La demora en la aplicación de las nuevas tarifas de luz y gas comenzó a afectar la prestación de ambos servicios públicos, según entiende el Gobierno, que pidió la intervención del Ministerio de Trabajo para que contenga los reclamos de algunos sindicatos y espera cada vez con más impaciencia una definición de la Justicia que convalide mayores ingresos para las empresas del sector.

La alarma se encendió a fines de la semana pasada y cobró mayor fuerza en las últimas horas, cuando la tormenta dejó sin luz a miles de usuarios y puso en evidencia los problemas del sector.

El Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, descuenta que en muchos casos la demora en la restitución del servicio se debe a la escasa colaboración de los trabajadores de Luz y Fuerza, que según las empresas se resisten a cumplir horas extras.

En paralelo, las compañías comenzaron a avisar que no están en condiciones económicas de prestar el servicio que se les reclama. Es un pensamiento que comparten en el Gobierno.

"¿Tienen miedo de no poder cobrar los salarios por la situación de las empresas?", preguntó LA NACION a Rafael Mancuso, secretario general del sindicato de Luz y Fuerza. "Por supuesto que tenemos miedo. Hasta ahora no teníamos problemas, pero en este momento las empresas aducen que si el Estado no les da plata, en dos meses van a tener dificultades para cubrir los salarios", protestó.

El sindicalista advirtió: "Escriba esto, por favor. Si el 31 de julio echan como dicen a 200 trabajadores, se para Edesur".

De todas maneras, Mancuso no negó la realidad de las compañías.

"¿Así que si no facturan ni reciben ayuda no vamos a cobrar? Que pongan la plata los accionistas", reclamó el sindicalista.

Anteanoche hubo 91.636 hogares de la Capital Federal y el conurbano bonaerense sin luz, según los números que difundió el ENRE, el ente que regula al sector. Ayer, casi 30.000 hogares seguían sin suministro en la zona de Edesur. En la concesión de Edenor los afectados rondaban los 6000. Y anoche continuaban las protestas en varios barrios porteños.

El Gobierno sostiene que implementó este año un nuevo esquema de tarifas para reducir los aportes del Estado al sector y para que las empresas sean sustentables. Esa iniciativa espera definiciones de la Justicia.

En paralelo, la cartera que dirige Aranguren le pidió a su par de Trabajo, que maneja Jorge Triaca, que interceda frente al gremio para cambiar esas conductas. Hasta ahora nada hace pensar que eso vaya a ocurrir.

Más que la cantidad de interrupciones, a Energía le preocupa la duración de los cortes. Es comprensible: se trata de un indicador que no sólo habla de la calidad del servicio, sino también del humor de los vecinos. Le atribuyen parte de las demoras a la mala relación de los trabajadores con las empresas.

Ayer, el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas (Sitgas) difundió un comunicado en el que expresa su temor a que Camuzzi, la distribuidora de las zonas del centro y del sur del país, no cuente con los fondos necesarios para pagar salarios, debido a que no puede facturar con los nuevos cuadros tarifarios, también frenados en la Justicia.

La empresa descartó ese temor. La semana pasada, la gerencia les informó a sus empleados que pagará los salarios el jueves próximo. La sospecha del sindicato, sin embargo, tiene argumentos. Por falta de fondos, la gasífera restringió los pagos a los proveedores no esenciales. Eso incluye desde las obligaciones con la imprenta, el catering y máquinas hasta servicios cotidianos en las oficinas, cuya cadena de pagos se extendió hasta los 60 ó 65 días.

La boleta más grande que dejó de pagar Camuzzi, sin embargo, tiene que ver con la provisión de gas, su insumo fundamental. Por la catarata de amparos y la indefinición de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, que suspendió los aumentos de tarifas y aún no se expidió sobre el recurso extraordinario que presentó el Gobierno para continuar su camino a la Corte, la empresa dio marcha atrás hace varias semanas con los cobros. Y hasta volvió a facturar con los precios de principios de año.

Metrogas y Gas Natural Fenosa también extendieron la cadena de pagos con las petroleras.

Entre las eléctricas, Edenor fue la más clara. La semana pasada informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que si se extiende la falta de definición sobre la suba de tarifas se enfrentará a una "insuficiencia de fondos disponibles [que] pondría en riesgo las operaciones de la empresa, que deberá incurrir nuevamente en atrasos en el pago de la energía que adquiere en el MEM [Mercado Eléctrico Mayorista], la paralización de las inversiones y el recorte de otros gastos operativos, de los cuales los salarios representan un 80%".

El último punto no le pasó por alto al sindicato, que ya había iniciado con dureza las negociaciones salariales de este año. Tanto Edenor como Edesur reclaman más "flexibilidad" en sus tareas para facilitar la reparación de incidentes.

Las empresas, además, intentan atar la renegociación salarial con una cláusula relacionada con la productividad. La discusión no prosperó y hace dos semanas los sindicatos de Luz y Fuerza y la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (Apsee) iniciaron un paro que afectó a las distribuidoras, a varias generadoras y demoró reparaciones. Sólo la intervención del Ministerio de Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria, dispuso una tregua parcial, que vencerá en los próximos días.