto con el Frente Sindical por el Modelo Nacional la iniciativa de la CGT pero admitió que lo más probable será una adhesión.