La patria sindical prepara su regreso

La patria sindical prepara su regreso

Alberto Fernández construye su poder con el sindicalismo clásico como uno de sus principales aliados; el pedido a Moyano y Daer para garantizar la paz social e impulsar la emergencia alimentaria

Alberto Fernández edifica su poder en base al respaldo de los gobernadores peronistas y del sindicalismo clásico. Tal vez se trate de una arquitectura que sirva en el futuro como contrapeso a La Cámpora y a exfuncionarios kirchneristas que el candidato del Frente de Todos prefiere por ahora evitar.

Con 14 gobernadores selló en tinta un "compromiso federal" que consiste, en caso de ser presidente, en institucionalizar una mesa de trabajo de reunión periódica entre el gabinete nacional y funcionarios provinciales. El holgado triunfo en las PASO consolidó el surgimiento de esta alianza y motivó un ensayo similar con un grupo de intendentes del conurbano bonaerense que en 2017 tomó distancia del ensayo kirchnerista denominado Unidad Ciudadana.

Con los gremios, el pacto no fue escrito, pero sí explícito. Se trata de una suerte de garantía de paz social hasta que su eventual gestión comience a dar los primeros pasos y las urgencias económicas permitan un respiro. Saben que la espiral inflacionaria siempre estimula el conflicto. En ese contexto de volatilidad, empresarios y sindicalistas ya dan como un hecho un acuerdo de precios y salarios por 180 días. Guillermo Nielsen, uno de los asesores económicos de Fernández, advirtió ante inversores locales que será solo "un atajo".

El apretón de manos con los sindicatos avanza por dos carriles. Uno, más corporativo, se dio inicialmente con la cúpula de la CGT, que explora una unidad gremial amplia e inédita para 2020. Fernández encontró en Héctor Daer a su interlocutor ideal. Se conocen desde hace años, se tienen confianza y para el candidato, el gremialista es uno de los dirigentes más cerebrales del movimiento obrero. Daer es, además, la antítesis a Hugo Moyano, la otra viga gremial que sostiene el pacto con los representantes de los trabajadores.

Fernández escenificó hace ocho días su acuerdo con Hugo y Pablo Moyano en un encuentro reservado en la casa del jefe camionero, en Barracas. Fue antes de irse a España. La imagen posada de los tres con una camiseta de Independiente alimentó versiones sobre política y fútbol, otro rubro en el que florecen intereses. Moyano no suele usar su casa como búnker político, pero en su entorno creen que la excepción valió la pena: "Tuvimos en casa al próximo presidente".

Los Moyano, que a fin del mes en curso irán por su octava reelección al frente del sindicato de los camioneros, expusieron sobre el impacto de la crisis económica en su sector. Caminaron con pies de plomo al calificar la gestión de Guillermo Dietrich en el Ministerio de Transporte. Fue muy duro también con el funcionario macrista el ferroviario Omar Maturano. Las críticas a Dietrich insinúan un particular interés gremial en ubicar a alguien propio en el área, como sucedió con Néstor Kirchner en 2004, cuando ramificó la Secretaría de Transporte, por entonces a cargo de Ricardo Jaime, en áreas específicas que fueron ocupadas por gremialistas.

Ahora, gira otra vez con cierto consenso entre los gremios del transporte el nombre de Guillermo López del Punta. Se trata de un abogado al que Moyano conoce desde 2000, cuando era un funcionario de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Dos años más tarde, y con la venia del jefe camionero, López del Punta fue llamado por Eduardo Duhalde para ser secretario de Transporte. Su nombre está de vuelta en la mesa.

Cerca de los Moyano aseguran que no se conversó sobre cargos ni nombres. Ni en Transporte ni el Ministerio de Trabajo, otra área de interés en donde también pretende tallar Víctor Santa María, otro de los gremialistas de extrema confianza de Fernández. Difícil de creer, pero tampoco se habría tocado en la charla la Superintendencia de Servicios de la Salud, el organismo que administra los fondos de las obras sociales, la caja que más inquieta a los sindicalistas.

Fernández no desconoció en sus encuentros con los dirigentes que la actualización de los convenios colectivos o la posibilidad de modificar la legislación serán de manera inevitable parte de la agenda una vez estabilizada la situación económica. Ante los Moyano, Fernández habría contado detalles de lo que fue su reunión con el empresario Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre y adalid de la reforma laboral. Les garantizó que no habrá reglas generales de flexibilización y que no se perderían derechos laborales.

Para Fernández, de todos modos, esas temáticas por ahora son lejanas. Daer y Moyano, por separado, trabajan en silencio para neutralizar cualquier foco de protesta que avive la tensión social e insisten en la necesidad de que Macri finalice su mandato. Se comprometieron ante Fernández a cuidar la gobernabilidad y tomar distancia del incómodo estigma desestabilizador que los acecha por las salidas anticipadas de los presidentes no peronistas.

El miércoles a la noche, mientras los piqueteros instalaban un acampe en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social, Daer emergió como posible mediador entre los movimientos sociales y el Gobierno. Le envió una carta con membrete de la CGT al Presidente solicitándole que decrete la emergencia alimentaria. También conversó sobre el tema con Dante Sica. Daer cree que al Gobierno no le queda más remedio que ampliar las partidas alimentarias a los comedores. Los movimientos sociales pretenden sentar a uno de los suyos en la negociación que se abrió con los gremios.

La necesidad de pacificar la calle es una prioridad para el Gobierno, aunque la última intervención de Miguel Ángel Pichetto echó más leña al fuego. "Ellos no laburan, son parte del endeudamiento", dijo el candidato a vicepresidente sobre los piqueteros.

Organizados como nunca, los movimientos sociales son hoy un factor de poder tan gravitante como el sindicalismo que anida bajo las siglas de la CGT. Una fugaz alianza entre ambos sectores les sirvió en 2016 para empujar en el Congreso la sanción de la ley de emergencia social, que dio origen al salario social complementario, un auxilio adicional para trabajadores informales.

La crisis actual, ahora con la bandera de la emergencia alimentaria, reavivó aquella alianza, que se había desvanecido por el alejamiento de Juan Carlos Schmid de la conducción cegetista. Es probable que la semana que viene, el Gobierno anuncie una ampliación de las partidas alimentarias. Sería el primer paso antes de dar luz verde para habilitar la reapertura de las paritarias o la concesión de un bono no remunerativo para compensar la devaluación.

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