Paro: UTELPA acusa al Gobierno de “intolerancia”

El secretariado provincial de UTELPa expresó su rechazo al pedido de datos telefónicos de la Policía y las averiguaciones administrativas durante el paro docente. Acusó al Gobierno de "prejuicio" e "intolerancia".
“Consideramos que no corresponde que el ministerio pida a la institución policial el requerimiento de ningún tipo de información sobre la jornada de huelga amparada constitucionalmente, quedando más que claro que este tipo de desempeños no poseen un criterio preventivo que justifique dicho accionar, mereciendo la sociedad toda, las convenientes explicaciones del caso”, afirma.

“Además rechazamos el pedido de informes del Ministerio de Educación, al personal directivo de las instituciones escolares”, dijo. El gremio dijo que hubo una nota en la que se le indicó a los directivosque “deben obligatoriamente enviar la información a este organismo referida a los docentes que en el día de la fecha no concurrieron a desempeñar sus tareas habituales, indicando Apellido y Nombre, Nº de afiliado, código de inasistencia para las 11:00 y 15:00 horas del día 05 de julio de 2013”. El gremio sostiene que “para ello existe la normativa administrativa para los movimientos docentes al finalizar el mes, por lo que ningún trabajador de la educación está obligado a realizar esta tarea al estar legalmente adherido al paro. La acción tal cual se requiere una vez más estaría en contra del derecho constitucional de todos/as los/as trabajadores/as a adherirse a un paro”.

“UTELPA lamenta profundamente estas medidas, que implican un grave perjuicio a la concepción de valores democráticos, y nos preguntamos cuáles han sido las razones para que en esta oportunidad coincidan en gestiones, Ministerio de Educación y de Justicia, y no necesariamente como respuestas a las demandas de trabajo colaborativo interministerial que dé respuesta a las situaciones de conflicto social y sus manifestaciones en el ámbito educativo”, afirma.

“Expresamos que agotaremos todas las instancias legales y políticas necesarias para que se aclare esta situación y se respeten los derechos de los y las trabajadoras de la Educación, en contra de resoluciones tomadas por cualquier organismo de gobierno que resulten persecutorias”, señalan.

“Nos "avergonzamos" de las autoridades que en lugar de convertir un desacuerdo en un acto educativo, han enseñado a la sociedad el prejuicio, la intolerancia, el culto al pensamiento único y el irrespeto, además de la inequidad al intimidar a los docentes, o lo que es peor, colocar esta acción como sancionable”, afirma.

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