La pelea por el IOMA: interna gremial, denuncias de corrupción y pedidos de intervención en la obra social bonaerense

La pelea por el IOMA: interna gremial, denuncias de corrupción y pedidos de intervención en la obra social bonaerense

El organismo maneja unos 15 mil millones de pesos, pero tiene una deuda millonaria con sus prestadoras, lo que deriva en corte de servicios. Hay al menos 17 denuncias por venta ilegal de medicamentos y prestaciones que se cobraban pero no se hacían. Las nuevas autoridades prometieron transparentar la estructura, pero sigue manejada por la vieja dirigencia. “Pasamos de Cambiemos a transemos”, dicen desde el gremio del IOMA.

Con un presupuesto cercano a los 15 mil millones de pesos, el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) maneja una de las “cajas” más importantes de la provincia de Buenos Aires. En los ocho años de sciolismo, los fondos destinados a la obra social estatal se multiplicaron por siete, pero pese a este impresionante flujo de recursos, en la actualidad las prestaciones para los más de 2 millones de afiliados son precarias y muy cuestionadas. Las nuevas autoridades afirman que se encontraron con un “agujero negro” de recursos, que en muchos casos fueron a parar a la política o la corrupción. “El IOMA fue la ‘rosadita’ de Daniel Scioli”, graficó un diputado massista, que aseguró que la deuda que mantiene el organismo con prestadores asciende a los 2.600 millones de pesos.

En el IOMA se atienden docentes, policías, estatales (tanto provinciales como municipales) y todos los agentes públicos. Cuando se realizó la desregulación de la seguridad social a principios de la década del 2000, la entidad mantuvo cautiva a sus afiliados, es decir, a diferencia de otras obras sociales no se puede optar por otra atención. Esto garantizó por un lado el flujo de recursos, además de evitar fugas masivas.

En los últimos años, varias denuncias alertaron sobre el manejo irregular del IOMA, e incluso en 2014 hubo 10 personas detenidas, entre ellas funcionarios y auditores, acusados de facturar prestaciones que no se realizaban. Esto despertó una fuerte disputa entre gremios, que tienen representación en el directorio del organismo, por la complicidad con estas irregularidades. El cambio de gobierno puso el manejo de la obra social en la mira, y pese a las promesas de saneamiento, todavía no hay resultados concretos. “Pasamos de Cambiemos a tranzamos”, ironizan cerca de la entidad.

Pelea interna

A los pocos días de asumir, la gobernadora María Eugenia Vidal nombró a Sergio Cassinotti como titular del IOMA, en reemplazo de Antonio La Scaleia. Además, Carlos D’Abate asumió como vicepresidente. El directorio lo completan el concejal de Escobar Sebastián Neuspiller (nombrado por el ejecutivo) y los representantes de los gremios: Gustavo Seva (municipales, cercano al intendente Gustavo Posse), Patricia Nisembaum (de SUTEBA) y Luis Pérez (UPCN). Además, hay un vocal por parte de la Policía Bonaerense.

Cassinotti tiene experiencia en el sector salud, en varias instituciones privadas, pero lo acercaron a su cargo dos antecedentes: haber dirigido la obra social de UPCN y ser el gerente de la Cámara Argentina de Droguerías y Distribuidoras Especializadas (CADDE). Ese dato alertó a quienes vienen denunciando manejos irregulares en el IOMA, en especial en los medicamentos. “Pusieron a alguien de la industria farmacéutica, para garantizar el flujo de tratamientos como hasta ahora”, afirman en el sector. Si bien desde la obra social se apuraron a afirman que ninguna de las empresas que forman la CADDE es proveedora del IOMA, las sospechas se dispararon. “Es como poner al zorro a cuidar el gallinero”, grafico una fuente del sector a Política del Sur.

Con promesas de transparentar el manejo de los millonarios fondos, la nueva conducción comenzó a trabajar en la nueva estructura, que consta de 14 delegaciones en toda la provincia. Ahí, juega un rol fundamental UPCN, el gremio que le permitió a Vidal cerrar la paritaria estatal (hasta que la justicia la obligó a reabrirla). “Los nuevos titulares de las regionales los pone directamente ese gremio”, agregó la misma fuente en estricto off. En esto juega un rol fundamental Pérez, representante sindical del directorio, que además compartió con Cassinotti funciones en CADDE (figura como revisor de cuentas).

Pese a los cambios de nombre, los sectores más críticos al funcionamiento de la obra social alertan por el actual estado de situación. “El cambio que pensábamos para estos 100 días de nuevo gobierno no se ha dado, hay nuevos funcionarios pero la estructura básicamente corrupta del IOMA no se ha modificado, sigue estando la misma gente”, denunció Idelmar Seillant, titular del Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos del Instituto de Obra Médico Asistencial (SUPTTIOMA). En diálogo con Política del Sur el dirigente confirmó el manejo sindical de los nombramientos: “gran parte de la estructura del IOMA está manejada por UPCN, son los que disponen de los cargos en toda la Provincia. Nosotros creemos que mientras exista esto no habrá transparencia y seguirá la misma situación”.

El  SUPTTIOMA viene impulsando gran parte de las denuncias judiciales, entre ellas las que en 2013 terminaron con 10 detenidos por manejo irregular de medicamentos (ver recuadro). “Pedimos que haya transparencia, que haya auditorías de corte para que podamos evaluar en qué condiciones quedó el IOMA, pero vemos que no hay voluntad. De cambiemos estamos pasando a transemos, y eso nos molesta, porque el gremio vienen hace años trabajando para defender al IOMA y darle más calidad al afiliado y mejores recursos para los trabajadores”, sostuvo Seillant.

Este sector, que viene pidiendo que renuncien los vocales sindicales, se reunió con Cassinotti para plantearle sus dudas, y pese a sus promesas de “grandes cambios”, el resultado es escéptico. “Desconfiamos que vaya a haber grandes cambios si dejaste en la estructura el recurso humano que participó de la corrupción anterior”, dijo Seillant.

Prestaciones en la mira

Una de las primeras medidas de las nuevas autoridades del IOMA fue poner en revisión todos los contratos con sus prestadores, desde los colegios médicos a las farmacias. El objetivo, afirmaron en su momento, fue no sólo buscar irregularidades, sino también optimizar la atención. Es que las prestaciones de la obra social fueron foco de críticas durante la gestión anterior, y movilizaron a los gremios estatales. Para esto, se analizarán por 90 días (comenzando en febrero de este año) todos los contratos, para redactar nuevos vínculos, que ayuden a mejorar las prestaciones. Los primeros resultados de esta revisión hicieron que se rescindan vínculos, con algunos círculos profesionales del interior del país.

En la actualidad, el convenio de cobertura de medicamentos oncológicos es el de mayor impacto económico, y fue fuente de manejos irregulares. Por eso las autoridades buscan generar nuevas condiciones con laboratorios, droguerías y farmacias para reducir el valor que se paga por los tratamientos. “Se esperan algunos ajustes”, admiten fuentes del sector farmacéutico, que se mantiene a la expectativa de la confección del nuevo contrato de prestaciones. El temor es que se obligue a los integrantes de la cadena de comercialización a bonificar un porcentaje mayor del valor de los medicamentos, lo que generaría un fuerte impacto en la rentabilidad. En la actualidad, los fármacos ambulatorios tienen un descuento del 70 por ciento. Ese porcentaje no lo paga todo el IOMA, sino que una parte lo pagan los laboratorios, y otros las farmacias (promedio un 12 por ciento). Si esa bonificación se aumenta, como se rumorea, la venta minorista se resentiría, en especial en zonas como La Plata, donde hay farmacias “iomadependientes”.

“Van a ‘pamificar’ la obra social, buscando bajar el gasto en medicamentos”, le confirmó a Política del Sur una fuente del sector farmacéutico. “Alguien va a poner ese porcentaje que no pone el IOMA, un poco lo hará el afiliado, un poco la farmacia”, agregó la misma fuente. En la actualidad, la receta promedio del IOMA en la Provincia es de 400 pesos, y el pago promedio alcanza los 60 días. Si bien no es lo ideal, los farmacéuticos lo ponderan, comparado con lo que sucede con PAMI y los sistemáticos atrasos que se generaron hasta hoy.

Más allá de esta situación, en estos poco más de 100 días de nueva gestión la atención no varió demasiado. “En lo prestacional todavía no hay grandes cambios, le pedimos al titular del IOMA que se vuelvan a hacer todos los convenios y que se concursen los cargos, para hacer transparente toda prestación que el afiliado se va a hacer”, remarcó Seillant, titular del SUPTTIOMA. El gremio quiere que se pueda leer en algún lugar “quién realiza las prestaciones, cuánto cuestan, queremos que se haga un trabajo que no se hizo hasta ahora”.

Además, el dirigente se quejó de que sean los propios prestadores los que realicen las reformas al convenio: “el IOMA tienen los afiliados y el recurso económico, debería ser la institución la que plantee qué quiere de los convenios, no las prestadoras. Por un lado esta bueno la revisión, pero por otro hay que auditar muy bien lo que se va a hacer. Esperemos cuando se cumplan los 90 días a ver qué convenios se firman”.

Por las deficiencias en la atención, en muchas localidades es difícil encontrar médicos, farmacias o laboratorios que realicen prestaciones a los afiliados del IOMA, que muchas veces deben pagar por adelantado por el corte de los descuentos. Esto generó diversas quejas, en especial de policías y maestros, mayoría en el padrón general.  Ante esto, la semana pasada el gremio SUTEBA presentó una serie de demanda ante los nuevos directores regionales del IOMA, que buscan el fortalecimiento del primer nivel de atención sin cobros indebidos, acceso a centros de internación de excelencia, guardias para todas las edades y especialidades, entre otras demandas. Según explicó Vilma Alvarado, secretaria de Salud del SUTEBA, “hoy el instituto se encuentra con parte de sus regiones conducidas por directores de la anterior gestión, debilitados en su actuación, y otras en las que se ha nombrado nueva dirección. SUTEBA, junto a la CTA de los Trabajadores, comenzó a reunirse con cada uno de estos para plantearles una agenda de demandas que no pueden esperar”.

Pedido de intervención

Ante esta situación de “doble comando”, entre la vieja estructura que se resiste a abandonar la obra social, y las nuevas autoridades, el organismo parece paralizado. Por eso, sectores de la oposición comenzaron a pensar en una medida drástica: la intervención del organismo. El proyecto lo presentó el diputado del Frente Renovador Pablo Garate, y es una continuidad de la iniciativa que había realizado en la cámara baja en su momento el ex lilito Walter Martello, ahora aliado a Sergio Massa.

Uno de los objetivos de la intervención es evitar que se pierdan documentaciones valiosas, que podrían demostrar los manejos irregulares de la obra social. Es que en el descontrol generalizado, se estaría destruyendo material de la anterior administración. Además, en el massismo le apuntan a la complicidad de los representantes de los gremios respecto del desmanejo y la corrupción. “Para que haya detenciones tiene que haber plena prueba de que algunos de los delitos se cometieron, sobre todo a los vinculados a la falsedad de las historias clínicas y la compra de medicamentos oncológicos para personas que no lo necesitaba”, explicó Martello, que recordó que “se había construido todo un sistema en donde el director era cómplice”.

Para el ex diputado, “ha quedado una línea burocrática que no se ha removido y que la única forma de hacerlo, para encontrar una salida, es interviniendo el organismo”.

Para el gremio del IOMA, la medida “es un tecnicismo”, pero es válida. “La ley que rige el IOMA le da esa potestad a la gobernadora, lo bueno que tendría es que se pondrían mecanismos en práctica que harían visible la corrupción, para que a partir de esta intervención se puedan hacer sensible lo que venimos denunciando”, destacó Seillant.

En este sentido, el dirigente se mostró “a favor de la intervención”,  si es que “todo va a seguir igual”. “Preferimos que se de ese paso, nosotros pedimos auditorías de gestión, contables y de terreno, que el sciolismo sacó para poder usar los fondos, porque si no existe esto no existe gestión pública. Si no hacen esto, estamos en peores condiciones”, concluyó Seillant.

Los casos de corrupción que investiga la justicia

En la noche del 22 de marzo, efectivos de la Policía Federal realizaron unos 10 allanamientos en la localidad bonaerense de Junín, en el marco de una causa a cargo de la UFIJ 1 local, que investiga manejos irregulares dentro del IOMA. La medida incluyó la detención del titular de la regional de la obra social, Eugenio Pirani, quien fue hasta 2009 secretario general de la seccional Junín de UPCN. Además, fueron detenidos médicos auditores, empleados del organismo y otros funcionarios, en una causa que investiga “negociaciones incompatibles con la función pública”, y que se inició en una denuncia del Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos del Instituto de Obra Médico Asistencial (SUPTTIOMA).

Estas fueron las últimas novedades judiciales respecto al IOMA, que viene desde hace al menos tres años alimentando las páginas policiales, con varias causas que muestran el grado de corrupción que existe puertas adentro, y que se le reclama al gobierno entrante que desmonte.

El SUPTTIOMA presentó en el último tiempo 17 denuncias por diversos delitos en la fiscalía de Delitos Complejos de La Plata. Además, se según le adelantó a Política del Sur el titular del gremio Idelmar Seillant, ya tienen listas “10 nuevas denuncias por estafas reiteradas y enriquecimiento ilícito de distintos directivos. Casi todos los directivos de las 14 regiones están involucrados en las denuncias”.

Las primeras vinculaban la supuesta entrega de medicamentos oncológicos que nunca fueron a manos de los afiliados (y eran revendidos en farmacias privadas), y que terminaron con 10 detenidos en 2013, incluyendo un funcionario del IOMA. Las últimas, que llegaron a la Justicia a fines de ese año, y están relacionadas con el servicio de internación domiciliaria. En los expedientes figuran servicios por esta prestación (para pacientes que deben afrontar una rehabilitación en su hogar luego de algún accidente o enfermedad grave) que los propios afiliados negaron recibir.

Fuentes judiciales explicaron que la metodología utilizada era la siguiente: se usaron empresas tercerizadas, muchas de ellas “fantasmas”, que facturaban servicios por grandes sumas (entre 50 mil y 70 mil pesos), y cobraban al IOMA, sin que el afiliado sea notificado. “Esta asociación se repite con otras internaciones domiciliarias, pagando elevados montos que son facturados sin asistir ni brindar las prestaciones”, dice una de las denuncias presentadas por el SUPTTIOMA.

En estos casos los familiares de las personas involucradas denunciaron ante el IOMA la situación, cuando descubrían el ilícito. Sin embargo, como figura en una de las denuncias presentadas por el gremio en la Fiscalía, “el IOMA siguió liquidando el pago correspondiente por cada mes a la empresa”.

En octubre del 2013, el escándalo en el IOMA saltó a las primeras planas de los diarios. Por orden de un juez platense, fueron detenidas 10 personas, entre ellas Marcelo Piergiácomi —subdirector del área Farmacia y Bioquímica de la obra social provincial— y otras 9 personas. Los fiscales de Delitos Complejos Jorge Paolini y Esteban Lombardo los acusaron de falsificar historias clínicas, para poder hacer figurar la cobertura de medicamentos que luego eran vendidos en un circuito ilegal o en farmacias privadas. “La justicia está haciendo un buen trabajo, es un aliciente, cierta parte de lo que venimos pregonando se está haciendo”, concluyó Seillant.

Coment� la nota