Aunque no quiera ponerla en discusión todavía, la reforma laboral será el principal bastión de Cambiemos en caso de que el presidente Mauricio Macri sea reelecto en las próximas elecciones. Los especialistas alertan por el corte neoliberal de los cambios a implementar a pedido del FMI, que puso a este ítem como una cuestión inclaudicable para continuar el apoyo político y financiero que sostiene al endeble modelo económico del macrismo.

La situación laboral en Argentina es alarmante, pero el Gobierno ha insistido en la necesidad de cambiar las reglas del juego bajo la premisa de bajar los costos laborales. Esta última variable representa el ancla que impide el crecimiento sostenido de la economía, según el núcleo duro de Cambiemos.

Con 1.967.000 desocupados y 7.691.000 con problemas de empleo, el dato para el primer trimestre reflejó que Argentina tiene una tasa de desempleo de 10,1%, algo que no pasaba desde 2006. El número significó un punto más que el 9,2% del mismo período de 2018; y un punto exacto contra el último trimestre de 2018 (9,1%).

Del mismo modo, las estadísticas oficiales marcaron que desde 2016 se crearon sólo 300 puestos registrados privados. Según lo proyectado por el FMI, la tasa de desempleo sería del 10% al menos hasta 2021 y hasta 2024 no bajaría de 9%. Incluso creciendo al 3% durante ese período no se podría bajar la desocupación a más de un punto porcentual.

A contramano de las contundentes cifras, hace algunas semanas, el ministro de Producción, Dante Sica, consideró que la reforma es necesaria para que Argentina pueda finalmente “generar empleo e inversión”. En este sentido, analizó que “la transformación está cambiando todas las actividades productivas”, y llamó a “no temer, sino aprovechar la oportunidad". Y sumó: "Nuestro deber es impulsar la transición justa con consensos y políticas activas”.

Los dos pilares de este paquete serían "la modernización de la legislación laboral" y la "apertura comercial", con los cuales la economía lograría un gran impulso en 2020. Sin embargo, desde el macrismo reconocen que no todo podrá aprobarse vía DNU.

El blanqueo laboral, la reducción de las indemnizaciones a cambio de un seguro de desempleo y la modificación del sistema de obras sociales deberán pasar por el Congreso. El precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, fue pensado justamente como la hipotética llave para destrabar los conflictos legislativos.

Los riesgos de la reforma

Contrario a lo que se dice desde el oficialismo, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) advirtió que las cargas impositivas sobre el salario son 10 puntos porcentuales más altas en Alemania y Francia que en Argentina. Particularmente, las inversiones en ambas naciones son ampliamente superiores a nuestro país.

Hasta el mismo FMI afirmó que con el panorama actual, las inversiones se mantendrán en menos de 15% del PBI hasta 2024. La cifra mantendría a Argentina en el actual puesto mundial 152° en el rango inversión/PBI, apenas por encima de Malawi, Somalía y Guatemala.

El informe de la casa de estudios elaboró un ránking de países donde los impuestos sobre el trabajo son los más altos, y se observa que Bélgica es el primero con 52,7%, lo siguen Alemania con 49,5%; Italia con 47,9%; y Francia y Austria con 47,6%

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Además, el documento remarcó que de 13 países que realizaron políticas de flexibilización laboral en el mundo, 11 vieron una reducción de su empleo del orden del 2% a lo largo de cinco años.

En ese sentido, ante el pedido del sector empresario afín a Cambiemos para despedir con mayor facilidad, el informe demostró que Argentina se ubica 14 en el ránking de cantidad de semanas de indemnización por despido sobre años de antigüedad, y comparte cifra con Australia.

Peligros para el empleo

En diálogo con El Destape, el diputado nacional Daniel Arroyo recalcó que “si hay que hacer cambios en la legislación no será en los términos que quiere el Gobierno, recortando los derechos de los trabajadores, sino ampliándolos”. En ese sentido, agregó: “Por supuesto que las nuevas tecnologías del siglo 21 han irrumpido en el trabajo y han generado nuevas modalidades que hay que contemplar, como la economía popular”.

Por su parte,  Diego Scheleser, Coordinador del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín, aseguró que “las reformas de este tipo cumplen lo previsto en cuanto a la flexibilización: bajar el standard laboral, la calidad de vida de los trabajadores, los salarios, la pérdida derechos de defensa individual y colectiva de sus intereses”.

Además, el especialista destacó que el impacto sobre la distribución del ingreso es muy negativa, a la par de la mejora la rentabilidad de las empresas. Sin embargo, esas ganancias no se traducen en la atracción de inversiones productivas y “expandir el empleo de calidad”.  

Por último, Schleser señaló que las reformas deben proteger y mejorar los derechos laborales. “Se deberían actualizar los convenios colectivos, las categorías profesionales, incorporar la formación profesional, generar acuerdos de precios y salarios;  y prevenir en actividades donde el riesgo es tomado como un factor secundario”, afirmó.